“El COVID19 ha sido más letal que las maras en El Salvador”

David Hernández es un hombre que trabaja con la muerte desde hace 20 años. Desde que tenía 19 se dedica a buscar muertos por toda el área metropolitana de San Salvador, la capital de El Salvador, y ofrece a quien puede sus servicios fúnebres. Su oficio podría describirse con muchas palabras, pero a él, como a la mayoría de sus colegas, le gusta describirlo con una sola: “muertero”. En El Salvador, uno de los países que durante la última década se ha mantenido en el listado de los países más violento del mundo, algunos han convertido a la muerte en verbo: “muertear”.

Los “muerteros”, como son conocidos los trabajadores de las funerarias en El Salvador, han encontrado en el COVID-19 un respiro a su caída económica tras una reducción histórica de homicidios en El Salvador, muchos de los cuales eran cometidos por conflictos entre las pandillas Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y las dos facciones del Barrio 18. La reducción, sin embargo, es un “milagro” que el Gobierno de Nayib Bukele se atribuye, aunque nada indica que así sea. 

Pero el alza de las muertes confirmadas o sospechosas de COVID-19 en el país, según los mismos “muerteros”, ha superado incluso los peores meses de la violencia homicida en el país.

Aunque las cifras oficiales del Gobierno salvadoreño solo reportan 646 muertes confirmadas por COVID-19, este número no es confiable. Epidemiólogos e incluso las mismas autoridades del país admiten que existe un subregistro enorme. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, solo entre marzo y el 8 de junio, los entierros con protocolo COVID-19 sumaban 2.272. Un entierro con protocolo COVID-19 es el procedimiento que se sigue para enterrar con medidas de protección a alguien cuya muerte fue ocasionada por la pandemia o por sospechas.

“En junio y julio solo nosotros sacábamos 40 muertos a la semana. Y le digo que solo nosotros dos [él y su compañero], ahora imagínese todos los muerteros en todo el país”, dice David, mientras espera ser autorizado para recoger el cuerpo de un hombre de 71 años fallecido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por COVID-19 en el hospital nacional Rosales, en San Salvador, la capital salvadoreña. Antes de ingresar al hospital, David y su compañero Elder Pérez, de 18 años, sacan sus trajes de bioseguridad nivel tres que la funeraria les provee. “Siempre nos ponemos esto, aunque a nosotros ya nos dio esa enfermedad”, dice David mientras se fuma un cigarrillo con el traje a medio poner.

La realidad ha cambiado mucho para gente como David. Con la explosión de muertes en El Salvador a causa de la violencia de pandillas, las funerarias se multiplicaron por todo el país. Y no es para menos, solo entre los años 2015 y 2019, El Salvador registró un total de 22.135 homicidios violentos, un promedio de 368.9 al mes, en un país de poco más de 6.5 millones de habitantes. Las funerarias encontraron en la muerte un negocio perfecto.

Pero desde el 2017, El Salvador presenta una reducción constante de homicidios nunca antes vista, ni siquiera cuando el Gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014) negoció una tregua con las pandillas más grandes del país, la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18, para reducir los homicidios. La reducción actual, para entenderla mejor, equivale a menos de la mitad que en el 2015.

Sin embargo, desde el 2017, los homicidios en El Salvador han mostrado una tendencia a la baja, y su quiebre más notorio se ha dado entre principios del 2019 y lo que va del 2020. Para tener una idea más clara, en 2015 El Salvador tuvo una tasa de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes; esto es más de diez veces lo que las Naciones Unidas fijan como el umbral de una epidemia homicida. Pero para el 2019, el promedio cerró debajo de los 200 muertos al mes, una tasa de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes; es decir, una reducción del 50% respecto al 2015.

Este desplome de homicidios se acentuó con la entrada del Gobierno del presidente Nayib Bukele. En los siete meses que van del 2020 el promedio de homicidios nunca ha superado los 150 al mes, menos de cinco al día. Esta buena noticia, sin embargo, puede ser mala para algunos. Por ejemplo, para los muerteros.

“Esto del COVID ha sido más violento que las pandillas. Lo que el COVID hizo en dos meses, las pandillas lo hicieron en varios años”, dice David. “En realidad, el COVID ha sido más letal que las maras”, añade. Las palabras de David serían solo una especulación si no estuvieran respaldadas por su experiencia de dos décadas con la muerte. David asegura que a mediados de julio él y los otros ocho empleados de Casa Blanca, la funeraria en la que trabaja, tuvieron COVID-19. “Tuvimos todos los síntomas: fiebre, dolor de cuerpo, tos y algunos perdimos el gusto”, cuenta el muertero. “Pero nosotros así salíamos a trabajar”, añade. “Aquí no se puede dejar de trabajar porque entonces no se come”.

El Gobierno salvadoreño reparte un kit a todos los contagiados positivos, pero solo a quienes se han realizado la prueba PCR, una prueba cuyo acceso es aún muy limitado en el país. Este kit contiene veinte acetaminofén, 15 aspirinas, y siete cápsulas de vitamina C.

David hizo su propio kit para él y sus compañeros. “Tomábamos té de limón con aspirinas”, cuenta el muertero. “Así nos curamos”, dice.

Aunque no existe un censo de muerteros en El Salvador, el oficio ha tenido un crecimiento explosivo en la última década. Para 2016, solo en el municipio de Jucuapa, al oriente de El Salvador, 20 talleres produjeron 3.750 ataúdes, según publicó en ese momento El Faro.

Expertos en salud e incluso los mismos “muerteros” dan por hecho de que una gran cantidad de muertes sospechosas por COVID-19 en realidad son confirmadas, pero el Gobierno salvadoreño no las pone en el listado oficial para disminuir la cifra. Por ejemplo, Rodolfo Antonio Martínez, de 71 años, murió el jueves 13 de agosto de 2020 en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Rosales por COVID-19. Su causa de muerte oficial fue “Sospechas de COVID-19 y neumonía causada por otros virus”, según se lee en el acta de defunción que David, el muertero, tiene en sus manos. “¿Si no murió por COVID-19 por qué estaba en la unidad donde solo tienen a gente con esa enfermedad?”, se pregunta David.

El mayor repunte de muertes por COVID-19 en El Salvador ocurrió entre los meses de junio y julio. Para finales de julio, América Latina se había convertido ya en la región con más casos de coronavirus en el mundo, con más de 4.3 millones de contagios.  Para entonces, solo en el cementerio general “La Bermeja” de San Salvador, uno de los más grandes del país, se registró un promedio de 20 homicidios al día. En una entrevista, el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, reconoció que, de seguir igual la cifra, el cementerio colapsaría en agosto.

Para enterrar a un muerto confirmado o con sospechas de COVID-19, los muerteros en El Salvador usan trajes de protección nivel cinco que su funeraria les provee. También usan guantes de látex y botas de hule. “Una vez que nos autorizan entrar a recoger el cuerpo, lo encontramos en una bolsa plástica sellada. Nosotros bañamos esa bolsa con hipoclorito de sodio (el componente base de la lejía), roceamos el interior de la caja, metemos al muerto y después embalamos la caja y la volvemos a rocear con el químico para luego enterrarla”, dice David.

El protocolo COVID-19 en El Salvador implica que ningún familiar de la persona fallecida puede ver a su pariente. Las cajas van selladas con clavos y es prohibido abrirlas. La mala implementación de esta medida ha provocado que algunos hospitales entreguen cuerpos equivocados a familias que aún no han podido encontrar el cuerpo correcto.

David y su compañero Elder terminan de embalar el cuerpo de Rodolfo Martínez, el hombre de 71 años que acaba de morir en la Unidad de Cuidados Intensivos por COVDI-19, y lo trasladan hasta el cementerio Campoamor, en Cuscatancingo, al norte de la capital salvadoreña. Ahí, ambos muerteros ayudan a los enterradores, también vestidos con trajes de bioseguridad, a enterrar a aquel hombre. 

El entierro será sin mucha ceremonia. Un puñado de unos diez familiares, un sacerdote y una enfermera del Ministerio de Salud están regados en un jardín, lejos de la tumba. Todo el acto durará poco más de veinte minutos. Mientras el sacerdote aún reza sus oraciones, los muerteros se quitan sus trajes de bioseguridad, los apuñan y los meten en una bolsa negra. Ambos están sudando, su piel se ha cocinado un poco por el calor. Antes de marcharse del cementerio, David enciende un último cigarro.

Este entierro ha sido el último por hoy. Mañana ambos volverán a esperar todo el día frente al portón del hospital Rosales, esperando pacientemente que alguien llegue a darles una mala/buena noticia: “Hay otro muerto por COVID-19”.