El Salvador usa de pretexto el COVID para prohibir protestas

El miércoles, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un decreto que prohíbe las concentraciones de gente públicas y privadas que no estén relacionadas con las artes, la cultura o los deportes hasta el 8 de diciembre. Si bien los legisladores describieron la medida como preventiva luego de un aumento en los casos de COVID-19, también fue aprobada días después de que miles de salvadoreños salieran a las calles a protestar contra el gobierno, algo que llevó a los críticos a calificar la iniciativa como una prohibición encubierta de las manifestaciones.

Si bien el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sigue siendo extremadamente popular, ha sido criticado por aprobar medidas autoritarias y consolidar su poder desde que asumió el cargo en 2019. También presentó el bitcoin como moneda de curso legal en la nación centroamericana causando polémica sobre la viabilidad de la iniciativa.

El domingo, miles de salvadoreños salieron a las calles de la capital de San Salvador con pancartas que decían "No a la dictadura" y coreaban frases como "Nayib bocón, no queremos tu bitcoin". Al final del recorrido, los protestantes quemaron un muñeco de Bukele, según medios locales. Hace un mes, hubo otra protesta similar. Hasta hace poco, los salvadoreños no se habían manifestado contra el partido Nuevas Ideas de Bukele, que tiene mayoría en el Congreso.

Bukele, quien asumió el cargo a la edad de 37 años, ha desvirtuado a sus detractores burlándose de ellos en redes sociales y bromeando en repetidas ocasiones con que en realidad es un dictador. En enero, cambió su foto de perfil en Twitter por una imagen de Sacha Baron Cohen en la película El dictador, donde el actor inglés interpreta a un líder autoritario infantil, violento y misógino. Después de la aprobación de este último decreto, publicó una imagen de su rostro editado sobre una foto de un emperador romano.

Si bien el decreto permite las reuniones siempre y cuando los participantes usen mascarilla y presenten un comprobante de vacunación, los eventos estarán sujetos a la aprobación del Ministerio de Salud, que también puede establecer un límite en el número de personas que asistan. Quien incumpla la medida podría ser sancionado por un delito de desobediencia que se castiga con hasta tres años de prisión.

Antes de la votación, los legisladores de la oposición criticaron la iniciativa por no ser más que una forma de que Bukele sofocara las protestas. Johnny Wright Sol, del partido Nuestro Tiempo, dijo que el decreto estaba "disfrazado" como una medida para prevenir un aumento de casos de COVID cuando en realidad era “una clara evidencia que para el gobierno existen aglomeraciones favoritas y otras que incomodan", según el diario local La Prensa Gráfica.

Claudia Ortiz, del partido Vamos, también se opuso al decreto.

"No estamos diciendo que no se deben dar medidas para controlar la pandemia. Esto solo demuestra que las marchas, que la afluencia de personas que se ha mantenido, generan molestia. Se está viendo como una amenaza que la ciudadanía se manifieste de esta manera".

Pero el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien presentó el decreto y es aliado del mandatario, defendió las precauciones.

"Aquí en ningún momento se está coartando la libertad de expresión, de manifestarse. Pueden seguir haciéndolo, el único objetivo es que se haga con las medidas necesarias", dijo Castro.

A pesar del enérgico programa de vacunación, los casos y muertes por coronavirus en El Salvador han alcanzado sus niveles más altos desde que comenzó la pandemia.