Santos, Peñalosa y las alarmas que prendieron por su relación con los medios

La Fundación para la Libertad de Prensa ––FLIP–– tiene bajo observación al presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, pues ambos, y teniendo en cuenta su muy grande autoridad conferida por el cargo que ostentan, han tenido actuaciones que, según la Fundación, son reprochables contra dos cosas fundamentales en la democracia que los puso ahí arriba: periodistas, por un lado, y derecho a la información, por el otro.

El presidente fue cuestionado por la posición que tomó frente al sonado caso de la llamada P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }Comunidad del Anillo ––la supuesta red de prostitución dentro de la Policía Nacional––, denunciado por a periodista Vicky Davila y su exequipo de La FM. Dice la FLIP que "resulta cuestionable y paradójico que el presidente Juan Manuel Santos asumiera el rol de 'periodista' para criticar la decisión editorial de un medio de comunicación que investigaba posibles actos de corrupción en su gobierno". Y sí, ahí lo vimos muy orondo diciendo que hablaba del tema como "periodista" y no como "presidente": un imposible desde todo punto de vista.

Por el contrario ––dice la FLIP, en un pronunciamiento publicado el 26 de febrero––Santos debió haber actuado como lo que es, el presidente de la República, y ofrecer amplias garantías a los periodistas que investigaban todas las condiciones para la realización de su labor. Garantizarles la integridad. A consideración de la Fundación, el actuar del presidente, cuestionando la decisión editorial de La FM, tuvo un efecto intimidatorio para Vicky Dávila y los demás periodistas que venían trabajando en esa investigación.

En relación a las investigaciones sobre la Comunidad del Anillo, fueron varios periodistas los supuestamente intimidados, mientras que a otros se les habría obstaculizado su trabajo. La Fundación tiene documentados varios casos: Noticias Uno, Canal Capital, el grupo de investigación de programa Séptimo Día del Canal Caracol, la FM, entre otros periodistas, todos relacionados con investigaciones sobre la Comunidad.

Por el lado de Enrique Peñalosa, las actuaciones también hacen dudar. Su toma de posesión como alcalde mayor de Bogotá coincidió con el desmonte de la cuenta de Youtube de la Oficina de Prensa de la Alcaldía de Bogotá de todos los videos de la anterior Alcaldía. No dejó rastro del exalcalde Gustavo Petro, quien hizo la denuncia por Twitter, pues cuando quiso buscar el video donde rendía cuentas de su labor como alcalde ya no había nada. Al día de hoy todos los videos del canal oficial de la oficina de prensa, que funciona desde 2008, tienen fecha de 2016 y comienzan con el discurso de posesión de Enrique Peñalosa.

Además, por denuncias enviadas a la Fundación en los primeros días de febrero, se sabe que al menos cuatro videos de la cuenta del Canal Capital, todos hechos por el periodista Pablo Bastidas, no están disponibles. Da la casualidad de que los videos tenían que ver con Peñalosa y fueron suprimidos justo cuando el periodista los compartió en un artículo donde planteaba críticas sobre la nueva administración del canal en el portal Las2Orillas. Ambos señalamientos contra la Alcaldía quedaron consignados en un comunicado de la FLIP publicado el 29 de febrero.

Ante este proceder, la FLIP se puso al frente del asunto y envió requerimientos al Canal Capital y a Google, por ser la compañía que administra a Youtube. La respuesta del gerente del canal, Darío Montenegro, decía que "Canal Capital no ha ordenado… la supresión de ningún contenido audiovisual en sus canales virtuales de Youtube".

El mismo día en que la FLIP recibió respuesta por parte del canal, el diario El Espectador publicó un artículo titulado "Petro, Peñalosa y el choque por ocultar videos en Youtube", donde Darío Montenegro, gerente del canal, decía que habían ocultado los videos para evitar demandas por derechos de autor, argumento que a la Fundación le parece desproporcionado.

Camilo Vallejo, coordinador legal de la Fundación, le contó a VICE que las actitudes de la Alcaldía violan el derecho fundamental del acceso a la información. Además, dice que "se pierde un terreno ya ganado pues se dificulta el acceso a la información", que hoy solo sería penetrable a través de la figura del derecho de petición.

Aunque la Fundación no sabe con exactitud cuántos videos se han suprimido, pues solo ha recibido denuncias de un periodista, va a seguir al frente del caso: "queremos saber muy bien lo que sucedió y por qué se tomaron este tipo de decisiones y saber con exactitud qué links se borraron".

Un presidente y un alcalde de Bogotá. No es poca cosa.