Peña Nieto usa su facultad de veto con la Ley 3de3

Este jueves por la tarde, el gobierno de Peña Nieto anunció que ejercería su facultad de veto para devolver al Senado el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por considerar que contienen medidas excesivas que afectarían la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción.

"Este día, el presidente de la república, el licenciado Enrique Peña Nieto, en ejercicio de la facultad constitucional de hacer observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, conocida como facultad de veto, devolverá al senado de la república para su análisis el artículo 32 incisos B y C de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otros 15 artículos más relacionados con este artículo 32".

Estos artículos señalan que todo particular —sea un individuo o una empresa— que reciba o ejerza recursos públicos o contrate con cualquier instancia del gobierno debe presentar sus declaraciones patrimoniales. Es decir, dar a conocer todo su patrimonio y sus declaraciones de intereses. También señala que cualquier persona que trabaje en una empresa que contrate con el gobierno, tendría que presentar estas dos declaraciones, anunció Humberto Castillejos, consejero jurídico del Ejecutivo federal.

De acuerdo con el gobierno federal, este artículo también inhibiría a particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos y afectaría a personas que no están vinculados con contrataciones como los beneficiarios del programa Prospera o los becarios del Conacyt.

Hace unos días, el sector empresarial del país pidió al presidente reservar los artículos 29 y 32 de esta ley con el fin de que solo los directivos y dueños de las empresas sean sujetos de la fiscalización,y que se excluya a los trabajadores o beneficiarios de programas sociales. Por su parte, los coordinadores parlamentarios del PAN y del PRD en la Cámara de Senadores instaron a Enrique Peña Nieto a hacer observaciones no solo al artículo 32, sino también al 29.

Este último indica que que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. "El error político del presidente sería mandar un veto sólo sobre el 32. Eso sería un error terrible, que yo espero no ocurra. Eso significaría que hay un gobierno federal débil frente a los empresarios", afirmó el senador perredista Miguel Barbosa Huerta.

Además de anunciar el veto, el presidente pidió al Congreso llevar a cabo un nuevo periodo extraordinario de sesiones. "El Gobierno de la República está convencido que por ningún motivo debemos retrasar la vigencia del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Por ello el presidente de la república solicitara al Congreso de la Unión que tenga un periodo extraordinario. El sistema anticorrupción es de los ciudadanos y para los ciudadanos. Su objetivo primordial es proteger su derecho a que los recursos que aportan a través de sus impuestos se usen de la mejor manera posible".