Visibilizar para actuar: respuestas integrales contra los crímenes de odio en España

Ndombele Augusto Domingos, "Jimmy" para sus amigos, tenía 16 años cuando lo asesinaron. Fue en el transcurso de una reyerta en 2002 en Costa Polvoranca de Alcorcón, una zona de bares de la localidad madrileña. Cuatro años después, la Audiencia Provincial de Madrid condenaba a 18 años de prisión a José David Fuertes por el crimen.

Pero el tribunal decidió no imponerle un agravante por racismo, a pesar del testimonio de Jesús María, amigo del acusado, quien sostuvo ante la magistratura que, antes de apuñalar a Ndombele, Fuertes profirió: "¿Tú quieres movida, negro? Ahora vas a tener movida, negro". El asesino del adolescente de raíces congoleñas era conocido por su vinculación al mundo ultra.

Una investigación llamada Crímenes de Odio recoge este y otros tantos casos, casi 90, comprendidos entre 1990 y hasta hoy, basándose en los datos sistematizados del Informe Raxen del Movimiento Contra la Intolerancia.

"Crímenes de Odio pone de relieve que el problema es serio y que hay una indolencia institucional que da miedo. Y ese registro y el apoyo a las víctimas lo debería haber hecho el estado. Pero no solo los estados: en muchos casos tenemos la noticia de suceso y luego la prensa ya no vuelve a ello", cuenta a VICE News Miquel Ramos, organizador de la iniciativa.

"Y también, de alguna manera, queremos rendir homenaje a esta gente que ha sido olvidada. Ya no solo en la memoria colectiva, sino menospreciada por la administración y los medios", añade Ramos. Aunque el efecto de esta propuesta puede ir mucho más allá del mero recuerdo.

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"Todas las instituciones que trabajan con delitos de odio piden censar este tipo de infracciones, lo que se denomina 'garantía estadística'. Es imposible intervenir desde el ámbito jurídico o desde el ámbito público sin conocer el fenómeno, y constatar una tipología de casos", afirma a VICE News Laia Serra, abogada vinculada a la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos y asesora del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC).

Serra ejemplifica: "Si de 100 agresiones contra transexuales 99 son en bares y discotecas, el legislador puede constatar qué es lo que pasa ahí. Eso permite diseñar sanciones específicas".

"Esa monitorización de los hechos tiene una consecuencia inmediata: la reclamación de una política criminal preventiva y de intervención y la reclamación de una política victimológica de prevención y de ayuda a las víctimas", añade a VICE News en el mismo sentido Esteban Ibarra, presidente del Movimiento Contra la Intolerancia.

El pasado verano entró en vigor el nuevo Código Penal en España. La reforma incluye nuevos artículos que penalizan los delitos de odio, hecho que celebraron los activistas en favor de los derechos de las personas que están en el punto de mira de esa violencia. Hace ya dos años que el Ministerio del Interior documenta este tipo de crímenes, y en 2014 se impulsó un protocolo de actuación policial para combatirlos.

A otro nivel, el parlamento de la comunidad autónoma de Cataluña aprobó, a finales del mismo año, una ley integral contra la LGTBfobia que permitía iniciar procesos sancionadores por discriminación ahí donde el derecho penal no podía actuar. La abogada Laia Serra está en primera línea del Observatorio Contra la Homofobia, uno de los colectivos que presionaron para que se implantara la ley. Pero en ambos niveles media un problema de difusión de la norma y formación de los cuerpos policiales, de acuerdo a los activistas.

"Las denuncias se escoran en función de la seguridad que tiene el colectivo. Por ejemplo, los LGTBI denuncian más, por la seguridad contextual que tienen, que los senegaleses", apunta Ibarra, quien asegura que "hay miedo a la denuncia". Según datos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 90 por ciento de los delitos de odio cometidos en el continente no se denuncian.

"Pero tampoco la policía está preparada. He leído atestados en los que se refieren a una riña tumultuaria y lo que se ha producido es que diez nazis le pegan una paliza a un indigente. Tenemos muchos problemas para objetivar el caso", opina el presidente del colectivo contra la intolerancia. Un déficit extensible a la judicatura, a juzgar por el caso con el que abre el artículo.

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En la iniciativa de investigación para visibilizar los crímenes de odio subyace la necesidad de una respuesta integral, antes y después de la comisión de un delito circunscrito en esta tipología. Los colectivos y agentes implicados en esta área entienden que las reformas del Código Penal y la ley catalana contra la homofobia permiten avanzar en ese sentido; también la ley de 2009 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. Pero con discrepancias.

"Una ley contra la discriminación es complementaria, pero no sustitutiva, para infracciones menos graves que se puedan sancionar económicamente. La objeción que yo pongo a esa ley es que habría que tirar con una ley general antidiscriminación. Las leyes antidiscriminatorias han de ser generales, porque sino mañana eso fuerza a tener que sacar una ley general para todos los demás", sostiene Ibarra.

Y no es la única cuestión problemática: no existe una definición consensuada a nivel internacional que permita determinar cuándo estamos ante un delito de odio. Y una respuesta técnica es insuficiente, para algunas.

"Cada vez que se intenta hacer un mapeo hay que recordar que las categorías no son neutras: los datos que se recogen, saber que se queda dentro, que se queda fuera, etc. Los ítems de recogida de estos crímenes, que tienen que ver con la definición de fondo, son categorías no neutras. Hace falta tener en cuenta estos criterios", declara Laia Serra.

El mismo portal de crimenesdeodio.info ilustra lo complejo del debate. La categoría "misoginia" de la iniciativa de monitorización de este tipo de violencias remite a feminicidio.net, una web que contabiliza los asesinatos de mujeres por el solo hecho de serlo. Suma los crímenes de la violencia machista no sistematizados a las cifras oficiales recogidas por el Gobierno español de cónyuges o parejas sentimentales. La propia idea de feminicidio es una categoría política que pelea por romper con la barrera entre la dimensión íntima y la dimensión pública.

"Si rompemos con esa idea de que lo que nos pasa en la esfera privada es porque somos 'pareja de' y lo que nos pasa en el espacio público es porque somos vulnerables, entonces tenemos una sola cuestión que es la violencia contra las mujeres por el simple hecho de serlo", explica a VICE News la abogada focalizada en violencia de género y compañera de bufete de Serra, Carla Vall.

"La creencia del legislador es que esas desigualdades se generan en el ámbito de la pareja y no por una situación social de machismo y misoginia, directamente. Se puede decir que vivimos en una sociedad racista, pero es impensable que asumamos que vivimos en una sociedad machista y que esto comporta consecuencias más allá de tener un salario más bajo", continúa Vall.

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"Los delitos de odio són un concepto fenomenológico. Cualquier delito puede tener una motivación de odio basado en la intolerancia criminal. En lo que nosotros nos fijamos es en el motivo por el que ha sido cometido. Entendemos que es importante que se reivindique el feminicidio como algo en su conjunto, donde se incluyan todas las mujeres asesinadas, pero no creemos que todos los feminicidios se puedan categorizar como crímenes de odio si tomamos el marco teórico que hemos construido para acotar la investigación", detalla David Bou a VICE News, otro de los iniciadores de Crímenes de Odio. Un nuevo punto para el debate.

Bou recuerda que en buena parte de las décadas comprendidas en su investigación no se contabilizaron los asesinatos de mujeres bajo ningún prisma, factor que imposibilitaba que se pudiera incluir en el mapa una cifra real de estos casos.

"Si no hubiéramos tenido el problema de falta de estadísticas, los que nosotros habriamos incluído son los feminicidios no íntimos y los feminicidios contra prostitutas, porque creemos que estos casos son los que pueden ser calificados como violencia contra la mujer por el simple hecho de serlo, sin que haya una relación previa, sentimental o familiar, entre víctimas y verdugos. Con esta aclaración de un marco conceptual y con esta redirección a la web de feminicidio.net queríamos fomentar el debate, pues nos consta que está abierto", matiza el investigador.

Pero con o sin debate, existe una premisa compartida en lo relativo a la monitorización: "Lo que no se visualiza no existe, y si no identificamos el problema desde los operadores jurídicos y desde la gente que trabaja en ese sentido es imposible que se acabe legislando ni desarrollando ningún tipo de política para combatir esta lacra", concluye Carla Vall.

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