La violencia entre terratenientes y los indígenas de Chile sigue empeorando

Un día de junio de 2015, Sonia Navarrete, dueña de un pequeño negocio de silvicultura en Chile, se dirigía a su casa acompañada de su esposo, cuando ambos fueron emboscados por un grupo de cinco hombres encapuchados. Los atacantes los ataron y los mantuvieron cautivos una hora, para luego quemar su casa hasta convertirla en cenizas.

Cinco meses después del incidente, Belarmino Curipán, un granjero mapuche, se encontraba arando una parcela que se había adueñado ilegalmente, cuando de repente escuchó un helicóptero acercarse. Poco después, se percató de un dron y de un grupo de 150 policías. Curipán huyó hacia el bosque, y cuando regresó, vio que su casa había sido demolida con motosierras.

Ambos, Navarrete y Curipán, viven en las afueras de Collipulli, un poblado localizado en la región central chilena de Araucanía, 355 millas al sur de Santiago, la capital del país.

Ambos perdieron sus hogares, pero están en lados opuestos de un largo y, al parecer, interminable conflicto sobre los derechos de las tierras entre los indígenas mapuches y los chilenos en su mayoría de ascendencia europea.

El conflicto, el cual ha subido de tono en meses recientes, tiene su raíz en el siglo XIX, cuando el ejército chileno invadió la región de Araucanía, que en ese tiempo era territorio autónomo mapuche. Los chilenos dieron las tierras a propietarios privados, hundiendo a las tribus mapuches en la pobreza. La represión policial en contra de los activistas mapuches también ha alimentado el conflicto, al igual que las tensiones entre los campesinos indígenas que viven en la pobreza y los terratenientes.

En 1992, dos años después del final de la dictadura de hierro chilena de Augusto Pinochet, el problema de los mapuches resurgió. Ese mismo año se celebró el aniversario 500 del llamado "descubrimiento" de las Américas por Cristóbal Colón, y los pueblos indígenas en todo el continente aprovecharon la ocasión para recordarle al mundo que sus ancestros estuvieron ahí mucho antes que los conquistadores. Para los mapuches, dicho año inauguró el actual ciclo de tensión, enfrentamientos, y conflictos.

La disputa se hizo todavía más grande en 1997, cuando el gobierno chileno aprobó la construcción de la central hidráulica Ralco, localizada en Alto Bio Bio, justo en medio del territorio mapuche. Esto ocasionó los primeros ataques de guerrillas en contra de la policía y propiedad privada en el área.

El conflicto se intensificó en los últimos dos años cuando el ex presidente de derecha Sebastián Peñera y el actual gobierno izquierdista de Michelle Bachelet comenzaron a utilizar una ley antiterrorista impuesta bajo el régimen de Pinochet en contra de los mapuches. Los líderes de la tribu y ONGs internacionales han criticado la ley, que de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, restringe algunos derechos fundamentales como la libertad de circulación y un proceso justo ante la ley, ya que dicha ley permite que los fiscales y los jueces prolonguen detenciones preventivas y el uso de testigos anónimos.

La situación fue tan alarmante que Bachelet visitó el área de Araucanía el 29 de diciembre de 2015 con la intención de calmar el conflicto. Dos días después, el Ministros del Interior, Jorge Burgos, también viajó a la región, y pasó el año nuevo en las afueras de Collipulli, un pueblo localizado en el "área roja" del conflicto.

"Esperamos que este año sea más tranquilo por el bien de todos los chilenos pacíficos que viven en esta región", dijo Burgos.

Hasta el momento, las cosas no han salido de esa manera.

Dos días después de la visita de Burgos, las autoridades encontraron una bomba afuera de la prisión de Temuco en el área disputada con una nota donde se exigía la liberación de los prisioneros indígenas.

En los primeros meses de 2016, los empresarios de agricultura y silvicultura han presentado al menos 20 quejas de ataques de incendios provocados. El peor incidente ocurrió el 2 de marzo, cuando 12 camiones de una compañía de silvicultura fueron emboscados por un grupo de hombres encapuchados que les dispararon y quemaron seis vehículos. Los mapuches han sido culpados considerablemente por estos actos.

Domingo Namuncura, mapuche que funge como embajador de Chile en Guatemala, insiste que los miembros del grupo indígena no son violentos. "El pueblo mapuche es pacífico en su mayoría", dijo. "Solo hay violencia en situaciones específicas".

Namuncura dijo que otros asuntos agravan los problemas subyacentes de las tierras, como la discriminación social y cultural, la marginalización política, y la percepción generalizada en Chile de que "las cosas indígenas tienen menos valor".

También existen acusaciones de que la policía ha tratado a los mapuches de una forma injusta y brutal.

La comunidad Mapuche Mallekoche acusó a la policía de robar sus pertenencias durante una redada violenta el 3 de enero. Un mes después, la policía detuvo a Daniel Melinao, líder indígena quien ya había sido arrestado por circunstancias dudosas y detenido por un año en 2012. Esta vez, Melinao está acusado de provocar incendios, de agredir a oficiales de la policía, y robo.

Las severas tácticas de la policía en contra de los mapuches no son algo nuevo. En noviembre de 2002, el líder mapuche Víctor Ancalaf caminaba por las calles de Temuco, la capital de la provincia de Araucanía, cuando fue golpeado brutalmente por un grupo de al menos 10 hombres. Tiempo después se supo que los atacantes eran policías vestidos de civil que habían sido mandados para arrestarlo.

Ancalaf fue el primer hombre indígena acusado de terrorismo, y fue sentenciado a cinco años de prisión por incendios provocados.

Finalmente, su caso llegaría hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual falló en contra del estado chileno en 2014, obligando a las autoridades a cancelar su sentencia y a pagarle millones de dólares de compensaciones. Pero la decisión de la corte llegó demasiado tarde. "Ya había salido de prisión. Había cumplido mi sentencia", dijo Ancalaf.

Ancalaf insiste que su terrible experiencia no lo detendrá de seguir presionando a Chile para que regrese 81.5 millones de hectáreas que fueron tomadas de los mapuches en el siglo XIX. Los mapuches también quieren el reconocimiento constitucional del pueblo indígena, y autonomía política y económica.

"Defenderé esta tierra con mi vida. Tengo 53 años y nada que perder", dijo. "Quiero morir luchando. Quiero pasar a la historia".

Muchos mapuches consideran también que las condiciones económicas de los indígenas juegan un papel clave en el conflicto. De acuerdo con cifras oficiales, Araucanía es la región más pobre de Chile, donde cerca de un tercio de la población vive por debajo del umbral de pobreza.

Terratenientes de grandes extensiones como Juan de Dios Fuentes son los enemigos principales de los mapuches. El empresario de 43 años y su familia controlan más de 49 hectáreas de tierras, en su mayoría utilizadas para la crianza de animales.

VICE News habló con Fuentes dos días después de que fue atacado por hombres armados. Él se encontraba desarmado, y mencionó que había sido el más reciente de una larga cadena de incidentes.

"El primer ataque ocurrió en 2003, y hemos sido atacados 240 veces desde entonces, hasta con un rifle M16", dijo. "Nunca nos han robado porque los ataques tienen el propósito de generar miedo para que nos alejemos y dejemos estas tierras para ellos. Por eso decimos que son ataques terroristas".

El empresario calcula que ha perdido 2.7 millones de dólares por los ataques en su contra. Actualmente es el líder de la fundación Paz en La Araucanía, y ha compartido sus anécdotas en eventos públicos en todo Chile.

"Ser una víctima toda tu vida no es una opción", dijo Fuentes. "No me gusta".

Fuentes dijo no apoyar la idea del gobierno que pretende comprar extensiones de tierra para dárselas a los mapuches porque pondría en riesgo a los actuales terratenientes. Cree que sería mejor pagarle a los mapuches en compensaciones.

"Si no les vendemos, los mapuches comienzan a amenazarnos para que nos vayamos. Esta política de estado está creando una incentiva malintencionada para que los ataques en contra nuestra continúen", dijo el terrateniente.

También existen varios terratenientes que sienten han sido victimizados por los mapuches. El 8 de agosto de 2008, la granjera Marilí Vallejo de 53 años, se sintió asustada. Por varios días la gente se la pasó aventando piedras a su casa y se sintió tan amenazada que decidió quedarse un día en la casa de sus padres. Dice que un vecino llamó a la puerta aquella noche y le dijo que su hogar y su terreno estaban en llamas.

"Cuando llegué al lugar, la mitad de mi casa estaba quemada. Lo perdí todo", dijo Vallejo a VICE News. Sin casa o trabajo, tuvo que llevar a su hija de 17 años a vivir con su madre discapacitada y de edad avanzada. Ahora, dice, tiene problemas para vender su terreno al gobierno, y comenta que visitar su antigua casa es muy peligroso.

"Ni siquiera puedo trabajar en mi propiedad", comenta. "Son tierras desperdiciadas que no puedo utilizar".

Actualmente, Vallejo encabeza la Asociación Rural de Víctimas, una agrupación de 43 miembros quienes, al igual que ella, han perdido su patrimonio o se encuentran bajo amenaza. La mayoría de los miembros del grupo no cuentan con suficiente dinero para contratar abogados.

"No pueden decir que somos dueños de tierras. El grupo tiene miembros pobres que poseen menos de dos hectáreas de terrenos, y que son amenazados por los mapuches", dijo, mientras mostraba una fotografía de su terreno en cenizas. "Para mí, esto es terrorismo".

Ambos lados se consideran víctimas, pero hay un hombre que intenta reconciliar la situación. Francisco Huenchumilla es la primera persona de origen mapuche en ser nombrado como intendente de Araucanía en 2014, convirtiéndolo en uno de 15 líderes regionales nombrados por el gobierno en todo el país. En su discurso inaugural, le pidió a los mapuches y terratenientes perdón en el nombre de Chile.

"Si los mapuches quieren de regreso sus territorios, pero están siendo ocupados por terratenientes privados, ni los mapuches, ni los grandes o pequeños propietarios tiene la culpa. El estado fue el que llevó a estas personas a un territorio conflictivo", dijo Huenchumilla a VICE News.

"Lo primero que el gobierno deber hacer para resolver este problema es hacer un diagnóstico correcto. Tiene que creer que se trata de un conflicto político, y no criminal. La represión de la policía se ha utilizado desde la década de los 90, y no ha dado resultados", añadió. "Si continuamos viviendo con una política de represión policial, nunca llegaremos a una solución".

Tan solo 17 meses después de tomar posesión del cargo, Huenchumilla fue despedido. Estaba a punto de presentar un plan para terminar con la violencia en la región que incluía la representación parlamentaria por parte de los mapuches, comprar terrenos para el pueblo indígena, y una compensación económica para las víctimas del conflicto. Andrés Jouanne, el nuevo intendente nombrado por la presidenta Bachelet tiene una opinión completamente diferente sobre la situación.

"No hay un conflicto con los mapuches", dijo Jouanne. "Estas personas son criminales que cometen actos violentos y son ampliamente divulgados. Están intentando vincularlos con la causa mapuche".

Mientras tanto, aquellos afectados por la violencia siguen viviendo en condiciones precarias. Los Navarrete, cuya casa fue quemada, y Belarmino Curipán, el "paracaidista" que perdió su casa por ataques con moto sierras, han sido abandonados en el limbo.

Sonia Navarrete y su esposo ahora viven en una casa de emergencia provista por las autoridades chilenas. Es cuatro veces más pequeña que su propiedad original, y es vigilada por la policía 24 horas al día. Además de su casa, también perdieron 44.5 hectáreas de pinos que eran su único apoyo económico.

Luego de enterarse que su casa había sido destruida, Curipán se dio cuenta que sus artículos de cocina y sus colchones habían sido robados.

"Una camioneta de la compañía de gestión forestal llegó junto con los policías. Demolieron mi casa y se robaron las cosas. Los vi desde mi escondite en el bosque", comentó. El granjero reconstruyó su hogar, pero teme que vuelva a ser destruido

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