Un informe revela graves abusos de derechos humanos en las protestas contra el gobierno venezolano

En febrero de 2014, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de Venezuela para protestar contra los históricos niveles de inflación, por ser el segundo país con mayor índice de homicidios en el mundo, excluyendo las zonas de guerra, y por la escasez de productos básicos y el aumento de los abusos de poder.

Más de un año después del inicio del movimiento contra el gobierno, la situación del país no ha mejorado, según ha afirmado Amnistía Internacional en un nuevo informe. Esta organización internacional denuncia que las violaciones generalizadas de los derechos humanos ocurridas durante la represión de las protestas por parte del gobierno continúan impunes.

Cuarenta y tres personas murieron durante las protestas y hubo 3.351 detenidos. La mayoría fueron liberados, pero más de 1.000 todavía enfrentan cargos y 27 siguen detenidos, según el informe publicado el martes por Amnistía Internacional.

El informe, titulado "Los Rostros de la impunidad", detalla las historias de varios manifestantes venezolanos que fueron detenidos o torturados arbitrariamente durante su arresto. Los presos se enfrentaron a casos de abuso sexual, amenazas de muerte y otras formas de tortura. Muchos de los liberados se vieron obligados a huir del país a raíz de la represión que continuó posteriormente.

"Cada día que pasa sin que se aborde la serie de abusos contra los derechos humanos perpetrados durante las protestas, es otro día de desgarradora injusticia para las víctimas y sus familias", Erika Guevara Rosas, Directora para el Programa Regional para América de Amnistía Internacional, escribió en la introducción del informe .

Amnistía Internacional también advirtió de que si no hay justicia para las víctimas de la represión, las autoridades se sentirán envalentonados para ejercer una mayor represión y hacer uso de la violencia contra las voces de la oposición.

"Es preciso poner fin a esta situación. En Venezuela, la gente debe poder protestar pacíficamente sin miedo a perder la vida o a que la detengan ilegalmente", dijo Guevara.

La represión militarizada contra las manifestaciones, que comenzaron inicialmente en respuesta a un abuso sexual de una estudiante universitaria, hizo que las protestas se extendieran rápidamente por Venezuela.

A principios de este mes, el activista opositor Rodolfo "El aviador" González, encarcelado desde hace un año, aparentemente se suicidó en la prisión federal la noche antes de que él creyera que iba a ser trasladado a una cárcel de delincuentes comunes. Este caso no se menciona en el informe de Amnistía pero es representativo de las condiciones que sufren los manifestantes encarcelados en los centros penitenciarios.

"Las cárceles comunes en Venezuela son unos de los lugares más violentos del mundo", según dijo a VICE News Inti Rodríguez, miembro del grupo de derechos humanos Provea. "En este país hay un conjunto de personas, los presos políticos, que lo son por haber ejercido sus derechos constitucionales, como el derecho a manifestarse. No se les ha garantizado el debido proceso".

Destacados líderes de la oposición como Leopoldo López fueron detenidos después de que el presidente Nicolás Maduro le acusara de planear un golpe. El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, también está tras las rejas después de ser arrestado en febrero.

"Esto no ocurre únicamente con los presos políticos", dice en una entrevista Nizar el Fakih, abogado de derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. "Ha habido graves denuncias de agresiones psicológicas, morales o físicas dentro de los recintos penitenciarios".

El informe llegó en un momento en el que aumentan las tensiones entre Washington y Caracas. El 9 de marzo, el presidente Barack Obama emitió un decreto ejecutivo declarando una "emergencia nacional" debido a la "extraordinaria amenaza" que supone la crisis en Venezuela.

El presidente impuso sanciones a varios funcionarios del gobierno y de los cuerpos de seguridad de Venezuela, bloqueando sus bienes en los EE.UU. y prohibiendo a los ciudadanos estadounidenses realizar negocios con ellos. Los funcionarios fueron objeto de dichas sanciones por su papel en la represión contra los opositores al gobierno.

"Es desafortunado que en un momento en el que nos hemos abierto al compromiso con cualquier otro país en América, Venezuela haya optado por ir en la dirección contraria", dijo un alto funcionario de la administración en una teleconferencia desde la Casa Blanca.

Maduro respondió lanzando una campaña para reunir 10 millones de firmas en oposición a las sanciones de EE.UU, en previsión de la Cumbre de las Américas que se celebrará en la Ciudad de Panamá los próximos 10 y 11 de abril. El gobierno de Madura también recibió el apoyo de Cuba, que calificó las sanciones de EE.UU de "arbitrarias y agresivas".

Según Amnistía Internacional, la Fiscalía de Venezuela ha investigado 238 acusaciones de violaciones de derechos humanos. Solo 13 de ellas han resultado en cargos.

"Lo que sí es del todo cierto es que se está cometiendo una violación de los derechos humanos en Venezuela", dijo el Fakih. "Las violaciones registradas en 2014 y a principios de 2015 hablan de una situación sin precedentes en las últimas décadas en el país".

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