Si en los centros de extranjeros españoles se aplicara la ley, habría que cerrarlos

El Ministerio del Interior español admite que no cumple la ley en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). De acuerdo con un documento emitido por los servicios jurídicos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del ministerio, aplicar la legalidad "podría conllevar una decisión de cierre del CIE de Barranco Seco y, dado que la situación denunciada es extrapolable al resto de centros, cabría imaginar resoluciones similares".

El documento, con fecha del pasado 23 de septiembre, es una respuesta al auto judicial de la juez de control del mencionado CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria, en el que, una vez más, se constata el incumplimiento del Real Decreto 162/2014, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros.

A pesar de tratarse de la respuesta a un requerimiento judicial, fuentes de Interior han asegurado a VICE News que el texto de la polémica "es un documento interno".

"Se habían pedido varios informes a varias unidades y una de ellas era la Comisaría General de Extranjería, con lo que eso es una parte. Luego se han pedido más informes y en ningún momento hemos remitido ningún escrito a abogacía del Estado para que haga ninguna valoración", declaran las mencionadas en relación a la nota de prensa de Europa Press.

En el auto judicial de la juez de control del centro, Victoria Rosell, se enumeran las vulneraciones que permanecen en el CIE: "No dispone ni de locutorios para entrevistas reservadas con abogados ni sala de visitas", "únicamente se cumplen las previsiones — de la estructura laboral prevista — en lo que se ha podido conformar con personal policial" y existe "una restricción injustificada, máxime para personas privadas de libertad y alejadas de los suyos, no disponer de acceso a Internet".

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Comunicaciones sin intérpretes, negación del derecho a la salud, no hay personal policial femenino para tratar con las mujeres ni "material específico de higiene femenina", sigue el texto. Rosell, portavoz adjunta de los progresistas Jueces por la Democracia, ya había planteado alternativas al CIE en el pasado.

"El cierre de los CIE sin más no es una opción, pero hay alternativas. Yo propongo dos ideas. Para los poquísimos casos de internos que son enviados a los CIE desde la cárcel para que sigan cumpliendo condena en ellos hasta la expulsión, lo idóneo es que el día que acabe la condena sean trasladados de la prisión al avión que los saca de España", declaró la juez.

"Para la gran mayoría de los internos, que son los que no han cometido delito alguno, sugiero pisos tutelados por ONG e instituciones. Serían recursos conocidos por la Policía y donde el juez debería otorgar el permiso de entrada. Mientras durase la situación irregular de la persona, el pasaporte estaría en Extranjería, pero sus condiciones serían muy distintas a las de la reclusión en un CIE", añadió Rosell.

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El CIE es la concreción española de la llamada Directiva del retorno de la Unión Europea (UE) sobre inmigración ilegal. En la UE, una directiva es un mandato que establece un objetivo al que cada país que la integra debe decidir cómo llegar a él. Mediante la llamada Ley de Extranjería, el poder legislativo de España materializa el mencionado requerimiento en una maquinaria de expulsión de extranjeros indocumentados de la que el susodicho centro de reclusión es tan solo un engranaje.

"El CIE es una institución a medio camino entre una comisaría y una prisión, que en ningún caso se trataría de un establecimiento con carácter no penitenciario. Ha jugado el papel [Victoria Rosell] de mostrar estas contradicciones y ha intentado que se aplique la ley: no está pidiendo el cielo, en este auto. No pide el cierre; solo una serie de medidas que se han de implementar, y es bastante llamativa la respuesta que produce", valora para VICE News el abogado Andrés García, de la campaña por el cierre de los CIE en la comunidad autónoma de Cataluña.

A mediados de marzo de 2014, el gobierno español anunciaba la confección de un reglamento que establecía una regulación de los centros objeto de controversia. En su momento se lo criticó por haber prescindido de las resoluciones de los juzgados de control, las instancias judiciales encargadas de la inspección de los CIE.

A día de hoy no se está aplicando la sentencia, recogida en el reglamento, que obliga a avisar con antelación de las deportaciones, no hay asistencia sanitaria permanente, ni se ha establecido la diferencia entre el ámbito policial y el ámbito asistencial, entre otras vulneraciones. La sentencia del CIE de Barranco del Seco y la posterior respuesta lo constatan.

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A principios de 2015 el Tribunal Supremo daba un varapalo al gobierno de España suspendiendo parte de este reglamento por incumplir la propia ley y la de la UE. Estos últimos años, los jueces de control han vertido duras críticas contra las condiciones de estos centros: Ramiro García de Dios, magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, arremetió en una resolución contra el "palmario hacinamiento" que constató en el CIE madrileño de Aluche cuando investigó la muerte de la mujer congoleña Samba Martine por meningitis, a finales de 2011. Concluyó que la asistencia médica fue inexistente.

Pero Silvia Medeiros, abogada especializada en migraciones, añadió hace unos meses un elemento de análisis: "Estoy por el cierre. Pero para poder cerrar los CIE deberías tener una legislación que no prohibiera la libertad de movimiento", afirmó a VICE News refiriéndose a la Ley de Extranjería, "de otro modo, cerrar los centros de reclusión sin cambiar la ley podría acabar con el poco seguimiento judicial del proceso de expulsión que existe hoy en día", añadió.

Medeiros hablaba de las "devoluciones exprés" en comisaría, una modalidad de expulsión que en 2013 superó a las que se efectuaban desde los CIE y que podría devenir sistemática si estos se cerraran sin más.

"Lo que hay que hacer es una revisión jurisdiccional de cualquier deportación porque afecta los derechos fundamentales. De alguna manera, al menos eso entiendo yo desde la sensibilidad de los derechos humanos, hay que visibilizar y establecer un control jurídico de estas deportaciones", añade hoy ante la noticia Andrés García.

"Con el Ministerio del Interior actual es complicado, pero si tú detienes a una persona y no le das ningún tipo de asistencia jurídica ni capacidad de poder darle la vuelta a una situación jurídica, que es una expulsión que se producirá en poco tiempo, se están vulnerando derechos fundamentales", insiste el abogado.

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Hay 8 CIE en el Estado español. Y en muchos territorios, a pesar de no haber estos centros de reclusión, las deportaciones se llevan a cabo de igual manera. VICE News habla con un activista de Asturias, uno de estos sitios.

"En lugares como Asturias donde, efectivamente, no hay CIE, hemos llevado a cabo acciones como presentarnos ante la comisaría donde se va a efectuar una deportación de gente detenida, o incluso alguna vez hemos ido al aeropuerto del Principado. La deportación exprés evita a la policía haber de pasar por un juzgado", explica a VICE News Eduardo Romero, miembro del colectivo asturiano Cambalache y coautor del libro Qué hacemos con las fronteras, junto a Gema Fernández, Pablo Sainz, Raquel Celis y Leire Lasa.

"El objetivo de acabar con los CIE es un objetivo muy importante, lo que significan los CIE tanto en la práctica como simbólicamente es uno de los nodos más importantes y más represivos del a política migratoria. Tumbar los CIE tiene que ser un punto de apoyo para cuestionar el conjunto de la política migratoria, pero insistimos que su cierre es un trampolín para parar la maquinaria de las deportaciones", declara Romero.

A principios de julio el parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña aprobó una resolución pidiendo el cierre progresivo de los CIE y el establecimiento de medidas alternativas. Simbólica, pues no tiene atribuciones en esta área. En el texto se recordó que la directiva europea no obliga a su existencia y que hay medidas alternativas a esta reclusión.

En estos días, tras el reconocimiento del Ministerio del Interior de la imposibilidad de aplicar la ley en los centros se incrementan las posibilidades de que la decisión sea extensible al resto del Estado.

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