Tres exmilitares detenidos por el asesinato de la activista Berta Cáceres

Cuando la activista ambiental Berta Cáceres fue asesinada en su casa el 2 de marzo en Honduras, el fiscal principal de dicho país dijo que el crimen había sido, probablemente, una asalto que terminó mal.

Después de dos meses de indignación internacional y gran cantidad de presión, las autoridades anunciaron el arresto de cuatro sospechosos: un civil y tres exmilitares, uno de los cuales también trabajaba como empleado de la compañía encargada de construir la presa a la que Cáceres dedicó su vida para combatir.

"Estos arrestos nos muestran que el asesinato de nuestra compañera estuvo coordinado con el gobierno", dijo José Gaspar Sánchez, vocero del grupo activista conocido como COPINH, al que Cáceres perteneció. "Ni el COPINH, ni las hijas de Berta fueron notificadas de estos arrestos, lo cual nos preocupa mucho".

Cáceres era la miembro mejor conocida de COPINH, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, ganadora del prestigioso Goldman Environmental Prize en 2015 principalmente por su lucha contra de la represa Agua Zarca.

Esta represa es parte de un proyecto hidroeléctrico mayor sobre el Río Gualcarque localizado en su mayoría sobre un área indígena al oeste de Honduras. El río es la fuente principal de agua para estas comunidades quienes creen que el proyecto amenaza de forma directa su bienestar.

En los años y meses antes de su asesinato, Cáceres recibió numerosas amenazas de muerte, incluyendo algunas por parte de empleados de la empresa DESA, encargada de construir la represa y la cual fue detenida gracias a las protestas.

En un vídeo publicado por un blogger sueco, Cáceres afirma que había sido amenazada por Douglas Geovanny Bustillo, exteniente militar y actual director de seguridad de DESA.

Bustillo fue uno de los arrestados el lunes por la "Operación Jaguar", apodada así por la Procuraduría General.

Los otros tres detenidos son Sergio Ramón Rodríguez, manager de la compañía, Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Federal, y el excapitán del ejército, Edilson Antonio Duarte.

Pero aunque la procuraduría publicó un informe afirmando que los arrestos fueron orquestados por "una amplia y exhaustiva investigación basada en métodos técnicos y científicos", aún hay muchas dudas sobre qué tanto se puede confiar en la investigación y qué tan lejos llegará.

La familia de Cáceres enfatizó este punto en una declaración publicada por COPINH donde se expresa su "pesar" por no haberles permitido involucrarse en la investigación que por consiguiente no pudieron confiar por completo.

El único testigo del asesinato también dijo no haber recibido información por parte de las autoridades sobre los arrestos, o si los detenidos habían sido o serían acusados por tentativa de homicidio.

"La escena del crimen fue contaminada desde el principio, lo cual no nos sorprende", dijo el activista ambiental mexicano, Gustavo Castro. "No acordonaron la zona, y dejaron pasar a miembros de la prensa ocasionando que sus huellas digitales se confundieran".

Castro se quedó en casa de Cáceres el 2 de marzo en la pequeña ciudad de La Esperanza al oeste de Honduras. Cáceres había expresado su miedo por estar sola por el reciente incremento de amenazas de muerte que había recibido por años.

Aquella noche, hombres armados irrumpieron en su hogar aproximadamente a las 11:45 pm. Entraron a su habitación y le dispararon varias veces hasta matarla.

Inmediatamente entraron al cuarto donde se encontraba Castro. Le dispararon a quema ropa. Sobrevivió, dice, porque los agresores lo dieron por muerto.

Luego de 48 horas de interrogatorios, Castro, temeroso de que su vida seguía en peligro, intentó regresar a México. Fue detenido en el aeropuerto de Honduras y sólo se le permitió regresar luego de pasar un mes viviendo en la embajada mexicana.

Algunos grupos internacionales también se resisten a reducir la intensidad de la presión después de los arrestos de esta semana.

"El gobierno debe continuar investigando todas las salidas posibles, incluyendo a los autores intelectuales del crimen", comentó Sara Rafsky, investigadora de Amnistía Internacional para América Central. "Cualquier cosa menor a eso no sólo será devastador para los familiares, también creará la sensación de que el gobierno hondureño no está comprometido de verdad para combatir la impunidad o proteger a los defensores de los derechos humanos".

Honduras es considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo para los activistas ambientales. El asesinato de Cáceres ha tenido un impacto mayor en todo el mundo gracias a su perfil internacional. A pesar de todo, no ha habido una disminución de la violencia en contra de COPINH desde que el asesinato puso los reflectores sobre los peligros que los activistas en general enfrentan en Honduras.

Dos semanas después de la muerte de Cáceres, otro miembro de COPINH, Nelson García, también fue asesinado después del desalojo de un grupo de activistas indígenas, de un territorio en Río Chiquito al oeste de Honduras, a manos de la policía militar del país. Se desconoce quién realizó los cuatro disparos que mataron a García.

Un mes después, una caravana de autobuses repletos de activistas nacionales e internacionales viajaron al Río Gualcarque para llevar a cabo una ceremonia en honor de Cáceres y de todo su trabajo en defensa del río amenazado por el proyecto de la represa. Posteriormente, el grupo aseguró que una docena de empleados de DESA amenazaron la caravana con machetes y pistolas, dejando a cuatro heridos.

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