Los guatemaltecos le escupieron en la cara a la corrupción

Otto Pérez Molina es el primer presidente de la historia de Guatemala en ser despojado de la inmunidad judicial que le otorgaba el solio presidencial: el Congreso de ese país votó esta semana, 132-0, a favor de que le revocaran sus privilegios. Dicho en cristiano: será judicializado por hondos cargos de corrupción relacionados con un escándalo de fraude aduanero que ha tenido encendido al país durante meses, ahora que no hay impedimento alguno para que un juez tome el proceso.

Alejandro Maldonado (quien reemplazó en la Vicepresidencia a Rozana Baldetti, luego de que dimitiera por los mismos cargos de corrupción que hoy acosan a su jefe) es el nuevo presidente interino hasta el 14 de enero de 2016. Será reemplazado por quien sea elegido este domingo en las elecciones libres.

Eso, sin embargo, va a estar caliente.

Devolvamos las manecillas del reloj unos meses atrás para darnos cuenta y entender la compleja trama que acosa a la institucionalidad guatemalteca.

Un informe publicado en agosto por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo dependiente de Naciones Unidas, descubrió que existe una crónica ausencia de regulación en materia de financiación de los partidos políticos. Según el CICIG, el 25% del financiamiento de los partidos políticos guatemaltecos procede de organizaciones criminales, mientras que alrededor de un 50% procede de contratistas gubernamentales. El sistema revela la profunda colisión entre la clase política y los grupos que existen para aprovecharse de la financiación de sus campañas.

Entre las grotescas consecuencias del escándalo, se contó la renuncia de la vicepresidenta Baldetti el pasado 8 de mayo. La vicepresidenta fue acusada de encubrir a Juan Carlos Monzón, su secretario personal, señalado como el cabecilla de la red de fraude y de desfalco aduanero. Hasta entonces, más de 24 funcionarios del gobierno y empresarios habían sido detenidos, acusados de cargos de corrupción. A Baldetti le incautaron teléfonos móviles y discos duros. Según la orden captura, emitida el pasado 19 de agosto, Baldetti se enfrenta a cargos de "caso especial de estafa", "defraudación aduanera" y "cohecho pasivo".

"En estas condiciones, no queremos elecciones". Ese era el estribillo que se oía en las calles del país durante las manifestaciones contra la corrupción. A pesar de ser una de las mayores potencias económicas de Centroamérica, Guatemala tiene una de las tasas más altas de desigualdadde toda Latinoamérica. Razones para armar protestas sí hay.

Y las hubo aunque no todas propiamente por lo anterior: el 22 de julio, por ejemplo, varios miles de simpatizantes del candidato Manuel Baldizón, del partido LIDER, se manifestaron ante el CICIG en lo que entienden como una caza de brujas contra su partido. Los observadores advirtieron la ironía que subyacía en el hecho de organizar una protesta frente a la sede de una organización anticorrupción. Una protesta precisamente organizada por un partido acusado de un escándalo flagrante. Ha habido más mítines de todo tipo.

Después de varios meses de protesta en las calles de Guatemala, los ciudadanos veían, al menos a finales de agosto, muy lejana la escena que hoy tienen en frente: a pesar de las revelaciones sobre la presunta implicación en un caso de corrupción, Pérez Molina dio un mensaje televisado en el que denunciaba a las instituciones judiciales por llevar a cabo un "antejuicio" contra él. "Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación a la misma y el haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera", afirma enojado el jefe de Estado en el video.

Si bien las protestas no habían hecho mella en la actitud desvergonzada de Pérez Molina, la vía institucional ya le tenía los tentáculos pierna arriba: el viernes 21 de agosto la Comisión Internacional contra la Inmunidad en Guatemala (CICIG), y el Ministerio Público, guatemalteco presentaron cargos contra él ante el Tribunal Supremo del país por su presunta implicación en una trama conocida como La línea. La Línea: un fraude de cerca de 120 millones dólares contra los ciudadanos guatemaltecos.

La CICIG y el fiscal general de Guatemala concluyeron que Pérez Molina había participado en la trama, después de haber comprobado documentos y llamadas telefónicas del presidente. "Todas las referencias a los números 1 y 2 en el caso de 'La Línea', son referencias a Pérez Molina y Roxanna Baldetti", relató Iván Velásquez, del CICIG, en la rueda de prensa en que se anunciaron los cargos.

Pese a todo, Pérez Molina siguió disfrutando de inmunidad como presidente en funciones, y exento de ser procesado. De los cargos contra él, y el arresto de Baldetti, los miembros de Anonymous en Guatemala convocaron una celebración frente al Palacio Nacional. Las imágenes mostraron una atmósfera de celebración, en que la muchedumbre entonó el himno nacional del país. Según informó la agencia Reuters, Pérez Molina declaró ante la prensa lo siguiente: "me arrepiento mucho de todo esto", mientras se disponía e entrar en su coche. Fue durante un evento organizado lejos de la capital del país, poco después de que se anunciaran los cargos en su contra.

El portavoz del presidente, Jorge Ortega, aseguró que era improbable que el presidente renunciara.

"No creo que vaya a dimitir", explicó Ortega. "Se ha formado una comisión de consejeros para que ponga al corriente al ejecutivo de las opciones que más le conviene tomar a la luz de las últimas noticias". Palabras, palabras.

La crisis se agrandó, sin embargo: ocho miembros del gabinete anunciaron renuncias en cadena ante los escándalos de corrupción. Miles de personas salieron a la calle.

Más: el pasado 24 de agosto la vicepresidenta Baldetti compareció ante el juez Miguel Ángel Gálvez, escoltada, bajo fuertes medidas de seguridad por parte de la policía nacional. Dos días después, el 26, el juez Gálvez dispuso que la exvicepresidenta fuera trasladada a la prisión de mujeres Santa Teresa.

La orden del tribunal se produjo tras la comparecencia de Baldetti, en la que negó cualquier conexión con La Línea. Momentos después declaró que no creía que el presidente estuviera implicado en el escándalo.

Centenares de negocios y de escuelas de todo Guatemala optaron por cerrar o suspender sus clases el jueves 27 de agosto, en solidaridad con el movimiento ciudadano que exigía la renuncia de Pérez Molina. Él desapareció. Duró 72 horas por fuera del ojo público.

El presidente Molina se convirtió poco a poco en el último individuo en aguantar, tras las renuncias en cadena de los ministros de educación, economía, salud, y del responsable de la comisión de inversión del Estado. Más de cuarenta miembros de la cúpula del gobierno renunciaron desde que estallara la crisis, en abril.

El apoyo al presidente cayó en picada. El pasado 21 de agosto, miembros del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), una poderosa organización de negocios, retiró oficialmente su apoyo a Pérez Molina, y exigió su renuncia. La CACIF había mantenido su apoyo a la administración del presidente hasta que fueron presentados los cargos en su contra el pasado día 19.

El 27 de agosto hubo un paro nacional al que acudieron decenas de miles de personas en todo Guatemala.

"Todo lo que ha hecho (el presidente) es empeorar la crisis con su necedad de permanecer en el puesto", declaró la Asamblea Social y Popular, una organización que engloba a otras 70 organizaciones de toda la sociedad guatemalteca. La Asociación decidió escribir un comunicado tras la emisión de la comparecencia del presidente en televisión. "No tiene otra opción más que renunciar; cualquier otra solución sólo empeoraría el conflicto que vive Guatemala actualmente".

Presente. Los manifestantes en Ciudad de Guatemala soportaron el miércoles lluvias torrenciales, mientras esperaban, a la salida del palacio de Congresos, a que se resolviera el asunto de la inmunidad de Otto Pérez Molina. Tras la votación, algunos de los presentes celebraron la noticia con lágrimas en los ojos.

"Me emocioné al ver a tanta gente unida", comentó Maryam Chávez a VICE News.

Otros celebraron la decisión, pero se mostraron cautos dada la vergonzosa historia de impunidad del país.

"Finalmente ya disponen de todas las piezas para juzgar a este criminal de guerra", añadió Sal Figueroa, una ciudadana guatemalteca que ha participado en las protestas desde abril. Figueroa declaró a VICE News que "lo que pasa es que el sistema judicial de este país es débil. Si consiguen juzgarle estaremos escribiendo todo un nuevo capítulo de nuestra historia".

El voto unánime — en el que hubo 24 abstenciones — significa que Pérez Molina podrá ser juzgado por su presunta participación en la trama de corrupción de La Línea.

Pérez Molina ha insistido en su inocencia a través de toda la crisis y ha desmentido repetidamente su implicación en el escándalo. El lunes, sin ir más lejos, proclamó en rueda de prensa que su intención es votar en las próximas elecciones, que están programadas para el próximo domingo 6 de septiembre.

Tanto el Ministerio Público como la CICIG han solicitadoque se emita una orden de arresto contra el presidente. El Ministerio Público ya ha anunciado que Pérez Molina tiene que ser detenido en cumplimiento de la ley.

Después de la votación del martes para desposeer al presidente de su inmunidad, los manifestantes se concentraron una vez más en la plaza de la Constitución para celebrarlo, en una fiesta en que ondearon las banderas nacionales, se cantó y se escucharon muchos silbatos.

Vamos con datos fuertes de esta historia: en la década de los 80, Pérez Molina se hacía llamar Tito Arias, y era el comandante de un escuadrón conocido por su brutalidad al que se conocía como los Kaibiles.

En mayo de 2013, el antiguo dictador Efrain Ríos Montt fue sentenciado por cargos de genocidio por un tribunal del país. Sin embargo los cargos fueron revocados semanas después y el congreso de Guatemala declaró "que nunca se produjo genocidio alguno". En el juicio contra Ríos Montt, un testigo acusó de Pérez Molina de participar en el genocidio de los indios maya durante la guerra.

La gran mayoría de los votantes han declarado que desean votar "nulamente" — en caso de que se celebre votación alguna —. Gabriela Ixchíu, una joven de 18 años que tiene la oportunidad de votar por primera vez en su vida, declaró a VICE News que su intención era abstenerse porque "ninguno de los candidatos me representa".

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ha declarado que no se permitirán nuevas reformas antes de las elecciones, lo que significa que el corrupto sistema que ha provocado la crisis actual, seguirá en pie en el futuro.

Ahí va la historia. Este domingo veremos qué sucede…