Cinco problemas que debe enfrentar el próximo gobernador del Estado de México

Las elecciones del Estado de México, plagadas de denuncias de fraude, compra de votos y agresiones a periodistas, dejaron fuera temas profundos que aquejan a quienes viven en la entidad. Fuera de los debates televisivos, de los mítines y de las plataformas políticas, quedaron los indígenas, defensores del territorio y de derechos humanos a los que VICE se acercó para recoger sus puntos de vista críticos sobre la vida en la entidad.

"Pena de muerte para feminicidas". "Ampliar la Alerta de Violencia de Género a los 125 municipios". "Policía de género". "Salario rosa para las mujeres". Las propuestas para atender el tema más doloroso del Estado de México, la violencia feminicida, son sólo declaraciones. Eso opina el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), una entidad que lleva una cuenta independiente de la violencia de género en el estado.

El pasado 18 de mayo en Toluca, la capital mexiquense, integrantes del OCNF hicieron un llamado a implementar acciones serias que atiendan las desapariciones y asesinatos en la entidad. De acuerdo con el balance de esta organización, la Alerta de Violencia de Género (AVG) lanzada en julio del 2015 no ha dado los resultados deseados y las recomendaciones que implica no han tenido avances. El OCNF alertó que ninguna candidata ni candidato expuso políticas de prevención, atención y sanción ante la violencia de género. De hecho, en los últimos dos años la violencia feminicida repuntó: al menos 626 mujeres fueron asesinadas de enero del 2015 a diciembre del 2016.

Entrevistada por VICE, Sofía Silva García, defensora de derechos humanos e investigadora del tema de los feminicidios en la entidad, explica que ningún partido político reconoció durante la campaña la responsabilidad del Estado en los feminicidios por las omisiones del gobierno para cuantificar los feminicidios, la procuración y el acceso a la justicia, además de que no se han creado condiciones para una vida sin violencia en la entidad: "Lo que estoy viendo en las campañas es una ausencia del tema real".

De acuerdo con la investigadora y activista, nadie distinguió la relación de violencia de género con otras formas de violencia estructural como la pobreza, la desigualdad, la falta de educación. La mujer es vista como un objeto de políticas huecas, un recipiente, y no un sujeto político y social: "El ejemplo muy claro es el salario rosa. El ama de casa es un objeto donde te van a depositar las políticas clientelares".

Para Sofía Silva, el escenario después de las elecciones mostrará la continuidad de la violencia: "De arriba no vendrá la respuesta", cuenta. Sin embargo, ahora existe una lucha y articulación de la sociedad civil que pretende ir a niveles más profundos: "Para contrarrestar esto no basta con sólo una denuncia pública, sino con la reeducación".

Esa herradura que llamamos Estado de México alberga a los pueblos indígenas mazahua, otomí, nahua, matlazinca y tlahuica, quienes representan aproximadamente el 6 por ciento de su población. Si bien su población no es tan alta como la de los pueblos originarios de Chiapas y Oaxaca, los indígenas mexiquenses tienen un papel primordial en el cuidado de los bienes naturales con los que cuenta toda la Cuenca de México y las montañas que la rodean.

Un ejemplo importante de esta defensa de la tierra es el pueblo otomí-ñätho de Xochicuautla, ubicado en la montaña del alto Lerma y famoso por la protección de los bosques. La comunidad de Xochicuautla fue olímpicamente ignorada por candidatas y candidatos después de que el Concejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla lanzara una misiva poco antes del último debate entre aspirantes a la gubernatura para emplazarlos a un diálogo.

La misiva decía:

La autopista llamada Toluca-Naucalpan, concesionada en 2007 por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto a Grupo Higa (si, el Grupo Higa de la Casa Blanca), ha causado detenciones arbitrarias durante el gobierno de Eruviel Ávila. Sin embargo, Xochicuautla insiste en que su lucha es pacífica y lanzó una propuesta alternativa a la autopista.

El emplazamiento fue replicado en diversos medios de comunicación. El día del segundo debate para la gubernatura el tema de Xochicuautla se convirtió en Trending Topic con el hashtag #XochiEsAgenda. Pero nadie absolutamente mencionó la devastación ambiental causada por Grupo Higa en los pueblos otomíes de Lerma y Huixquilucan. José Luis Fernández, vocero del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, contó a VICE que obtuvieron una respuesta del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Regeneración Nacional, pero las campañas se cerraron y finalmente ya no se reunieron con ellos.

El vocero de Xochicuautla opina que así quedó en evidencia la actitud hacia los pueblos indígenas por parte de los contendientes a la gubernatura. Además, opina que el escenario electoral es complicado y la elección se ha enrarecido: "queda claro que es una elección de estado, y el PRI ya decidió que se queda con el Estado de México y la continuidad de Alfredo del Mazo para la imposición del proyecto carretero sobre los bosques".

La región más transparente del aire es ahora una enorme plasta de cemento. Sí, un lugar común, pero válido todavía. Y es que la región que era un espejo del cielo está por convertirse oficialmente en una "Megalópolis". La Cuenca del Valle de México, que consta de diez mil kilómetros ubicados a 2,200 metros sobre el nivel del mar, contaba con un sistema de lagos que desde la colonización española comenzaron a ser dragados y desecados. Progresivamente, donde estaba la cuenca, fue instalada la entidad llamada Estado de México y después los gobiernos liberales crearon un Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Ya antes de llamarse como ahora, la construcción de la ciudad colonial se valió de los bosques aledaños. Posteriormente se expandió hasta poner en crisis todo el sistema ambiental que existía antes de ella. Si bien el ciclo del agua siempre fue alterado por los colonizadores, ya entrado el siglo 20 comenzó una etapa que amenaza con romper el correr del líquido y su almacenamiento bajo tierra. La urbanización salvaje y la centralización de vida han propiciado que la ciudad crezca de manera desaforada.

El profesor Ricardo Ovando es parte del sistema de agua ciudadano autónomo de Tecámac. Cuenta a VICE que la defensa de agua en su municipio comenzó en 1951 por la desaparición del Lago de Xaltocan y la construcción de una plaza de toros sobre los jagüeyes del pueblo, los lugares donde la lluvia descansaba. Frente a ello Tecámac se organizó y con faenas abrió pozos para que naciera el sistema de agua comunitario. El sistema sobrevivió, pero en los años noventa el gobierno estatal modificó los planes de desarrollo urbano: "en el sistema de agua potable adquirimos conciencia de que la urbanización salvaje no podía tener nada bueno".

A partir del 2003 se dan una serie de modificaciones a las leyes ambientales para poder crear ciudades-dormitorio en los municipios de Tecamac, Zumpango y Huehuetoca. Ya para el 2005 la población se levantó, hizo plantones, marchas, movilizaciones para echar abajo las modificaciones a las leyes ambientales. A pesar de que el municipio intentó quitarles el sistema de agua, lo retuvieron con una decisión judicial. A partir de entonces se juntan con otras organizaciones en el país —y desde hace cuatro años también en el Estado de México— para hacer valer el derecho humano al agua garantizado en 2012 por la Constitución. Sin embargo, el peligro contra su fuente de agua continúa: "Estas son zonas de valor ambiental, de cultivo y acuíferos y ahora están ocupadas por miles de viviendas. Esto ha creado un fuerte despojo de los bienes naturales".

Ovando tiene una preocupación: "En el discurso de todos los candidatos no hablan de algo que hablamos es el respeto de programas de ordenamiento ecológico". Megaproyectos como la conexión de las ciudades mediante al autopista Toluca-Naucalpan, o el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) en tierras que antes fueron la laguna de Texcoco, dice el especialista en el tema del agua, son para beneficio de negocios privados en detrimento de derechos de pueblos originarios y disfrute de su ambiente sano y agua y tierra.

Su pueblo en particular se enfrenta a una enorme planta de la empresa Peñafiel (la favorita del presidente, bromeó Peña Nieto durante la inauguración en abril), que usaría 777,600 metros cúbicos anuales del acuífero de Tecámac, cuya población ya interpuso diversos recursos legales que hasta la fecha no han prosperado. Sin embargo, Ovando aclara que la defensa del agua en el Estado de México (que hasta el momento ha dejado seis personas encarceladas en el pueblo nahua de Tlanixco y la represión brutal de la policía en el municipio de Coyotepec), pasará a la ofensiva: "Esto va más allá de las elecciones. Impulsaremos una Ley Ciudadana de Aguas para el Estado de México. La lucha por construir una ley ciudadana es al margen; y las propuestas deben seguir adelante independiente de los procesos electorales".

Vecinos de Nezahualcóyotl cuentan a VICE que Neza dista mucho de ser una ciudad segura y de contar con servicios para una vida con dignidad. Desde que Felipe Calderón desapareció la empresa Luz y Fuerza del Centro en 2009, surgieron asambleas de vecinos contra las altas tarifas de la luz eléctrica. Carlos Sampedro, integrante de los Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica, cuenta que Neza siempre ha tenido una historia de lucha aunque sus gobiernos han querido mostrar un rostro de progreso.

En un inicio, personas de todo el país llegaron a las entonces colonias del Ex Vaso de Texcoco para levantar con sus propias manos la infraestructura del lugar. Para tener energía eléctrica cada quién ponía su poste y sus cables, enredados como arañas. Algo muy parecido ocurrió con las escuelas y el drenaje. Faenas y cooperaciones construyeron el municipio. Así surgieron las colonias, pero tras décadas, cuenta Sampedro, esta vida comunitaria fue menguando. Entró el crimen organizado, la violencia y los abusos policiales. "CFE aprovechó el desorden tras la desaparición de Luz y Fuerza para extorsionar y cobrar porque a Neza se le había olvidado luchar".

¿Cómo legalizar la represión contra aquellas personas que han plantado cara al PRI durante los 80 años que ha gobernado la entidad? Paradójicamente, con una ley. Y es que la vida e integridad personal de las personas que defienden agua, bosques y derechos de vivienda podrían estar en peligro si una nueva legislación llamada "Ley para regular el uso de la fuerza pública" prospera.

En entrevista para VICE, Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, la única organización de defensa independiente en la entidad, menciona que esta legislación rebautizada como "Ley Eruviel" es un instrumento que busca "legalizar la represión sin tapujos". Esta polémica medida legal tiene artículos para declarar ilegales asambleas públicas, rompe la cadena de mando al exonerar a presidentes municipales y gobernadores en caso de que sus policías comentan excesos y pone a discreción de la policía el disparar sobre manifestantes.

Estas disposiciones ya tienen un antecedente. En 2006, un operativo ordenado por Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México dejó más de 200 detenidos y mujeres que denuncian hasta hoy tortura sexual por parte de la policía en San Salvador Atenco, pueblo que sigue luchando contra la imposición del NAICM.

Nunca como ahora el PRI ha estado tan cerca de perder la gubernatura más vieja y más valiosa del país: "El problema de cuando hay imposición de gobernantes es que carecen de legitimidad y lo que es un hecho es que Del Mazo no tiene legitimidad", dice Lara. También resalta que, cuando eso pasa, como ocurrió con el ex presidente Felipe Calderón en 2006, a lo primero que recurren es la fuerza: "Quieren mostrarse como personas y gobernantes despiadados, con mano dura e impondrán de inmediato una cacería de brujas. No contra quienes llamaron a no votar por él, sino contra quienes se han opuesto a sus proyectos transexenales". Actualmente, la llamada Ley Eruviel regresó al congreso del estado por orden de la Suprema Corte de Justicia. Lara sospecha que esperarán a que sean definitivos los resultados electorales para reactivarla. Y como lo hicieron a lo largo de la campaña, la ley es para dar seguridad al interlocutor de los políticos: las grandes esferas del poder en la entidad. "Ellos siempre se dirigieron, sin nombrarlos; su montaje fue a los grandes intereses económicos del Estado. Cuando hablan de seguridad y gobernabilidad se refieren al poder. A ellos se están dirigiendo".