Tráfico de drogas en el ejército español: ¿Hecho aislado o problema sistémico?

Nuevo descubrimiento el pasado sábado de sustancias estupefacientes en las fuerzas armadas de España: 200 kilos de hachís en un vehículo militar. Esta vez el hallazgo se ha dado en Almería, en el tercio Duque de Alba II de la Legión — parte de las fuerzas ligeras del ejército de tierra y radicadas en el enclave español de Ceuta, en el Norte de África. En 1996 el mismo tercio protagonizó un episodio parecido en el campo de maniobras de Chinchilla, en Albacete.

En ambos casos las comitivas pasaron los controles ordinarios del ejército y de la policía militarizada española; la Guardia Civil, en su trayecto hacia la Península Ibérica. Fue el conductor de uno de los camiones quien alertó de varias mochilas sospechosas en el vehículo ¿Pero cómo pudieron pasar inadvertidas?

"Si el servicio de información no está detrás del que recibe el aviso, en un control esporádico fronterizo es prácticamente aleatorio: aquello que genera sospechas es lo que se investiga. Por ese motivo, un camión del ejército, a priori, no es motivo de desconfianza, y en principio no se le debe pasar el escaner ni se le debe pasar el control de los canes [inspección con perros]", explica a VICE News Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el sindicato mayoritario en el cuerpo.

"La justicia ordinaria sería la encargada de procesarlo, con el agravante de ser militar, porque se está aprovechando de lo que estamos diciendo. Se está utilizando la condición de militar. Pero en principio son delitos que penden de la administración civil, puesto que están enmarcados en el tráfico de estupefacientes: un delito contra la salud pública", sigue contando Fernández a este medio que vía judicial tomará el caso de determinarse responsabilidades, cuando aún no se han practicado detenciones.

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El Código Penal de España establece como agravantes en los delitos de tráfico de drogas que tengan lugar "en centros docentes, en centros, establecimientos o unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en centros de deshabituación o rehabilitación, o en sus proximidades".

"Lógicamente, al ser juzgado por un delito civil, si es un militar de complemento pierde la condición de militar por la vía contractual y si es de carrera supone la expulsión del ejército en función de la pena que le haya impuesto el juzgado civil", concluye el sindicalista.

El 13 de julio del año pasado la Homeland Security Investigations (HSI) estadounidense alertó a la institución armada española de la Guardia Civil sobre las declaraciones de cinco traficantes de New Jersey, que aseguraban que los 25 kilos de cocaína que les fueron interceptados les fueron suministrados por tripulantes del buque escuela de la armada española Juan Sebastián Elcano.

La investigación concluyó a finales de julio del mismo año con la detención de tres marineros que habrían aprovechado cinco días de escala en Cartagena de Indias (Colombia) para subir el susodicho cargamento a bordo. De acuerdo con un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la policía militarizada española la venta del cargamento habría ascendido a casi 4,2 millones de euros en el mercado de la droga.

El mes de febrero de entonces se saldó con la detención de un cabo de la Legión junto a otros dos miembros del ejército tras el hallazgo de 70 kilos de hachís en un vehículo militar en el otro enclave norteafricano de España; en Melilla. Y en 2012 la Guardia Civil intervino 700 kilos de la misma sustancia en una comisaría de la Unidad Logística (ULOG) número 23 de la ciudad autónoma de Ceuta.

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"La justicia militar a lo que tiende no es a hacer justicia sino a proteger a la institución. Esta es la premisa de cualquier juez militar. El problema es que, al proteger esta institución e intentar que este tipo de casos no lleguen a la luz, ya sean los altos mandos o se trate de quien se trate, al final las fuerzas armadas son las mejores mulas de transporte que puede encontrar la droga", afirma tajante a VICE News Luis Gonzalo, antiguo teniente del ejército de tierra.

Gonzalo expone esta realidad en su última novela, Código Rojo. Pocos días después de su publicación el pasado junio el que fuera teniente de las fuerzas armadas fue expulsado de la institución. Luis Gonzalo denuncia censura a su nuevo libro. Su primera publicación, Un paso al frente, ya fue un éxito de ventas.

"200 kilos, por la forma de operar, y esto te lo podrá decir cualquier especialista en criminología, no es hacer un primer envío de 150 kilos de droga como el del [Juan Sebastián] Elcano. Primero se envían cantidades pequeñas, para ver si funciona, para ver si es una buena vía, y luego, poco a poco, va aumentando hasta que ya se hacen envíos grandes. Es obvio que no es la primera vez que sucede ni será la última, pues no se depuran responsabilidades: se detendrán a cuatro marineros y no detendrán a quien toca", sostiene Gonzalo. "Para un traficante de drogas eso es magnífico, pues permanece la estructura intacta, porque al final volver a captar a una serie de soldados es relativamente sencillo".

Desde su punto de vista, ¿cuándo se detendrá este degoteo de casos, pues?

"Hasta que no tengamos una justicia independiente, que para ello no tendría que ser militar, y un órgano de investigación como es la Guardia Civil, que tampoco es un órgano independiente, pues sus ascensos dependen del Ministerio de Defensa. Hasta que esto no suceda es muy difícil que las fuerzas armadas, especialmente aquellas unidades que están en Ceuta y Melilla, no sean utilizadas para el transporte y el tráfico de drogas", sentencia el ex militar, quien asegura tener documentados varios casos de suicidios en las fuerzas armadas relacionados con esta cuestión y que se dieron en extrañas circunstancias.

Los Cuarteles Generales de los ejércitos de tierra, mar y aire establecieron planes antidroga específicos adecuados a su organización y funciones al amparo del Plan General de Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas (PGPDFAS). Son ejemplos de ello el plan de Prevención y Control de la Droga en el Ejército de Tierra (PYCODE), desde 2009 denominado Plan Antidroga del Ejército de Tierra (PADET), el Plan de Lucha Antidroga de la Armada (PLADA) y el Plan Antidroga del Ejército del Aire (PADEA).

De acuerdo a la memoria de 2009 del Plan Nacional Sobre Drogas español, entonces se introdujeron controles analíticos en el ejército.

En aquel entonces se documentaron los siguientes casos: de nuevo en Chinchilla y mediante una intervención del mismo cuerpo, en 2009 se incautaron 70 kilos de hachís en un vehículo de combate de la unidad de zapadores y perteneciente al Regimiento de Ingenieros de Melilla. Y de nuevo en un camión de la Legión, en 2008, se encontraron 25 kilos de esta droga. Se trata, solamente, de una selección de los casos más notorios.

La memoria de 2012 del mismo plan recoge la implantación en el ámbito de las Fuerzas armadas del concepto "tolerancia cero" ante las drogas. Todos los ejemplos mencionados ilustran los límites de esta política.

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