¿Cuál es al fin el cuento de las mafias bogotanas?

Últimamente no hay nada que venda tanto en la prensa bogotana como las mafias. La de las basuras, la de los taxis, la del Transmilenio, la del espacio público, la de los celulares, y un largo etcétera. Todo lo que parece oscuro, injusto y violento es una mafia.

Sin duda, parte de esa manía es gracias a nuestro exalcalde Gustavo Petro, quien tiene una extraña fascinación con el término y lo viene usando compulsivamente, por lo menos desde 2004. No sé ustedes, pero yo a Petro no le he entendido nunca qué es exactamente lo que quiere decir cuando habla de "mafias", aparte de algo que no le gusta. Pero, para ser justos, cuando la nueva Alcaldía de Enrique Peñalosa habla de "las mafias del espacio público" tampoco pareciera que tuvieran muy claro de qué están hablando.

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Hace pocos días, el reportero Sebastián Serrano ganó un premio de periodismo por un artículo en VICE Colombia sobre los vendedores ambulantes en Bogotá en el que empieza a hacer la clase de preguntas que pueden ayudarnos a salir de la especulacion.

A saber: ¿quiénes son y dónde se ocultan? ¿Será que los dirigentes políticos llaman mafia a toda organización que ocupa los vacíos que ellos dejan? ¿Qué tanto poder tienen estas mafias y cómo lo consiguieron?

A mí, desde hace rato, me interesa el tema, tanto que decidí hacer mi tesis de maestría sobre eso. Acá les va mi teoría.

Es sencilla. Si a usted un man se le mete a vivir a su casa sin su permiso usted puede tratar de sacarlo a las patadas o llamar a la policía. Cómo decide echarlo yendo en contra de su voluntad, depende de qué tanta fuerza tenga usted y cuánta tenga él. Si está borracho, tal vez usted solo es capaz de sacarlo. Pero si está armado, seguramente usted prefiere llamar a la policía y esperar que ellos lo saquen. Cuando la policía llegue le van a pedir pruebas: si usted es el dueño de la casa, listo, para afuera.

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En el mundo de los vendedores ambulantes, los bicitaxistas, los mendigos, los cuidadores de carros y otros negocios informales, en ese mundo, la ley no reconoce dueños ni de las calles ni de andenes. Pero ellos, sus vecinos, e incluso las autoridades que existen a su alrededor sí logran identificarlos fácilmente.

Voy a dar un ejemplo de la idea: el dueño de la papelería, el vecino del 402, y hasta el policía del cuadrante, saben que esa es la esquina de Jairo, el pedazo de Yaneth o la calle de los Sánchez. En general, simplemente lo aceptan, pero tal vez hasta aprecian tenerlos todos los días ahí. En cualquier caso, hay una especie de acuerdo tácito: en Colombia algunos tenemos propiedad formal y otros informal. Punto.

Si a Jairo, a Yaneth o a los Sánchez se les mete la competencia a su pedacito, la van a sacar corriendo como puedan. Su vida depende de su negocio: más competencia implica menos plata. Si pueden, los van a sacar hablando. Si no, a las patadas. Y si no, a cuchillo. Por supuesto, si el que se mete tiene fuerza suficiente, la cosa se complica: va a haber escándalo y hasta sangre y bien pueden terminar Jairo, Yaneth o los Sánchez sin el pan y sin el queso. O más real, menos metafórico: en la UPJ y con los vecinos en contra.

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Lo que estos "dueños" de la propiedad informal no tienen es alguien con la fuerza estatal de la policía que pueda dirimir el conflicto de quien les reclama la tenencia del mismo bien. Pero no hay vacío: ese es, justamente, el rol de las mafias.

Ahora, las mafias bogotanas no andan con gabardinas ni caminan por la sombra ni tienen acento siciliano. Están en las narices de todos y pueden tomar múltiples formas. A veces posan como asociaciones (aunque no todas las asociaciones son mafias), a veces son la misma Policía y a veces son simples organizaciones criminales. La clave para identificarlas no es pillarles ni el revólver ni el pasamontañas: ellas venden protección. Es decir, a cambio de un pago, garantizan que a su "cliente" informal no lo desplace nadie más. Ese pago a veces se ve como una extorsión y a veces como un alquiler. El punto importante es que la mafia finalmente decide quién es el dueño "legítimo" del espacio público, y, luego de ese reconocimiento, le da la fuerza para defenderse.

Es así como fenómenos que parecen desconectados ––la microextorsión, el soborno, los cupos o el alquiler de espacio público–– tienen el mismo origen: la falta de una regulación del uso del espacio y la ausencia de un mediador institucional.

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Por supuesto: no todos los informales tienen que trabajar en medio de eso. Para muchos, sus dos manos, un primo o un palo son suficiente protección para que nadie se les meta a su pedacito. Pero en los sectores de la ciudad donde es más rentable ser informal es mucho más probable que se encuentren arreglos como los que acabo de describir.

La tragedia se cuenta sola. Masas de bogotanos que salen a trabajar todos los días en las calles sin ninguna intención más allá de llevar qué comer a sus familias se ven envueltos en un enredo de incentivos que los deja indefensos en las manos de delincuentes que se nutren de su trabajo. Perseguir a las "mafias" del espacio público es absurdo: lo que toca es reemplazarlas por la regulación y la mediación legitima del Estado. Para eso se supone que sirve.