Un menor, en Estados Unidos, debe mostrarle su erección a la policía

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No hay nada justificable en el caso que se presentó en Virginia, Estados Unidos, en el que las autoridades obtuvieron una orden judicial para obligar a un chico de 17 años a tener una erección y fotografiarlo como evidencia.

La evidencia –que se habría obtenido al forzar al chico a aplicarse una inyección para inducir a una erección (sí, abuso)– fue solicitada para compararla con un video por el se acusa al menor de sexting contra su novia de 15 años. Después de un torrente de críticas mediáticas, el departamento de policía de Manassas anunció que no llevaría a cabo el procedimiento, con toda razón. Sin embargo –y esto es crucial– la orden fue concedida, haciendo legal para la policía el obligar a un chico a tener una erección y sacarle una foto.

El acceso a reproducir una fotografía ilícita de un adolescente, se basa en una lógica enferma en la que la ley se exime de su agencia moral y se muestra como una máquina hambrienta por condenar.

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Ser forzado químicamente a tener una erección enfrente de un grupo de policías debería ser un acto condenado al círculo más profundo del infierno, no una idea concebida por una fiscalía judicial. Y mientras el caso parece inusual (y ciertamente cruel), no es el único como ejemplo de coerción persecutoria.

El chico de 17 años, técnicamente, solo tiene una opción. El podría, en penitencia por sextiar a su novia también adolescente, apelar a dos cargos de delitos graves en un tribunal de menores por fabricación y distribución de pornografía infantil. Podría ser encarcelado hasta que cumpla 21 años. Podría, si un juez así lo decide, ser puesto en un registro de agresores sexuales de por vida. Declararse culpable de cargos graves por agresión sexual, o alegar contra esos delitos y dejar que las autoridades le inyecten el pene tomarle fotos – entre la espada y la pared (mejor dicho).

Este caso de Virginia es particular de un sistema en el que llegar a un acuerdo con los acusadores, aceptar la etiqueta de “delincuente” o “criminal”, es lo que pone la gran mayoría de delincuentes. Cerca del 95% de los casos criminales en Estados Unidos, terminan en un acuerdo antes de ir a la corte. El sistema legal está hambriento de condenas fáciles. Las leyes de sentencia anticipada no son más que la constatación de que para los acusados, en muchos casos, un veredicto de “no-culpable” en una corte es un riesgo demasiado alto como para rechazar un acuerdo previo con la fiscalía.

A menudo, aquellos que exigen un día en la corte y se niegan a un acuerdo previo son castigados. El programador informático Aaron Swartz luchó contra la presión acusatoria para apelar a un cargo por delitos graves informáticos (por descargar artículos académicos). Podía haberse enfrentado a décadas de prisión por arriesgarse a llevar su caso a las cortes. En cambio, terminó por ahorcarse a sus 26 años. El día después de su muerte, su familia publicó una carta denunciando: “un sistema de justicia penal plagado de intimidación y extralimitación”.

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Esta vez en Virginia asistimos a otra extralimitación perversa por parte del sistema judicial. Un adolescente podría ser obligado a declararse “criminal” y “delincuente sexual” o apelar al cargo a costa de soportar un abuso total por parte de la policía.

No estoy sugiriendo que el chico de 17 años está más allá de lo censurable. De acuerdo con la policía, el adolescente había enviado en repetidas ocasiones imágenes ilícitas, aún después de que se le pidiera que se detuviera. El término sexting es quizá muy frívolo para capturar el daño potencial que puede causar un contenido explícito indeseado.

“Hay que tomarse cada caso en serio”, dijo John Shehan del Centro Nacional para niños desaparecidos y explotados al Washington Post . “Pero tienes que mirar los diferentes escenarios… no creemos que una política general que le cobre todo a los jóvenes vaya a solucionar el problema”.

Parece indiscutible señalar que ningún problema puede solucionarse produciendo más imágenes sexuales explicitas de adolescentes, en este caso. Ni obligando a un chico a padecer un procedimiento traumatizante para obtener pruebas. Ni tampoco obligándolo a adoptar una vida con la etiqueta “delincuente” o “agresor sexual”. Tal justicia solo produce más heridas.

Sin duda, la policía de Manassas ha declarado que no es su política “autorizar procedimientos invasivos de investigación para sospechosos en casos de esta naturaleza”. Este caso no marca un cambio en la política. El chico no tendrá que forzar una erección para que las autoridades hagan un examen detenido. Lo que es significativo es que un tribunal encontrara aceptable otorgar una orden judicial para practicar un procedimiento cruel y coercitivo.

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