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opinión y análisis

El secesionismo catalán ha salvado el relato pero sigue en un callejón sin salida

El pacto alcanzado para formar un gobierno independentista en Cataluña es sólo un triunfo del relato secesionista pero no resuelve el galimatías del proceso unilateral que defiende este nuevo ejecutivo para alcanzar la independencia.
El ahora ex presidente Artur Mas estrecha la mano al presidente entrante, Carles Puigdemont. Imagen por Alberto Estévez/EPA
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Un acuerdo en el último momento entre la anticapitalista Candidatura d'Unitat Popular (CUP) y el artefacto electoral de Junts pel Sí (JxSí) evitó unas nuevas elecciones que, por imperativo legal, debían convocarse en Cataluña tras el pleno del pasado domingo 10 de enero, si no había pacto postelectoral.

Finalmente, el alcalde por la conservadora Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de la localidad catalana de Girona, Carles Puigdemont, ocupará el cargo presidencial después de que el hasta ahora presidente y compañero de partido de Puigdemont, Artur Mas, diera un paso atrás. Una retirada que permitió cerrar el pacto entre las dos fuerzas políticas pues, para la CUP, la presidencia de Mas era un escollo insalvable y la condición irrenunciable para dar apoyo a un gobierno independentista.

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Pero tras la investidura del nuevo presidente y el acuerdo alcanzado para la formación de un gobierno estable, la pregunta es si el nuevo ejecutivo secesionista podrá tirar adelante el proceso independentista que prevé que, durante los próximos 18 meses, esta Comunidad Autónoma prepare la llamada "desconexión" con España.

Ningún partido de ámbito estatal apoya la desconexión, que se traduciría en la desobediencia a la legalidad española y el cumplimiento de una nueva legalidad catalana que, por fuerza, vulneraría la Constitución española.

De hecho, sólo Podemos ofrece una salida que puede contentar a los independentistas en este difícil escenario: un referendo pactado.

Pero el contexto español resulta aún más enrevesado. El pacto de JxSí y la CUP llega tras los difíciles resultados electorales de las elecciones generales españolas, que han dejado una aritmética de pactos imposibles y han obligado a alargar el liderazgo del Partido Popular (PP) al frente de un gobierno en funciones.

La gobernabilidad está supeditada a un acuerdo entre los dos partidos constitucionalistas que tradicionalmente se han alternado en el poder, el conservador PP, hasta ahora el partido que gobernaba en mayoría absoluta, y el socialdemócrata Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Si esta alianza entre ambos no prosperara, tanto el PSOE como el PP necesitarían el apoyo de los partidos secesionistas o pro referéndum. Como adelantábamos, esta última opción es la que defiende la emergente formación Podemos.

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Pero tampoco el supuesto del entente progresista entre Podemos y los socialistas parece tener demasiado recorrido a juzgar por las declaraciones de Antonio Hernando, el portavoz del PSOE en el Congreso, quien reiteró el compromiso de los socialdemócratas con la unidad de España tras el acuerdo entre JxSí y la CUP.

Esto reduce las opciones a un acuerdo entre PP, PSOE y los liberales de Ciudadanos (C's), la formación política que se ha ofrecido a ejercer de bisagra entre las fuerzas conservadores y progresistas del llamado bloque constitucionalista. Una predicción ampliamente compartida por expertos y politólogos y que dejaría fuera a las fuerzas catalanas y a las que apoyan el derecho a decidir en Cataluña.

"Tienes cuatro años de un gobierno [español] y cuatro años de otro [catalán] en el que es imposible que se entiendan en nada, porque el 75 por ciento [del electorado español] por un lado y el 48 por ciento más 15 [del catalán] por el otro no lo aceptarán", comenta a VICE News el politólogo del Círculo Gerrymandering Carles Foguet.

El experto se refiere respectivamente al porcentaje de apoyo con el que cuenta el mencionado tripartito [PSOE, PP y Ciudadanos] en España tras las elecciones generales, y a la suma de los independentistas JxSí y la CUP con los 11 diputados de Catalunya Sí que es Pot [en cuya coalición está Podemos] que salió de las urnas catalanas.

"Esta situación de bloqueo, el choque de trenes [entre España y Cataluña] que hace años que se anuncia, es probable que esté apunto de llegar", añade Foguet.

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JxSí es un artefacto electoral impulsado por CDC y la socialdemócrata Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), junto a otras formaciones y colectivos. Esta amplia coalición se creó para convertir las pasadas elecciones autonómicas en un referéndum de facto.

A pesar de la euforia inicial, el apoyo a una declaración unilateral de independencia contó con el voto de 1,95 millones de personas (48 por ciento) en las elecciones del pasado 27 de septiembre (JxSí y la CUP) frente a los otros cuatro grupos restantes, que obtuvieron 1,97 millones de sufragios. Sin embargo, los secesionistas sí consiguieron la mayoría en número de escaños, pues el sistema proporcional español privilegia algunas zonas geográficas con menor densidad de población.

La 'lucha de clases' vence a la 'independencia catalana a cualquier precio' — ¿Y ahora qué?. Leer más aquí.

Estructuras de estado para la 'desconexión'

Tras los intentos fallidos de los distintos gobiernos catalanes por alcanzar un acuerdo con España para ampliar la autonomía y mejorar la financiación, el gobierno independentista de Mas creó el llamado Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) en febrero de 2013.

El CATN elaboró el Libro blanco, un documento que desarrolla 18 informes sobre la independencia de Cataluña y que propone, entre otras cosas, la necesidad de avanzar hacia la independencia de forma unilateral con la creación de estructuras de estado propias como, por ejemplo, una hacienda catalana.

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El acuerdo de investidura entre JxSí y la CUP obliga a desplegar las líneas maestras de este libro blanco en los próximos meses. Sin embargo, el Gobierno central ya ha anunciado que cualquier ley habilitante que se apruebe en el Parlamento catalán para avanzar hacia la independencia va a ser impugnada.

En este sentido, el gobierno del PP otorgó, en la pasada legislatura, capacidad sancionadora al Tribunal Constitucional (TC) en los casos en los que se incumplan sus sentencias, una medida diseñada a modo de dique de contención contra el desafío independentista catalán.

El pasado 9 de noviembre de 2015, coincidiendo con el aniversario de la consulta soberanista, se aprobó una resolución que proclamaba el inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente. El texto rezaba que el parlamento autonómico "no se supeditará a las decisiones del Tribunal Constitucional" e instaba al gobierno de Cataluña a "cumplir exclusivamente las normas o mandatos emanados de esta Cámara". La resolución fue suspendida dos días después por el TC.

"Si el presidente Puigdemont presenta iniciativas para desplegar lo que hay en esta declaración, que ha sido declarada ya inconstitucional, es cuando podemos empezar a encontrarnos problemas de carácter jurídico y constitucional", sostiene a VICE News Xavier Arbós, catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Barcelona. El académico lo tiene claro: a pesar de que no se haya formado gobierno en Madrid, la posición de los populares es inequívocamente contraria a la secesión y a la consulta. Un tripartito de PP, PSOE y C's apuntalaría este rechazo.

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No hay margen para mucho más que la tensión institucional, de acuerdo con Carles Foguet.

"El gobierno que salga ahora no tiene otra opción que esto [desplegar las propuestas del Libro blanco]. El gobierno que sale ahora está hecho única y exclusivamente para llevar a cabo esto. Medio gobierno con la presión de Esquerra Republicana, la presión de las entidades sociales… Con la fiscalización que tendrá este gobierno no me gustaría estar dentro", opina el politólogo.

Pero, ¿Qué hay detrás de las líneas diseñadas por el CATN? ¿Se han hecho pasos en la concreción de estas estructuras de estado? Fuentes del gobierno catalán se han limitado a afirmar a VICE News que, tras la entrega del Libro blanco, todo se postergó a la formación del nuevo gobierno. Sin embargo, ahora, hay muchas dudas sobre la aplicación de estas líneas maestras.

Cómo se financiará la etapa de transición si es el Estado quien maneja los fondos o cómo se pondrá en funcionamiento una agencia tributaria si los contribuyentes catalanes tienen que hacer frente a los requerimientos y embargos de la hacienda española, son sólo algunas de las preguntas que subyacen a las propuestas del Libro blanco.

VICE News contactó con el que fuera presidente del CATN, Carles Viver Pi i Suñer, para aclarar estos interrogantes. Sin embargo, Viver Pi i Suñer no respondió a las preguntas planteadas aduciendo compromisos profesionales apremiantes.

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Salidas para el independentismo: volver al referendo

La constatación de la derrota por la mínima del independentismo, pero también la debilidad de la tesis unilateral del establishment catalán han resucitado el apoyo del independentismo a la celebración de un referendo.

"Para plantear una ruptura con el status quo constitucional, hace falta levantar una alianza que vaya claramente más allá del 48 por ciento del 27-S", sostiene el politólogo Jordi Muñoz en un artículo publicado en el periódico Ara, quien recuerda que el secesionismo sigue estando por debajo de la barrera de la mitad de los sufragios con un 48 por ciento de apoyos, pero que el status quo consiguió sólo el 39 por ciento del voto. Una oportunidad para el independentismo.

"Es con los referéndums como se dirimen las demandas de independencia en contextos democráticos. No es viable plantear un proceso de secesión que no pase por un referéndum en el que se pregunte directa y explícitamente sobre la independencia", sigue el politólogo catalán Carles Foguet refiriéndose a una opción, la de la consulta, que cuenta con un amplio respaldo en la comunidad autónoma.

"Es el único punto en común en el que el 80 por ciento de Cataluña está de acuerdo. La esperanza de parte de los independentistas es que el votante de los comunes [apelativo que recibe En Comú Podem, una formación impulsada por el partido que gobierna Barcelona, Barcelona en Comú] se de cuenta de que la vía a través de España no tiene recorrido, que el referéndum este, como pactado no será, tendrá que ser unilateral", asegura Foguet. El politólogo cita otro artículo en Nació Digital del periodista Arturo Puente, que defiende un referéndum unilateral.

Y es que la legislatura de 18 meses a la que la cámara catalana tiene que hacer frente va encontrarse con el muro legal del Estado: "Es el trabajo de Penélope, que tejes durante el día y que alguien deshace por la noche", concluye el politólogo Carles Foguet.

¿De verdad el presidente de Cataluña puede ser condenado por la consulta del 9N?. Leer más aquí.

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