Sequía, desnutrición y muerte en La Guajira colombiana

La Guajira es una lengua árida de arena y piedras que se funde con el mar Caribe. La agreste belleza de este departamento ubicado al norte de Colombia convive desde hace más de tres años con una sequía provocada por el fenómeno de El Niño, la desertificación, el cambio climático y la contaminación y acaparamiento de agua de compañías mineras como la de Cerrejón, al sur del territorio.

La escasez de agua está causando la pérdida de cultivos y ganado de la comunidad Wayúu, unos 400.000 indígenas. Y también provocando cada vez más casos de desnutrición. En los últimos ocho años han muerto por esta causa 294 niños menores de 5 años, en palabras del propio presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. De ellos, 26 en 2013, 48 en 2014 y 11 en lo que llevamos de año.

No obstante, al cifra dista mucho de la que manejan las asociaciones indígenas como Shipia Wayúu, desde donde mantienen que son al menos 4.700 los menores fallecidos. "Los datos que dio Santos no se ajustan a la realidad", afirma Saúl Carrillo Ouriyú, presidente de la Asociación de Autoridades Indígenas Wayúu del sur de la Guajira.

"Esas cifras no llegan al mínimo, pues hay muchos casos que no se reportan. Allí donde ocurren no llega la institucionalidad y esas familias no caminan ocho o nueve horas para reportar a sus muertos al registro oficial. Los entierran ellas mismas, como siempre han hecho", asegura.

El informe Crisis humanitaria en La Guajira de la Defensoría del Pueblo de Colombia señala que este departamento ha registrado los índices de desnutrición global más altos del país con una prevalencia de 11,2 por ciento.

"Antes de la actual sequía, La Guajira ya presentaba altos niveles de inseguridad alimentaria. Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, el departamento reportó un 59,1 por ciento de inseguridad alimentaria en la población,"explica Deborah Hines, representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Colombia.

"Y el 28 por ciento de los niños y niñas menores de cinco años presentaron desnutrición crónica frente al 13 por ciento del promedio nacional", añade.

"Adicionalmente, las prácticas agrícolas insostenibles han exacerbado los efectos de la sequía y desertificación. Se ha registrado que La Guajira actualmente contiene la superficie de tierra más grande del país en proceso de desertificación", explica la trabajadora del PMA.

La sequía y la consecuente subida de los alimentos básicos se ha visto agravada por la represa El Cercado que almacena el agua del río Ranchería, uno de los recursos hídricos más importantes de la región. El embalse, según organizaciones indígenas, suministra agua para Cerrejón, minera perteneciente a BHP Billiton, Anglo American y Glencore, pero no para las comunidades Wayúu.

"La represa ha hecho que se seque el río. Los pequeños agricultores se han quedado sin agua. No hay con qué plantar así que tampoco los animales tienen qué comer", denuncia Arelis Uriana, líder wayúu y consejera de Mujer, Familia y Generación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

"Las cuencas hídricas se han agotado en el sur de La Guajira. El ministerio de Medioambiente y Corpoguajira entregaron el río Ranchería buscando plata. Y la sequía ya está generando un conflicto. Se están dando casos de violencia y agresiones físicas por un frasco de agua", asegura Carrillo Ouriyú, presidente de la Asociación de Autoridades Indígenas Wayúu del sur de la Guajira.

Fuentes de la empresa señalan que Cerrejón autorizó una canalización de la represa exclusivamente para abastecer a la comunidad wayúu; pero que la iniciativa estaba a cargo de los organismos gubernamentales en el departamento y que el dinero ha sido robado una y otra vez.

"Sea como sea, la minera no está ofreciendo garantías para que la comunidad disponga de agua", explica Arelis Uriana. "Vendieron este proyecto como desarrollo para la región, desplazando a población a punta de engaños, de ayudas que nunca llegaron", añade.

En este sentido, Carrillo Ourigú, asegura que de "los 19.000 indígenas que hay en el sur de La Guajira no hay ni 50 trabajando en Cerrejón".

Pero no es sólo cuestión de agua. Los contaminantes del carbón provocan desde enfermedades crónicas del aparato respiratorio a afecciones cardíacas y cáncer, entre otras, según informes de Greenpeace. "El hecho de que esta sea una mina abierta agrava las cosas", dice Arelis Uriana. "Las mujeres abortan por problemas de matriz. ¿Pero de dónde vienen realmente esos problemas?", se pregunta.

La directora del Consultorio Jurídico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Carolina Sáchica, denuncia "el abandono estatal y social que está acabando con la comunidad."

"Las madres gestantes se están muriendo, los niños mueren por diversas causas; la más común es la desnutrición y causas asociadas y quienes logran sobrevivir tienen una vida totalmente indigna y con unos problemas de salud muy graves", añade la abogada, que ha llevado la causa wayúu ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La llegada de la minera Cerrejón marcó un antes y un después en la comunidad indígena. "Antes las familias cultivaban maíz, arroz, café. Vivían de la tierra. Hoy no se puede plantar nada. A los dos meses los cultivos se dañan y si finalmente crecen, no lo hacen lo suficiente para dar una buena producción", señala Carrillo Ourigú en relación a la polución generada por el proceso de extracción de carbón. "La compañía Cerrejón sólo ha traído miseria", exclama.

"Y cuando llueve, tampoco podemos recoger el agua de los lechos donde lo hacíamos porque éstos también están contaminados", añade Arelis Uriana.

Para la abogada Sáchica se trata de "una crisis completamente evitable que poco a poco está conduciendo al exterminio de la comunidad étnica wayúu". Pero es optimista de cara al veredicto de la CIDH.

"Teniendo en cuenta la urgencia de medidas que detengan la vulneración sistemática de garantías y derechos fundamentales de los wayúu, estamos a la espera de ser notificados de una decisión en cualquier momento que no dudamos será favorable".

Ante la gravedad de los hechos, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, visitó a finales de mayo La Guajira. Tras el viaje, Santos anunció la puesta en marcha del proyecto Alianza por el Agua y la Vida.

La iniciativa contempla la construcción de un centenar de pozos de agua que serán entregados con un proyecto productivo. Asimismo, se recuperarán 300 pozos, se construirán 10 reservorios para el almacenamiento de agua y se entregarán 39 desalinizadoras.

El Jefe de Estado precisó que el Gobierno iniciaría programa de recuperación nutricional. "Va a beneficiar 7.000 niños y es un programa que está haciendo UNICEF con el Ministerio de Salud. Y eso se va a poner en marcha de forma inmediata", aseguró Santos.

Proyectos similares publicita también Cerrejón en su página de internet, como el reparto de una veintena de tanques plásticos para el almacenamiento de agua potable.

Proyectos estos que para las comunidades indígenas no son más que minúsculos parches en la herida abierta de los wayúu. "El anuncio de Santos está bien, pero no resuelve los problemas de la comunidad wayúu. Unos centenares de pozos no arreglan nada. Sólo en la ciudad de Uribia hay más de 800 comunidades. ¿En total qué seremos? Unas 8.000 comunidades. Somos el 47 por ciento de la población de La Guajira", clama Carrillo Ouriyú, presidente de la Asociación de Autoridades Indígenas wayúu del sur de La Guajira.

El descrédito estatal es patente. Los wayúu se sienten abandonados por su Gobierno. El informe citado de la Defensoría del Pueblo revela alguna de las posibles razones. "No hay una estrategia coordinada desde las instituciones competentes para la garantía del mínimo vital de agua potable en beneficio de las comunidades indígenas. Adicionalmente, las políticas publicas de nutrición ejecutadas por la gobernación, alcaldías municipales y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no garantizan la cobertura plena para la totalidad de niños y niñas en riesgo de desnutrición", reza el documento.

El abandono del Estado se traduce también en las amenazas y muertes de líderes wayúu. "Son frecuentes las muertes de dirigentes que se han manifestado contra las empresas mineras", dice Arelis Uriana de la ONIC. "Las amenazas vienen de actores armados ilegales, pero también legales. Los pueblos indígenas son objetivo del ejército. Es parte de esta política de locomotora. Su argumento es que los indios quieren quitarles la tierra y que por ello se les desplaza o se les mata".

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