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ESPAÑA

Qué violencias pudieron empujar a un menor transexual al suicidio y cómo afrontarlas

El suicidio de Alan, un adolescente transexual de 17 años, sitúa el debate sobre la transexualidad en la esfera pública española. Esta opción sigue siendo considerada una patología por los manuales internacionales de diagnóstico.
Imagen de Alan, quien se quitó la vida el pasado 24 de diciembre. (Imagen vía Retrica)
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Eran vísperas de Navidad cuando se quitó la vida: tenía 17 años. "No es un suicidio, es un asesinato social", leyeron en voz alta de un manifiesto miembros de la organización convocante ante el millar de personas concentradas en Barcelona para denunciar la transfobia que, entienden, empujó al joven Alan a tomar esta drástica decisión.

El adolescente transexual habría sufrido acoso en varios centros escolares. Alan había librado una dura batalla para que le permitieran cambiar su nombre en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Una proeza, pues sólo ha habido 25 menores que lo han conseguido hasta el momento. Antes del suicidio permanecía ingresado por depresión: recibió un permiso para pasar las fiestas en familia.

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Los manuales internacionales de diagnóstico siguen considerando a la transexualidad una patología. En 2012, la iniciativa Stop Trans Pathologization (STP2012) organizó movilizaciones en todo el mundo para suprimir los trastornos de identidad de género y la disforia de género, o angustia por la no identificación con el género asignado, de la lista de trastornos mentales, cómo ya lo hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1990 con la homosexualidad.

La victoria de STP2012 fue parcial: se consiguió eliminar la categoría de trastornos de identidad de género, pero permaneció la disforia de género; un término que, a pesar de que los integrantes de la campaña reconocen menos estigmatizante, entienden que asocia los procesos de tránsito de género "a un estado de sufrimiento o malestar".

David Tello, presidente de Chrysalis (Asociación de Familias de Menores Transexuales) en Cataluña, rechaza el término 'disforia de género' y prefiere hablar de 'euforia'.

"Cuando nuestros hijos desde bien pequeños realizan el tránsito social, es decir, se cortan el pelo o se lo dejan más largo, visten con la identidad deseada, les nombran con su nombre sentido, tienen un entorno favorable… viven una euforia ya que son superfelices", destaca Tello, quien cuestiona el protocolo de actuación diseñado por las autoridades.

"El hecho de ir a un hospital clínico y que te tengan que diagnosticar disforia de género, que tengan que hacer preguntas a nuestros hijos, hablar con los padres y con los niños por separado. Por el simple hecho de tener que ir a una unidad de salud mental, piensas: 'Si mi hijo es feliz, ¿por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué le tienen que diagnosticar? Si mi hijo no necesita ningún psicólogo, ni psiquiatra'", reflexiona David Tello.

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"Hay que entender que existen niños con vulva, como mi hijo; y existen niñas con pene", señala este padre activista.

"Si se estudiara, si se explicara a los niños desde pequeños en Anatomía, si se formara al profesorado para que pudieran detectar casos, incluso que los propios alumnos tuvieran información y pudieran ellos mismos alertar de cualquier acoso. Hay que cambiar la mentalidad socialmente de una vez, ya que la transfobia mata, no solo matan los golpes, sino las palabras y los hechos también", denuncia Tello.

Los padres de Alan, que llevaban un mes como miembros de Chrysalis, han pedido a la organización que transmitan el mensaje de que han sido "la sociedad y el acoso escolar quienes han matado a su hijo".

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STP2012 ya exigía en la primera década del 2000 el libre acceso a los tratamientos hormonales y a las cirugías sin tutela psiquiátrica.

Fuentes hospitalarias consultadas por VICE News explican el proceso de diagnóstico de la disforia de género: se da un acompañamiento psicoterapéutico para constatar que quien toma la decisión de cambio es consciente de lo irreversible del tránsito. Hecho esto, empieza el llamado proceso de reasignación de un nuevo sexo. En este proceso intervienen psiquiatras, psicólogos, neurólogos, endocrinos, ginecólogos y urólogos.

La persona que toma esta vía es examinada por un psiquiatra o un psicólogo clínico que la entrevista y le hace varias pruebas para determinar que no sufre ninguna depresión o psicopatología que interfiera en la decisión. La herramienta utilizada por los responsables del área de psiquiatría es el Test de de Minnesota.

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Tras este examen, un endocrino llevará a cabo varias pruebas y análisis para empezar un tratamiento hormonal: el llamado "Test de la vida real", en el que el sujeto experimentará las implicaciones del proceso elegido cuando proyecte su nueva identidad. El último paso antes de ser reconocida la reasignación de identidad de género es el de la cirugía, aunque no es obligatorio.

Correcciones genitales

La reasignación siempre bascula en términos binarios hombre-mujer, algo que en el momento de nacer puede llegar a implicar cirugía invasiva: España no prohíbe la mutilación con fines correctivos de personas con atributos sexuales biológicos tanto masculinos como femeninos, conocidas como intersex.

La OMS, la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el Alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y de nuevo la OMS se han pronunciado en el último año y medio contra las intervenciones quirúrgicas correctivas en personas intersex por creer que atentan contra los derechos fundamentales. Pero esta condena no parece haber surtido efecto sobre España, que sigue sin prohibirlas.

"El Estado español debería ser procesado por crímenes de lesa humanidad por permitir las mutilaciones de personas intersexuales y exigir hormonación y patologización a las personas transexuales para cambiar su sexo en el DNI", declara tajante a VICE News Daniel Jesús García López, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada y autor del libro Sobre el derecho de los hermafroditas.

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García recordó, en un artículo publicado en El Periódico de Cataluña pocos días después del suceso, que la ley española 3/2007 solo permite un cambio de nombre en el documento de identidad una vez que se ha diagnosticado la disforia de género y tras dos años de tratamiento hormonal. Pero menores como Alan quedan excluidos de este supuesto y deben requerirlo por vía judicial.

Se han ganado juicios en la Unión Europea (UE) por mutilaciones genitales: la sentencia más reciente, con fecha de 17 de diciembre 2015, la emitió un tribunal de Nuremberg. La corte estatal condenó a una clínica universitaria a pagar una compensación a Michaela Raab por un tratamiento de corrección no consentido, que incluye una amputación parcial del clítoris, castración e imposición de hormonas.

Y la patologización es solamente uno de los agravios que sufre el colectivo: al acoso que sufrió Alan y que sufren muchas otras personas en tránsito hay que añadir que entre un 60 y un 80 por ciento de paro golpea a las transexuales, de acuerdo con estudios citados por las asociaciones.

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Erradicar las violencias

Daniel Jesús García propone atajar el problema de raíz en el ámbito legal: la eliminación jurídica del sexo para acabar con el binarismo hombre-mujer que, sostiene, ya no representa la pluralidad de hoy en día.

"La categoría jurídica "sexo" tenía sentido (obviamente antidemocrático) cuando la mujer estaba bajo la tutela del hombre (del padre, del marido). Pero una vez se elimina esta dependencia, ¿qué sentido jurídico tiene el sexo?", opina García.

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La Ley Orgánica del Servicio Nacional de Gestión de Identidad y Datos Civiles aprobada en Ecuador el pasado 10 diciembre permitirá a personas mayores de edad cambiar el campo de sexo por el de género en sus documentos de identidad, una iniciativa celebrada por los principales colectivos LGTB del país.

El profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada aboga por cambios constitucionales y legales de gran calado como el ecuatoriano, y cita algunos ejemplos:

"La Constitución de Ecuador de 2008 consagra la no discriminación por identidad de género (artículo 11) o el deber de respetar la identidad sexual y de género (artículo 83). En un nivel legal, el texto que marca un antes y un después es la Ley de Identidad de Género de Argentina (26.743) del año 2012: aquí se reconoce el derecho a la identidad de género (artículo 1). De ahí que, coherentemente, esta ley permite el cambio registral del sexo en el Documento Nacional de Identidad a todas las personas, sean mayores o menores de edad, sin necesidad de pasar por un proceso patologizador como ocurre en España. En otras palabras, en Argentina la transexualidad no es una enfermedad. En Argentina es suficiente con la voluntad libremente expresada ante la autoridad administrativa (artículo 4 y 5)", enumera García.

Otra medida que se tomó en Argentina para atajar la discriminación laboral fue el establecimiento de cuotas de contratación de personas transgénero en la administración pública.

Aunque también las hay en el ámbito de la UE: "Siguiendo esta estela, en 2014 se publican otras dos leyes: Dinamarca despatologiza la transexualidad y permite el cambio de sexo en el DNI sin pasar por un proceso patologizador y quirúrgico/hormonal", añade el autor de Sobre el derecho de los hermafroditas.

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