FYI.

This story is over 5 years old.

ESPAÑA

Víctimas del expolio franquista: 'la represión era una máquina de apropiación de bienes'

El franquismo tramitó 250.000 expedientes de incautación patrimonial a los "enemigos" del movimiento. Muchos españoles fueron víctimas del expolio y tras 40 años de democracia no han recuperado sus bienes.
Imagen por Paqui Maqueda
Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Por "pésimos antecedentes", por ser un "socialista peligroso" o "un devastador de templos", por "hallarse huido", por "ser más empedernida en las ideas socialistas que su propio marido"…Las fórmulas que los golpistas franquistas emplearon para justificar las ilegítimas confiscaciones patrimoniales que abarcaron unos 250.000 expedientes de incautación ilustran la arbitrariedad de uno de los mayores expolios de la historia de la España contemporánea.

Las estrategia que hoy, tras 40 años del final de la dictadura, utiliza el gobierno e incluso el opositor partido socialista [las dos formaciones que se han alternado en el poder en la España democrática] para desoír las reclamaciones de los diferentes colectivos que siguen exigiendo la devolución de los bienes que les fueron arrebatados, es el silencio. La misma que aplican para evitar responder a las preguntas planteadas por VICE News al respecto.

Publicidad

A finales del siglo XX, se aprobaron distintas iniciativas legislativas para la devolución del patrimonio confiscado a partidos y sindicatos, pero el gobierno nunca ha reconocido la deuda contraída con los particulares que también fueron víctimas del expolio. Dinero, casas, tierras, muebles, joyas, coches y todo tipo de propiedades.

Los activistas que luchan por recuperar la memoria histórica aseguran que los sucesivos gobiernos se han negado a resarcir a los afectados porque la deuda, cuyo valor aún resulta imposible de cifrar, es enorme y porque muchos de los beneficiados mantienen estrechos vínculos con el poder.

El 'saqueo' de Franco: 750 familias exigen la devolución del dinero que les incautaron. Leer más aquí.

"Que nos pidan perdón de una vez, no tienen vergüenza, no tienen perdón de Dios, a mi me lo quitaron todo", asegura una anciana de 90 años que prefiere no revelar su identidad porque, dice que "a estas alturas" ya no se fía "de nadie".

Para la familia de esta catalana, natural de la población leridana de Verdú, que sufrió el encarcelamiento de su madre durante su juventud y se vio obligada a abandonar su casa en diversas ocasiones, la huida se convirtió en la única forma de vida posible.

"Éramos como los refugiados que ves ahora por la televisión. Nos marchábamos una y otra vez porque querían llevarse a mi padre y a mi abuelo a luchar al frente. De Verdú (Lérida) a Manresa (Barcelona), luego a la vecina población de Vilomara,…", recuerda.

Publicidad

En una de estas fugas, "los nacionales nos incautaron la maleta donde habíamos empaquetado todo lo que nos quedaba: las joyas, la cubertería de plata, el dinero; todo", relata.

"Yo no quiero que me devuelvan el dinero, quiero una condena explícita y oficial al régimen franquista", exige. Para dejar claras sus intenciones, esta damnificada, hija de una sindicalista de la UGT, explica que interpuso una reclamación al Defensor del Pueblo para exigir que el gobierno le devolviera una peseta. "Era una demanda simbólica, la manera de intentar forzar un reconocimiento por parte del gobierno de todo lo que nos hicieron sufrir los franquistas".

El caso Companys resucita el dossier irresoluto de los crímenes del franquismo. Leer más aquí.

El caso de Paqui Maqueda, oriunda de Carmona, es muy diferente. Esta andaluza de 51 años considera que la devolución de la casa que le requisaron a su familia es "un acto de justicia". "A mi bisabuelo Juan lo fusilaron el 23 de agosto de 1936 por ser de Izquierda Republicana, a mi tío abuelo Pascual, el mismo día del año 39, y a su hermano, lo encarcelaron y lo condenaron a trabajos forzados. Él fue uno de los presos que participó en la construcción del Canal del Bajo Guadalquivir, conocido como el canal de los presos", explica Maqueda.

El delito que cometieron fue, dice, defender la legalidad.

Pero la represión no se acababa con la vida de los supuestos enemigos del llamado frente nacional. Tras la guerra, continua, "la casa de mi bisabuelo fue incautada y su compañera se marchó con su hijo pequeño, pues los otros dos varones se habían sumado a las fuerzas republicanas". "El alzamiento destrozó a mi familia. Recuperar la casa es como recolocar una de las piezas que volaron por los aires para que todo vuelva a su lugar", añade.

Publicidad

Maqueda cuenta con la nota del registro de propiedad que prueba que la casa era de Juan, pero la respuesta del Ministerio de Hacienda a su reclamación de devolución fue clara y rotunda en este sentido. En la misiva de respuesta, el ministerio, nos explica este testimonio, "niega el derecho de mi familia a recuperar el inmueble alegando que no hay ninguna ley que regule la devolución de propiedades a particulares".

"Si pones cara a la víctima, pones cara al verdugo", asegura a VICE News José María Pedreño, presidente del Foro por la Memoria hasta el pasado mes de febrero y actual miembro de la junta de esta organización, para explicar el por qué de la reiterada negativa de la administración central a resarcir a las víctimas del expolio.

Fusilamientos y torturas del franquismo regresan a los tribunales españoles. Leer más aquí.

"La represión era una máquina de apropiación de bienes", explica a VICE News Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Silva recuerda que cuando se abordó la Ley de la Memoria Histórica que, finalmente, fue aprobada en 2007, los ponentes del entonces gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que formaban parte de la comisión que la elaboró, se negaron a incluir la devolución de dinero y de los bienes incautados a particulares.

"Ellos alegaron inseguridad jurídica y la trampa es que lo que, en realidad, genera es inseguridad económica para quienes se apropiaron de lo que no era suyo. Si a mi familia le devolvieran lo que le quitaron a mi abuelo, quizás también nos sentiríamos más seguros", afirma Silva con sarcasmo.

Publicidad

"El proceso de incautación del patrimonio tanto de particulares como de empresas y organizaciones se desarrolló en distintas fases. Todo empezó con la rapiña de los primeros meses de la guerra, que se corresponde a los momentos de ocupación y consolidación de los golpistas en los territorios recién invadidos", explica a VICE News el historiador e impulsor del proyecto todoslosnombres.org., José Luis Gutiérrez.

Luego, continua, "a partir del 10 de enero del 37 y por decreto, el bando franquista creó las comisiones provinciales de incautación que eran organismos estables que operaban en las zonas ocupadas y que se encargaban de establecer las responsabilidades civiles [de aquellos que no apoyaron el alzamiento o cometieron algún acto considerado pernicioso para el movimiento]".

Finalmente, explica el experto, "con la Ley de responsabilidades políticas del 9 de febrero de 1939, se constituyeron unos tribunales homónimos, mediante los cuales los franquistas penalizaban al bando republicano [que fue elegido en las urnas] por haber desencadenado la guerra Civil al oponerse al Alzamiento", detalla Gutiérrez. Las sanciones podían derivar en la inhabilitación profesional, las restricciones a la libertad de residencia y las multas económicas o incautaciones.

"Hubo una evolución en estos sistemas de represión económica, cada vez más organizados y estructurados", concluye.

'La jueza nos ha deseado suerte por lo que no se puede hacer aquí en España'. Leer más aquí.

Publicidad

A 25 de agosto de 1938 y sólo en Segovia, el valor de las incautaciones de bienes ascendía a más de 160.000 pesetas, una fortuna en la época. Esta cifra, limitada a esta pequeña provincia española y circunscrita a un período de la segunda fase del expolio, puede servir como primera referencia para dimensionar el saqueo ejecutado por el bando franquista.

En Andalucía, por ejemplo, se incoaron más de 50.000 expedientes de incautación entre las comisiones provinciales y los tribunales de responsabilidades políticas.

El historiador Manuel Álvaro, en un intento de aportar una fotografía más amplia de este capítulo de la represión económica, cifra en 250.000 el número de expedientes resueltos y por resolver en la obra coral "La gran represión. Los años de plomo del franquismo" dedicada a la opresión dictatorial. Una cifra meramente aproximativa, dado a que la máquina confiscatoria creció a un ritmo tan rápido que incluso los franquistas perdieron, en ocasiones, el control del inventario del expolio.

De hecho, la cifra procede de la estimación que el propio Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, desbordado por el alud de incoaciones, realizó a petición de la subsecretaria de la presidencia del régimen dictatorial, a cargo de Luis Carrero Blanco, en otoño de 1941.

Consultado por VICE News, Álvaro también se refiere al dato relativo al Tribunal de Responsabilidades Políticas de la provincia de Madrid que, desde el final de la guerra hasta su desaparición, ejecutó una incautación de bienes por valor de 3,8 millones de pesetas.

Publicidad

"Las incautaciones fueron un proceso que se desarrolló en paralelo y a instancias de los consejos de guerra. Una cosa eran las condenas penales que se traducían en encarcelamientos o fusilamientos dictaminados por los consejos de guerra. Otra, muy distinta, era la sanción económica que aplicaban las comisiones provinciales primero y los tribunales de responsabilidades después en una pieza separada", expone a VICE News Santiago Vega, historiador y autor de "La política del miedo".

Vega explica que, en muchos casos, tras el fusilamiento del acusado, la familia debía, además, hacerse cargo de una penalización económica derivada del procedimiento de responsabilidad civil abierto en paralelo y que se resolvía tiempo después.

Caridad y voluntariado para desenterrar a las víctimas del genocidio franquista. Leer más aquí.

Una doble condena que, de acuerdo con Maqueda, acababa "por mellar totalmente a las familias".

La represión económica tuvo, sin embargo, otros canales de actuación como las suscripciones patrióticas, la incautación del papel moneda republicano, la explotación de presos obligados a trabajar en la construcción de carreteras, puertos o monumentos o la retirada de las cartillas de racionamiento a los considerados como desafectos al régimen.

Para el franquismo, sin embargo, los efectos incautados sirvieron para aprovisionar a sus combatientes para la guerra con artículos como prendas de vestir, colchones, ropa de cama para el Ejército, maquinaria, vehículos y, después, para apuntalar el régimen recién instaurado mediante la apropiación de estos bienes por parte de los nuevos gobernantes.

Los rastros de esa España atroz y criminal aún pueden recorrerse a través del actual mapa patrimonial de algunos de los beneficiarios del régimen franquista.

Sigue a Maria Altimira en Twitter: @MariaAltimira

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsES