Violados y obligados a matar. Menores, 'carne de cañón' en el conflicto de Colombia

Enrique Cossio Mosquera ingresó en las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio en 1997. Aprendió el manejo de armas cortas y largas. AK-47 y el M-16, entre otras. Lo instruyeron en las técnicas que usa la guerrilla y a cómo relacionarse con la población civil ya como uniformado.

También le enseñaron a desmembrar un cuerpo. Los cuerpos debían desaparecer, decía el instructor, y si es por partes se mueve menos tierra. Cossio Mosquera tenía 11 años cuando entró en los paramilitares y todo eso lo aprendió en apenas tres meses y medio.

"Los menores han sido carne de cañón en el conflicto colombiano. Los han tenido cuidando secuestrados, cocinando o con un fusil disparando", señala a VICE News el abogado Mario Gómez, autor del informe El derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedadque presentó el miércoles UNICEF en Bogotá, la capital colombiana.

"Han servido también de manera vulgar al apetito sexual de grupos armados, han sido desplazados, golpeados, obligados a abandonar su educación, han terminado desnutridos…", continúa.

El estudio recoge un buen número de sentencias y testimonios como el de Cossio Mosquera que dan fe de las palabras de Gómez.

El documento enumera también las violaciones de derechos que más se repiten: reclutamiento y utilización por fuerzas y grupos armados, muertes y mutilaciones, actos de violencia sexual, secuestros, ataques contra escuelas y hospitales; y denegación de acceso humanitario.

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El porcentaje de niños y adolescentes víctimas del conflicto armado supera actualmente el 30 por ciento, según datos oficiales de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. "Y además hay muchas otras personas, que aunque ya son hoy adultas, fueron víctimas cuando eran menores de edad", recuerda Roberto de Bernardi, representante de UNICEF en Colombia.

El Grupo de Memoria Histórica pudo identificar 405 menores entre las víctimas de los grupos armados. Lo que supone el 3,4 por ciento de los casos documentados entre 1980 y 2012. "De hecho atacar a los menores en las masacres se convirtió en una acción para devastar a los sobrevivientes y comunicar a los enemigos el colapso de cualquier límite moral del conflicto armado", señalan en este organismo.

Se alerta además de la alta vulnerabilidad de los menores pertenecientes a etnias indígenas y comunidades afrodescendientes, los más afectados por la pobreza en el país andino. "Imagine a uno de estos niños con graves carencias en lo que concierne a la educación y a la salud, si además pisa una mina antipersonal", apunta el autor.

Las sentencias recogen duros episodios protagonizados por todos los actores armados: guerrillas, paramilitares y fuerzas armadas, como el caso del subteniente del Ejército Nacional Raúl Muñoz.

El oficial entró a una finca en Tame, departamento de Arauca, al este del país, llamada El Capricho. Allí violó a una niña de 13 años que se encontraba con sus dos hermanos de nueve y seis. Tras la violación mató a los tres menores y los enterró en una fosa. Tras la recuperación de los cuerpos, la autopsia reveló numerosas heridas de machete en ellos.

"Sin entrar a calcular cual es el mayor mal, sí diría que la peor tragedia es la de aquella menor reclutada a la fuerza y obligada a matar. Que ha sido permanentemente abusada y amenazada para abortar después. Que ha sufrido la amputación de algún miembro. Y que, por último, es afrodescendiente o indígena con bajo nivel educativo", describe Mario Gómez.

El abogado y autor del reporte apunta que la descripción puede parecer rebuscada pero es, en realidad, una imagen tan dramática como frecuente en Colombia.

El documento saca a la luz ciertas sentencias que "honran en forma deficiente el tratamiento (…) que debe observarse en el marco de los derechos de la niñez". En la mayoría de estos casos no se describen con detalle los derechos vulnerados ni se da la suficiente voz a los menores para que expliquen lo ocurrido.

Otro de los puntos negros es el alto índice de estos delitos que quedan sin castigo. "Colombia tiene unos indicadores de impunidad que sobrepasan el 90 por ciento. Sólo uno de cada diez se falla a favor de la víctima", asegura Gómez.

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El gobierno de Bogotá es consciente y por ello ha enmarcado el proceso de paz en La Habana (Cuba) con las FARC dentro de un marco de justicia transicional. Ello implica trabajar cuatro líneas paralelamente: comisiones en las que se desvele la verdad de los hechos, reparación de las víctimas, justicia y garantías de no repetición.

"Un ejemplo es que una de las primeras medidas que se llevarán a cabo si se firma la paz con la guerrilla es que las primeras víctimas de las que se van a encargar son de los menores reclutados en sus filas", revela el abogado y autor del informe.

Los menores, al igual que las mujeres y los indígenas, por ejemplo, ya están representados en este proceso. "Pero lo importante no es tanto el número de veces que se vaya a La Habana, sino que las voces estén representadas y la paz garantice la no repetición", añade.

Uno de los pilares de la recuperación de los menores es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que entre 1999 y 2015 atendió 5.817 menores de edad que sobrevivieron al reclutamiento en los grupos armados ilegales.

El 83 por ciento de las víctimas se entregó voluntariamente y el 17 por ciento llegó al programa del ICBF tras operaciones militares o policiales. "En la actualidad hay 363 niños, niñas y adolescentes en el programa", señala a VICE News Ana María Fergusson, directora de Protección de este organismo.

La gran mayoría de las víctimas atendidas han ingresado al programa de atención especializada a los 17 años (2.179) y los 16 años (1.626). El 71 por ciento son hombres y el 29 por ciento mujeres. Entre las víctimas hay 540 menores de edad indígenas y 378 afrocolombianos, según las estadísticas de este organismo.

"El trabajo social y psicológico que se hace con estos menores es complejo. Son niños que necesitan una red de apoyo comprometida, herramientas para reconstruir sus sueños y la posibilidad de reencontrarse con sus familias biológicas. Lo cual solo es posible cuando las condiciones de seguridad lo permiten", explica Fergusson.

En una sociedad tan polarizada como la colombiana, el ICBF considera fundamental que las familias, el Estado y la sociedad comprendan que los menores reclutados en los grupos armados ilegales siempre son víctimas. "Y que así hayan decidido vincularse por su propia voluntad a las filas ilegales, su decisión se originó en situaciones de vulneración", concluye la directora de Protección del Instituto.

Este organismo realiza un acompañamiento continúo de las víctimas para tratar de que éstas se reintegren en la vida académica y laboral, e incluso puedan rehacer su vida familiar. De todos modos, para la Defensoría del Pueblo queda aún mucho camino por hacer en este sentido.

"El Estado colombiano infortunadamente no cuenta aún con herramientas suficientes que garanticen una cobertura de atención psicosocial al 100% de las víctimas del desplazamiento y de violencia sexual", asegura a VICE News María Cristina Hurtado, delegada para este organismo en Infancia, Juventud y Adulto Mayor.

Dichas carencias se deben, entre otras causas, a la insuficiencia de recursos para contar con especialistas que coordinen este tipo de atención. Además de la falta de capacidad estatal para llegar a los distintos territorios donde se encuentran estas víctimas dada su lejanía o su difícil acceso.

"En el caso de las víctimas de violencia sexual, las dificultades son mayores debido al tipo de afectación que produce esta forma de violencia y por la necesidad de garantizar procesos de acompañamiento terapéutico a largo plazo", explica Hurtado.

Por último, el informe Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentesrealizado por la defensoría sostiene que la política del Estado colombiano en materia de prevención de reclutamiento ha sido insuficiente para evitarlo.

El estudio asegura que la pobreza, la falta de acceso a educación y salud, y la carencia de redes afectivas y de protección son las causas subyacentes que llevan a un menor a ingresar forzosa o voluntariamente en un grupo armado.

A las múltiples violencias que día a día sufren los menores debe sumarse la falta de respuesta estatal. "Por lo que nos encontramos en la imposibilidad de protección integral de sus derechos y que su interés superior pueda ser una realidad, aniquilando cualquier posibilidad de futuro", concluye el informe.

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