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ESPAÑA

¿De verdad el presidente de Cataluña puede ser condenado por la consulta del 9N?

El presidente autonómico compareció ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su supuesta implicación en la organización de una consulta para constatar el apoyo a la separación con España. Juristas opinan sobre la posibilidad de condena.
El presidente Artur Mas arropado por alcaldes, cargos gubernamentales y ciudadanos en su salida del Tribunal Superior. Imagen por Emilio Morenatti/AP
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Miles de personas — con casi medio millar de alcaldes entre ellas, vara de mando en alto — acompañaron el jueves al presidente de la comunidad autónoma catalana, Artur Mas, en su comparecencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La Sala de Gobierno del estamento judicial declaró días antes que las concentraciones ante el edificio que lo aloja implicaban un "ataque directo" a la independencia judicial.

El por ahora jefe del ejecutivo catalán estaba llamado a declarar ante el juez por su papel en la organización de la consulta no vinculante sobre la independencia de la autonomía del pasado 9 de noviembre de 2014, como alternativa al referéndum que la Justicia española consideró inconstitucional. Mas ha sido imputado por un presunto delito de desobediencia al Tribunal Constitucional.

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"La Justicia en España es independiente. Resuelve con arreglo a derecho y aplica la ley. Por tanto amenazar, intentar disminuir a la justicia, intentar que no tome las decisiones como debe tomarlas es algo absolutamente inaceptable", dijo el presidente del gobierno central, Mariano Rajoy, en la cumbre de líderes de los populares europeos previa al Consejo de la Unión Europea (UE).

El presidente del gobierno autonómico catalán, vitoreado al entrar y al salir del tribunal. Vídeo vía EFE.

"Aunque Artur Mas va de víctima, está más cómodo declarando por su imputación a raíz del 9N que dando la cara por los recortes, la corrupción y la mala gestión de su gobierno", declaró Inés Arrimadas, presidenciable de Ciutadans, el segundo partido en votos y escaños en el parlamento catalán y líder del llamado bloque constitucionalista, después de la comparecencia de Mas. "Artur Mas ha querido dar lecciones de democracia, pero ser demócrata es respetar las leyes", insistió.

"Es algo tan sencillo como importante. Es algo que genera tal consenso social que nos mantendremos firmes en la defensa de estos compromisos", afirmó ante los periodistas Oriol Junqueras, hasta las pasadas elecciones líder de la opción socialdemócrata Esquerra Republicana de Catalunya, quien sostuvo a los medios que asistió a la concentración de apoyo a Mas para "defender la democracia, las urnas y el derecho a voto de los ciudadanos",

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Una pregunta en el aire: ¿Puede el jefe del ejecutivo autonómico acabar condenado?

"Yo creo que de la documentación de las pruebas presentadas en el procedimiento va a salir condenado; se le va a inhabilitar. Creo que esto es un triunfo, y no de la fiscalía, pues la fiscalía interpuso la querella 15 días después de que la presentáramos Manos Limpias", opina a VICE News Miguel Bernad, secretario general del sindicato de funcionarios con este nombre y que ejerce de acusación popular.

"Pero es que además de los delitos por los que se le ha imputado ahora en el TSJ, gracias a Manos Limpias es muy posible que haya una ampliación de querella que ha hecho nuestra organización referente al delito de sedición; y el delito de sedición llevaría, no a la inhabilitación — pues previsiblemente se le va a condenar por estos delitos — sino al ingreso en prisión, porque es un delito muy grave de los tipificados en el Código Penal", sigue Bernard, quien entiende que Artur Mas ha sido aclamado "como un héroe" cuando, para él, ha devenido un "villano". Pero académicos del ámbito del derecho penal discrepan.

"No tiene ni pies ni cabeza. Es como si yo hubiera pedido el delito de aborto. No se han mirado lo que dice el Código Penal sobre esto. Además que el tribunal lo tiene que aceptar. Tú puedes interponer las querellas que quieras, pero luego han de tener verosimilitud", responde a VICE News Joan Queralt, catedrático de derecho penal de la Universidad de Barcelona (UB).

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"El proceso de participación celebrado el 9 de noviembre del año pasado, de 2014, fue consecuencia de una evidente iniciativa institucional y política, pero también de una intensísima implicación y ejecución ciudadanas", afirmó Mas en una declaración institucional en vídeo en la que sostiene que la consulta fue posible por la sintonía entre la "iniciativa política institucional" y la "implicación ciudadana" mediante voluntarios.

Esta fue también la tesis que sostuvo ante el tribunal. El presidente de la Generalitat asumió la "responsabilidad de haber escuchado al pueblo catalán" declarándose "promotor político" y "responsable único" de ejecutar lo que él entiende como un "hito de la legislatura".

Esta comparecencia se da dos semanas y pocos días después de las elecciones autonómicas del pasado 27 de septiembre, que el independentismo leyó en clave plebiscitaria. Los partidos que abogaban por la secesión captaron casi el 48 por ciento de los sufragios con una participación récord (77,5 por ciento), mientras que los que abogaban por el mantenimiento del statu quo constitucional se situaron cerca del 40 por ciento.

La formación de izquierdas Catalunya Sí que Es Pot, con cerca del 9 por ciento de los votos y con algunos diputados independentistas, sigue siendo la incógnita de este incierto contexto postelectoral por sostener la apuesta por un poco probable referéndum pactado con el Estado.

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"Para que haya desobediencia tiene que haber una orden a la que desobedecer, y esa orden no existió por parte del tribunal. El tipo de delito de desobediencia está establecido de manera que, para desobedecer, tiene que haber una orden: no desobedeces sin una orden", declara a VICE News Xavier Arbós, catedrático de derecho constitucional en la UB.

"Y el TC, por cierto, esquivó una petición que le formulaba el abogado del estado que si hubiera sido atendida por el tribunal hubiera dado mejor base a la querella que ha suscrito el fiscal general que la que tiene ahora, pues el abogado del estado dijo 'recuerde al señor Mas que tiene la obligación de acatar la sentencia del TC', y el TC se limitó a la suspensión: no reiteró eso ni le dijo nada al presidente Mas", recuerda Arbós y suscribe su colega de la facultad Joan Queralt, quien a su vez sostiene que las posibilidades de que Mas salga indemne del TSJ de Cataluña "son enormes".

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Lo que nos lleva a otra cuestión: ¿Y ahora qué?

Cuando se acaba la legislatura del conservador Partido Popular (PP), la formación que gobierna España, el ejecutivo del Estado anunció una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que daría nuevos poderes a este estamento judicial con los que suspender a Artur Mas.

"Si estamos hablando de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, aquí tenemos que ponernos en perspectiva: la de considerar que medios tiene el estado para hacer frente a un proceso de secesión unilateral que no es legal ni constitucional desde ningún punto de vista. Esa es la primera cuestión", explica Arbós.

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"Tiene, por una parte, el artículo 155 de la Constitución que, en las circunstancias actuales, puede tener un problema de aplicación, pues si los movimientos políticos se producen cuando están disueltas las cámaras esto acarrearía dudas constitucionales sobre si el gobierno puede utilizar el mecanismo que le da el artículo: una intervención de la autonomía, ya que el resultado de esto no es la suspensión de toda la autonomía, sino que, en función de lo que resuelva el Senado, se pueden colocar autoridades, sin determinar quienes sean, autoridades autonómicas bajo el gobierno de España", enumera el catedrático.

"Luego, en segundo lugar, un instrumento de presión que es la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que si entra en vigor pronto, como todo hace pensar que sí, hará que este tribunal prácticamente se vea obligado a exigir el cumplimiento de sus resoluciones", mediante la imposición de multas "e incluso suspender los derechos políticos de algunas autoridades. Este es el segundo elemento, si se aprueba, más viable para resolver esta situación", sigue Xavier Arbós.

"Estamos en la fase de entrar o bien en un proceso de secesión unilateral o bien que se llegue a un acuerdo para hacer un referéndum pactado, lo cual me parece imposible. Pero tenemos un 48 por ciento de los electores independentistas a los que se les ha dicho que se va a proceder a la secesión unilateral. Estamos en otra fase", acaba el académico.

En este sentido, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó ayer jueves en la radio Onda Cero que "si llegase el momento, habría que aplicar" el artículo 155 de la Constitución — que establece la posibilidad de intervenir una autonomía — para evitar que Cataluña declarase una ruptura unilateral de España.

El ministro aseguró que el gobierno español tiene "herramientas" para impedir que "el nuevo gobierno catalán tome alguna iniciativa al margen de la Constitución".

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Sigue a Quique Badia en Twitter: @qbadiamasoni