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VICE World News

Sobre cómo el ejército colombiano ejecutó a civiles a los que tachó de guerrilleros

El ejército colombiano atrajo y luego ejecutó a, al menos, 3.000 civiles, para certificar sus muertes en combate como si de enemigos se trataran.
Imagen vía EPA

El 16 de marzo de 2007, Henry William Torres Escalante, militar general colombiano dio la "orden directa" de matar a un campesino desarmado y a su hijo adolescente. Acto seguido les armó y declaró que se trataba de los cuerpos de combatientes enemigos — el mismo caso se repetiría miles de veces a lo largo de la guerra en Colombia.

La tropas de tierra de la decimosexta brigada del ejército colombiano comandadas por Torres Escalante fueron elogiadas por su "buen trabajo", según testificaría más tarde un soldado de rango medio.

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Por aquel entonces, el ejército colombiano se encontraba bajo intensa presión para elevar las estadísticas de combate. Necesitaba probar que la campaña impulsada por el gobierno contra los combatientes de las guerrillas estaba funcionando. Dos hombres muertos más equivalían a sendos cadáveres de guerrilleros.

El caso, descubierto en el departamento de Casanare, al este de Bogotá, es solo uno en la escalofriante cadena de los llamados "falsos positivos". Se trata de los asesinatos extrajudiciales, unos crímenes que persiguen a un país que lucha por poner fin a 50 años de guerra.

El miércoles, Human Rights Watch (HRW, el Observatorio de Derechos Humanos) publicó un informe de 95 páginas sobre dicha práctica. El documento está basado en previos documentos no publicados y en testimonios varios. En el informe se nombra a militares de alto rango como responsables, al menos, de 3.000 asesinatos "falsos positivos" entre 2002 y 2008.

El escándalo se descubrió por primera vez en 2008, cuando un grupo de jóvenes procedentes de un deprimido suburbio de Bogotá fueron seducidos por los reclutadores, bajo promesa de trabajo. Más tarde aparecerían en una fosa común uniformados como guerrilleros.

"Los asesinatos "falsos positivos", cometidos a gran escala durante más de media década, constituyen uno de los peores episodios de atrocidades masivas perpetradas en el hemisferio occidental en las últimas décadas", señala el informe de HRW, titulado "En su vigilancia"

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El investigador de HRW Max Schoening y el director de Américas, José Miguel Vivanco, hablan en Colombia sobre la publicación del informe sobre falsos positivos (Foto de Leonardo Muñoz/EPA)

La cifra de 3.000 está basada en investigaciones en curso comandadas por las autoridades colombianas. Sin embargo, el informe del Human Rights Watch advierte que solo "representan una fracción" de las presuntos ejecuciones extrajudiciales ejecutados por el ejército durante el mandato en sendos términos del antiguo presidente Álvaro Uribe.

Uribe, que fue presidente de 2002 a 2010 y que ahora ejerce como senador, está protegido por la inmunidad diplomática dispuesta en la legislación colombiana. Su gobierno llevó a cabo una sangrienta ofensiva militar apoyado por el ejército estadounidense, destinada a derrotar a las guerrillas colombianas, encabezadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la más grande de todas ellas.

Mientras los escuadrones estaban bajo presión de la cúpula para alterar las cifras, la campaña de los "falsos positivos" se convirtió en "generalizada y sistemática", según señala el informe.

Las víctimas — a menudo pobres, minusválidas o drogadictas — eran abducidas o reclutadas bajo promesas de trabajo. Entonces se los llevaban a zonas remotas y asesinados a sangre fría. Una vez muertos, los soldados les vestían con los uniformes de los guerrilleros y les declaraban "muertos en combate".

Mientras más de 800 soldados rasos han sido condenados por su implicación, todavía es hora de que algún general se enfrente a la justicia. Algunos de ellos, de hecho, han sido elevados hasta el escalafón más alto de la jerarquía militar.

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El general Juan Pablo Rodríguez, actual comandante general de las Fuerzas Armadas, y el general Jaime Lasprilla, jefe del ejército, lideraron ambos a escuadrones que ejecutaron asesinatos extrajudiciales, según Human Rights Watch.

Colombia está investigando a 22 generales por su implicación, pese a que todavía es hora de que se presenten cargos en su contra. Los medios locales informaron el miércoles que el antiguo jefe del ejército, el general Mario Montoya, ha sido llamado a testificar ante un fiscal especial.

"Resulta muy difícil de creer que las tropas del ejército cometieran al menos 3.000 de estos crímenes por todo el país durante un periodo de siete años, siempre con el mismo modus operandi y siempre sin el conocimiento, o hasta sin las órdenes, de sus comandantes", afirmó Max Schoening, investigador en Colombia para Human Rights Watch, a los micrófonos de VICE News el miércoles pasado.

Las tropas que mataban a civiles inocentes podían aspirar a ser recompensadas con incentivos, tales como vacaciones o ascensos. El informe detalla el caso del teniente retirado Marco Fabián García, quien fue propuesto para ser condecorado con la medalla al honor público y enviado al campo de entrenamiento — lo que se considera un privilegio — por liderar a sus tropas rumbo a las ejecuciones de falsos positivos.

"Lo hice porque tal era el premio con el que me recompensaban", declaró García.

El general Juan Pablo Rodríguez, izquierda, une fuerzas con el general jefe Leonardo Barrero, en el centro, y el presidente Juan Manuel Santos, en febrero de 2014 (Foto de Fernando Vergara/AP)

El presidente Juan Manuel Santos trabajaba como secretario de Defensa mientras sucedieron los crímenes. El informe de HRW no contiene evidencias contra ninguna autoridad superior a la cúpula del ejército.

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El pasado miércoles Santos criticó el informe y afirmó que no trataba a los oficiales con justicia. "Esta no es la manera para demostrar respeto por los derechos humanos", aseguró el presidente.

Estados Unidos ha repetido frecuentemente que el Plan Colombia era un éxito, y sus analistas dicen que se trata del modelo que ha impulsado la Iniciativa Mérida, el paquete de ayudas a México. "Estados Unidos debería de suspender la ayuda militar que depende del cumplimiento de Colombia de sus obligaciones para con los derechos humanos", aconseja el informe de HRW.

La publicación del informe resulta de lo más oportunas, dado que el gobierno y las FARC están embarcados en el proceso de negociación de la paz. Las conversaciones actuales debaten cómo se responsabilizará a ambos bandos por las atrocidades cometidas, en un futuro cercano al que Colombia ya ha bautizado como el "postconflicto".

A pesar de que apoya el proceso de paz, Schoening dijo que si se llega a hacer un trato con los guerrilleros por los crímenes del pasado, se sentará un precedente que no será bienvenido en absoluto.

"Si Colombia va a proponer un castigo indulgente para los máximos dirigentes de las guerrillas culpables de crímenes de guerra, es perfectamente previsible que el ejército exija el mismo nivel de indulgencia, un perdón que alcanzaría a los horribles crímenes de los falsos positivos", aseguró.

El objetivo del informe, añadió Schoening, es evitar que ello suceda.

"Con o sin acuerdo de paz [esperamos] que tales crímenes sean tanto investigados como condenados, y que todos sus responsables, incluida la cúpula militar, sean sentenciados a penas que reflejen la gravedad de sus delitos", señaló Schoening a VICE News.

Sigue a Joe Parkin Daniels en Twitter @joeparkdan.