Cassandra, ETA y la censura de internet de Rajoy

Nadie debería estar sorprendido con la condena de un año de cárcel y siete años de inhabilitación absoluta que la Audiencia Nacional ha impuesto a Cassandra Vera por unos tuits de "una actitud irrespetuosa y humillante", según dicta la propia sentencia, sobre Luis Carrero Blanco y el atentado que acabó con su vida el 20 de diciembre de 1973.

Si lo piensas bien no es nada nuevo que alguien reciba una condena de cárcel por unos tuits ofensivos, y allí están los casos de todos los afectados por la Operación Araña, entre los que se encuentra el del cantante de Def Con Dos César Strawberry, que recibió una condena calcada hace unos meses. "La sentencia de Cassandra no es más que un corta y pega de la sentencia a César Strawberry", asegura Carlos Sánchez Almeida, abogado especialista en delitos de internet, que tira con bala.

"Todo el código penal de Rajoy se ha diseñado para censurar internet. Es un tema político, el PP y el PSOE consideraron (acertadamente) que el origen del 15M estaba en internet. A partir de allí, los partidos mayoritarios diseñaron una estrategia para criminalizar todo lo que pasa en el medio, y la agresividad de la justicia es brutal", asegura este letrado, que opina que el caso de Cassandra es solo la punta del iceberg de un problema mayor, la politización de la justicia.

En 2015, el PP y el PSOE reformaron el código penal en materia de terrorismo justificando el estrechamiento de la jurisdicción por el auge del yihadismo. Almeida, sin embargo, afirma que hasta ahora no ha habido ninguna condena por delitos de humillación o injuria a las víctimas del yihadismo, mientras que se han dado decenas de casos con víctimas de ETA.

"El fundamento jurídico es ridículo en la medida de que el atentado contra Carrero Blanco fue amnistiado por la Ley de Amnistía de 1977. La sentencia se basa en un párrafo, y en ese párrafo hay una tesis que parte de una falsedad, que es que la lacra del terrorismo de ETA persiste. Este tipo de afirmación es radicalmente falsa, y desde el 2011 no hay atentados de ETA. Todo lo que parte de esa base puede caer como un castillo de naipes", observa sobre el caso de Cassandra.

A la izquierda, la Ley de Amnistía que contradice la sentencia de Cassandra de la Audiencia Nacional (derecha), que afirma que no existen víctimas de ETA de distintas categorías. Sí las hay, según la ley.

"Cualquier persecución a opiniones sobre aquel atentado concreto tienen un talón de aquiles jurídico. No tiene sentido que no se persiga el asesinato y sí se persiga el enaltecimiento del asesinato", concluye sobre este punto el abogado. En la sentencia hay otra vulneración del derecho a la libertad de expresión, ya que Almeida defiende que para que exista el delito debe haber intencionalidad, algo que tanto la sentencia de Cassandra como la de Strawberry consideran un hecho "irrelevante".

Cuando le pregunto por los límites de internet según la justicia española, Almeida no tiene pelos en la lengua. "El límite está en la capacidad cerebral del magistrado para asumir una realidad que no entiende, ese es el verdadero límite. Todo lo demás… en derecho todo se puede vestir y justificar para darle un traje", afirma. Con el caso de Cassandra en mente, desarrolla un poco más su tesis. "Los magistrados de la Audiencia Nacional viven en una realidad alternativa donde ETA sigue existiendo y donde todo está justificado para luchar contra ETA".

Los magistrados de la Audiencia viven un búnker, según este experto, ya que ETA es el motivo que justifica sus trienios, sus pluses de seguridad y otros beneficios que obtienen a pesar de que la banda lleva años en proceso de disolución. Pero esto no es todo, y hay otros límites que son un auténtico disparate según Almeida.

En la sentencia de Cassandra se consideran y valoran los comentarios que la condenada hizo cuando era menor de edad. "Por esa regla de tres, todo lo que está colgado en internet es un delito permanente, y podría darse el caso que en 20 o 30 años te juzguen por opiniones que has hecho hoy mismo. Eso es una barbaridad y contraviene el principio de prescripción de delitos".

El Tribunal Constitucional, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, serán los que "vuelvan a ampliar los límites de nuestra libertad que han sido restringidos inconstitucionalmente". Almeida engloba todas estas medidas represivas, entre ellas las condenas a varios tuiteros, al desarrollo de las leyes mordaza—sí, en plural— en nuestro país. "Incluyen la ley SINDE, dos reformas del código penal, la ley de enjuiciamento criminal, la ley orgánica del poder judicial y el conjunto legislativo de la primera legislatura de Rajoy".

Para saber lo que puedes compartir o no, según este experto, debes basarte en los principios de los delitos de opinión. "Lo que determina si hay delito o no es el ataque al bien jurídico. Cuando hay intención de injuriar, hay injuria; cuando hay intención de caluminar, hay calumina", dice. Esto se puede aplicar tanto en las redes sociales como en la calle, claro.

Según Almeida, el único terreno pantanoso que jamás se debería tocar es el de la pornografía infantil. Allí un retuit, cualquier forma de difusión, rozaría el delito. Fuera de esta temática, compartir una opinión no es más que eso, hacerse eco de algo que uno no tiene por qué compartir personalmente.

Para los tuiteros asiduos solo tiene una recomendaciónque podría resumirse en que la unión hace la fuerza. "Es mejor tener cuentas colectivas. En el despacho los tres socios nos resposabilizamos de todas las opiniones que hacemos en Twitter. Si nos tienen que sentar en el banquillo nos tendrán que sentar a los tres, y eso se lo digo a muchos colectivos salidos del 15-M, es fundamental mantener la responsabilidad colectiva de las cuentas para defender mejor nuestros derechos".

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