El gobierno de México ignora el informe de otra masacre estatal de civiles desarmados

Este artículo fue publicado originalmente en VICE News, nuestra plataforma de noticias.

Esta semana se dio a conocer que las fuerzas del gobierno mexicano podrían estar detrás de una ejecución masiva de civiles en el estado de Michoacán, la tercera masacre extrajudicial a manos de fuerzas estatales en menos de un año.

A pesar de que el ex comisionado de seguridad del Estado de México tachó de "irresponsable" el informe de un periodista sobre la masacre, el gobierno aseguró que iniciaría una investigación sobre el caso.

Al menos 16 civiles presuntamente desarmados murieron durante un enfrentamiento que duró todo un día con la policía federal el pasado 6 de enero en la localidad de Apatzingán, Michoacán. Esta ciudad es una de las tantas consideradas como un campo de batalla entre grupos armados criminales y de autodefensa en la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán.

La Comisión Nacional de Seguridad recibió un video en el que "se pueden inferir presuntos actos de uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad por parte de miembros de la Policía Federal" en este caso.

Sin embargo, el incidente en cuestión ya había sido previamente informado a detalle por la periodista Laura Castellanos, en cuyo artículo, publicado por primera vez el sábado en la revista Proceso, contradice significativamente el informe inicial del gobierno donde se indica la muerte de 9 personas ese día a causa de un "fuego cruzado" con la policía federal en Apatzingán.

Según el informe de la investigación, los testigos aseguraron que los policías obligaron a las víctimas a ponerse de rodillas y después les dispararon, como si se tratara de una ejecución.

Los policías federales supuestamente gritaron: "Mátenlos como perros", al abrir fuego contra el grupo. También asesinaron a varios miembros de una familia a pesar de que trataron de refugiarse bajo su vehículo.

El gobierno no hizo más comentarios al respecto. Sin embargo, el ex comisionado de seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, quien fue destituido de su cargo dos semanas después de los asesinatos, negó por completo las acusaciones. Incluso dijo que "no le preocupaba" la investigación sobre las acciones de los agentes federales que estaban bajo su mando al momento del ataque.

Si se confirman las ejecuciones de Apatzingán, esta sería la tercera masacre cometida por las autoridades y los agentes policiales en México en menos de un año. Los múltiples casos han hecho que las principales organizaciones de derechos humanos y la ONU reprueben el amplio historial de ejecuciones extrajudiciales cometidas en México bajo el mandato de Enrique Peña Nieto.

El 30 de junio de 2014, soldados mexicanos atacaron en Tlatlaya —un municipio del Estado de México que limita con Guerrero y Michoacán— a un grupo de hombres armados que se cree eran miembros de un grupo de crimen organizado y que al parecer se encargaba de custodiar una bodega. Murieron 21 hombres y una mujer en esta operación militar.

Hasta ahora van siete soldados acusados por el delito de "ejecuciones extrajudiciales", término que utilizó el Congreso a principios de mes para describir el caso.

A pesar de que se comprobó la culpabilidad de los soldados mexicanos en la masacre de Tlatlaya, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) negó el acceso al expediente completo de la investigación. El expediente del caso permanecerá cerrado durante los próximos doce años.

Tres meses más tarde, las autoridades detuvieron a 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, después de que la policía municipal y miembros de un cartel abrieron fuego contra un grupo de autobuses, donde murieron seis personas.

Según el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, la "verdad histórica" de los hechos es que las autoridades locales dejaron a los estudiantes en manos de los miembros del cártel de los Guerreros Unidos, quienes los mataron, incineraron y botaron los restos en un barranco que servía de basurero en el municipio de Cocula, Guerrero.

Vídeo incluido en el informe de la masacre de Apatzingán. Advertencia: el contenido puede resultar perturbador.

Las ejecuciones de Apatzingán se llevaron a cabo en dos incidentes el pasado 6 de enero. El primero tuvo lugar frente al ayuntamiento, poco después de las 2:30AM, en el que una flota de policías federales irrumpió en una protesta de ex integrantes de la Fuerza Rural de Michoacán, con sus simpatizantes y familiares.

Los ex integrantes del desaparecido grupo de élite G-250 —una milicia civil que había operado como rama de la Fuerza Rural bajo el mando de Castillo, el entonces comisionado de seguridad del Estado— hicieron un plantón en ese lugar en protesta por no haber recibido el pago que les prometieron después de que su unidad se desintegrara inesperadamente hace tres semanas.

Las cámaras de vigilancia grabaron el momento en el que más de 20 vehículos de la policía dejaron el lugar de los hechos. Mientras tanto, la gente trataba esconderse en los vehículos cercanos para evitar el tiroteo.

Es poca la información que existe en torno al incidente ocurrido frente al edificio del gobierno. Sin embargo, según el informe de Castellanos, que se basa en decenas de entrevistas y testimonios grabados, los testigos aseguran que las autoridades tenían la intención de matarlos.

Asimismo, el informe indica que los sucesos de ese día fueron una masacre planeada y que los agentes de la policía federal impidieron que los heridos fueran trasladados a un hospital de Morelia. Los heridos recibieron atención medica siete horas después del tiroteo.

Para muchos, ya era demasiado tarde. El informe indica que nueve personas murieron durante el primer ataque.

Horas más tarde, a unas cuadras de donde ocurrió el primer incidente, la policía federal disparó contra un camión que transportaba a una familia y varios productores de limón. Fallecieron al menos siete personas, entre ellas un menor de edad.

Tras la difusión de las imágenes del ataque en redes sociales, los periodistas y los usuarios de éstas pusieron en duda la versión oficial de los hechos.

Is there a forensics expert in the house who can evaluate the integrity of this crime scene from today in Apatzingán? — Shannon Young (@SYoungReports)enero 6, 2015

Diversos testigos afirman que la familia que iba en el vehículo estaba "armada" únicamente con palos —que se pueden ver en las fotos publicadas— y que las armas de fuego que aparecen en la foto fueron colocadas cerca de sus cuerpos después de su muerte. Según la investigación de Castellanos, las autoridades alteraron gravemente la escena después del tiroteo.

Las imágenes tomadas después del ataque muestran los cuerpos tirados en posiciones diferentes. Imágenes posteriores muestran los cuerpos juntos, uno al lado del otro, con armas y huellas de botas visibles en el suelo. Estas imágenes refuerzan la teoría de que la zona no fue tratada como la escena de un crimen.

El video a continuación muestra que al menos una de las víctimas seguía con vida tras es tiroteo. Sin embargo, dejaron que muriera desangrada.

Tras la publicación del artículo titulado Fueron los federales, el portal Aristegui Noticias denunció haber sufrido ataques que dejaron su sitio web fuera de servicio durante más de siete horas.

Artículo 19, grupo que lucha en favor de la libertad de expresión, solicitó de inmediato a las autoridades que garantizaran la libre circulación de la información. Además, el grupo pidió al gobierno mexicano que actuara en defensa de los periodistas, "especialmente cuando estos difunden información vital para el público, como es el caso de Laura Castellanos".

Castellanos, la periodista y autora del artículo, ha sido víctima de intimidación, robos y amenazas en varias ocasiones a lo largo de su carrera. En 2010, Artículo 19 incluyó a Castellanos en su programa de protección de periodistas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al gobierno que lleve a cabo una investigación exhaustiva para "llegar a la verdad" sobre el incidente de Apatzingán.

"Queremos que la sociedad pueda conocer la verdad de lo que pasó ese día", destacó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el martes pasado.

Sigue a Andrea Noel en Twitter @MetabolizedJunk.