Aprobación simbólica por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros en España

Paso de gigante en el terreno político por el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona. Después de años de lucha de colectivos contrarios a su existencia, el parlamento de la comunidad autónoma de Cataluña aprobó ayer una resolución pidiendo la clausura progresiva del CIE barcelonés, mediante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la cámara. Fue una votación por bloques en la que el apoyo de los partidos varió en función del punto.

Durante el debate previo a la aprobación, los diputados favorables al cierre recordaron que la Directiva de Retorno de la Unión Europea (UE) que regula los flujos migratorios no obliga a su existencia y que hay medidas alternativas a esta reclusión. En la UE, una directiva es un mandato que establece un objetivo al que cada país que la integra debe decidir cómo llegar a él.

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El punto concreto en el que se exigía la clausura progresiva y la implantación de medidas alternativas contó con el voto favorable de la mayoría de grupos, a excepción de dos, entre los que se encuentra el Partido Popular de Cataluña (PPC), la sección autonómica del partido gobernante en España.

El diputado del PPC Sergio Santamaría aseguró a VICE News, pocas horas antes de la votación, que la acción del CIE se da "en coordinación con el resto de países de la UE y en consonancia con la política de la Unión en la materia", y que la legislación española es "aún más garantista, en muchos aspectos". "Los flujos migratorios exigen aplicar la legislación en la materia", insistió. Para Santamaría, España añade un plus de "escrupulosidad" al baremo europeo.

Según datos del representante popular, la media de tiempo de reclusión en estos centros se sitúa en 24 días, cuando la ley establece un máximo de 60, y "el 85 por ciento de las personas migrantes internas tienen antecedentes penales o policiales", siempre según la misma fuente. La Policía Nacional no solicita "ninguna medida cautelar ni de expulsión de aquellos que no tienen antecedentes", añadió.

Pero fuentes del Síndic de Greuges catalán, una institución que garantiza la buena praxis gubernamental, afirman lo siguiente: "Nunca hemos podido acceder al CIE libremente y nuestras competencias son limitadas. Podemos gestionar las quejas que recibimos pero no tenemos datos. Será difícil confirmar este dato, pues no tenemos éste ni ninguno", afirman en referencia a la ratio de antecedentes entre los internos del 85 por ciento.

Marc Serra, miembro de Tanquem els CIE (Cerremos los CIE en catalán), va más allá: "El PPC confunde deliberadamente antecedentes penales con antecedentes policiales. Desde un punto de vista jurídico, los antecedentes policiales no tienen ningún valor". "Seguro que una persona extranjera que vive sin permiso de residencia tiene antecedentes policiales, pues sufre identificaciones racistas solo por estar en situación irregular", ejemplifica para VICE News.

Y recuerda: "A través de una pregunta en el Congreso de los Diputados hemos pedido al gobierno español que se nos faciliten datos sobre el perfil de los internos. No solo su historia policial, sino también su procedencia. Nunca nos los han dado".

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El diputado del PPC recordó que el cierre del CIE es una competencia exclusiva de la administración central del estado. "Es una propuesta que pretende utilizarse políticamente para torpedear al gobierno central", opina, "y en ningún caso el CIE es un centro cerrado y opaco en el que se vulneran los derechos humanos. Eso es una falsedad", afirmó Sergio Santamaría tajante.

Una sentencia matizable. A principios de enero de 2014, el parlamento catalán acordó acceder al centro de reclusión mediante una visita oficial. La delegación del gobierno español en la comunidad autónoma la denegó. El 10 de enero, varias diputadas catalanas y una eurodiputada desobedecieron esta denegación simulando que eran familiares y amigas de internos. 20 días después, el gobierno de España organizó una visita institucional.

Fue un punto de inflexión en la lucha contra la opacidad en los CIE, según Marc Serra, y el punto de partida del compromiso institucional por el cierre.

El diputado popular añade: "Instituciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) ponen de manifiesto que ninguna irregularidad se está produciendo en el funcionamiento del centro".

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Pero la responsable de comunicación y relaciones externas de ACNUR en España, María Jesús Vega, ha declarado a VICE News que "las visitas que hacemos a los CIE no tienen el objetivo de realizar una evaluación o un análisis global de las condiciones de acogida, porque es un tema que escapa al mandato de ACNUR", explica. "Nos enfocamos al ámbito del asilo. Las observaciones y sugerencias que podamos tener en este aspecto se las trasladamos a las autoridades y una de las cosas que pedimos es que no se lleve a los CIE a quienes han manifestado su interés por solicitar asilo".

Y el CPT emitió un informe el pasado 9 de abril en el que denunciaba "trato vejatorio, ambiente carcelario, hacinamiento e indefensión" por la falta de abogados que hablen el idioma de los reclusos en los CIE.

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Han sido meses de intensas movilizaciones. A finales de año, miles de personas rodearon el CIE barcelonés para pedir su cierre. Y hace pocas semanas, otros tantos miles se manifestaron ante sus puertas, pero con el añadido de la presencia de la nueva alcadesa de la ciudad, Ada Colau, enfrente de un partido que lleva en su programa el compromiso de presionar políticamente para conseguir su clausura.

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En las intervenciones se recordaron las muertes de Idrissa Diallo, Mohamed Abagui, Samba Martine, Aramis Manukyan en varios CIE del Estado español, algunas de las circunstancias de las cuales han quedado sin esclarecer.

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