Canadá investigará los asesinatos y desapariciones de 1.200 mujeres indígenas

Este artículo fue publicado originalmente en VICE News, nuestra plataforma de noticias.

El gobierno de Canadá lanzó el pasado miércoles una investigación sobre mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas, y junto con ella una promesa de invertir cerca de 12 millones de dólares para ayudar a las familias con "la información que buscan sobre la pérdida de sus seres queridos".

Más de 1.200 mujeres y niñas indígenas han sido asesinadas o han desaparecido en el país desde 1980; aunque algunos abogados han señalado que el número real podría ascender a 4.000. Los oficiales del gobierno comunicaron la semana pasada que la investigación presentada se centrará en las causas sistemáticas de la violencia en contra de estas mujeres y niñas —quienes tienen seis veces más probabilidades de ser víctimas de asesinato que aquellas que no son indígenas—, y en cómo prevenirla.

Los nuevos fondos para las unidades de policía de enlaces serán dirigidos a familias a las que les ha sido negada información sobre sus familiares muertos o desaparecidos. Pero la policía ha sostenido por largo tiempo que necesita proteger información importante sobre estos casos para poder resolverlos. La promesa de compartir esa información con las familias será especialmente difícil, ya que en algunos casos los sospechosos son miembros de la propia familia.

Durante una emotiva conferencia de prensa, la ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, señaló: "En las sesiones previas a la investigación que se llevaron a cabo en todo el país, algunos de los familiares de las indígenas perdidas o asesinadas nos dijeron que querían saber más sobre lo que les sucedió a sus seres queridos", dijo. "Han tenido problemas para obtener información. Así que para ayudarlos a conseguirla, el departamento de Justicia incrementará inmediatamente la asistencia financiera en las provincias y territorios. Específicamente, el departamento dará 11,67 millones de dólares en los siguientes tres años para ayudar a las provincias y a los territorios a establecer nuevas unidades de enlace familiar entre los departamentos de servicios para las víctimas ya existentes".

Las unidades van a trabajar directamente con las familias y el gobierno de las provincias "para ayudar a los familiares a encontrar la información que buscan sobre la desaparición de sus seres queridos. Además estas unidades van a ayudar a los familiares a enfrentar el trauma de su pérdida y a conseguir los recursos que necesitan".

La Asociación de Mujeres Nativas de Canadá ha esperado más de 11 años esta investigación, según informó en un comunicado el miércoles pasado. Aplaudió al gobierno por incluir la participación de las provincias y territorios en la investigación, pero criticó que no incluyera un proceso separado e independiente para revisar y reabrir los casos "cuando hay evidencia de que el caso requiere una segunda mirada".

La organización también animó al gobierno para que siga trabajando con las provincias y los territorios en el mandato de investigación. "No se menciona el papel de las provincias y territorios en los términos de referencia", explicó en el comunicado. "No es claro cómo las provincias y los territorios podrán contribuir en las discusiones. Esto es especialmente crítico dado que muchos de los problemas que necesitan resolverse están entre los sistemas bajo la jurisdicción provincial, incluyendo el bienestar infantil, servicios de salud y la mayoría de los servicios policiales".

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Antes del anuncio, un documento filtrado con detalles de la investigación levantó críticas debido a que no mencionaba el papel de la policía en las desapariciones y homicidios. Durante las fase previa a la investigación, las familias dijeron que examinar el papel que los policías desempeñarían era de gran importancia, y debía ser un tema central porque creen que los oficiales no están haciendo lo suficiente para proteger a las mujeres indígenas y no investigan sus casos cuando desaparecen.

Sin embargo, la Ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo, Carolyn Bennett, respondió a esas críticas. "En concreto, hemos escuchado que los sistemas de vigilancia y protección de la policía y bienestar infantil deben ser examinados", dijo. "Nosotros creemos que esta nueva fase va a reflejar lo que hemos escuchado en la fase previa a la investigación". Sin embargo, no prometió directamente que la comisión fuera a examinar el rol de la policía.

Una coalición de los derechos humanos canadienses y grupos de las Primeras Naciones también han hecho críticas a la investigación. Afirman que esta no obliga a las provincias y territorios a participar o presentar documentos, que no incluye el papel de la policía y que no le da a las familias que buscan justicia una opción distinta a la policía.

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Los jueces que dirigirán la investigación serán en su mayoría mujeres e indígenas. Marion Buller, una juez de la corte de la Columbia Británica, fue nombrada jefe de la comisión. Los otros cuatro comisionados son Michele Audette, expresidente de la Asociación de Mujeres Nativas de Quebec; Qajaq Robinson, una abogada de origen Inuit; Marilyn Poitras, profesora asistente de leyes en la Universidad de Saskatchewan, y finalmente Brian Eyolfson, abogado y subdirector del Ministerio de Asuntos Indígenas.

El tema principal de la investigación serán las mujeres indígenas, no los hombres indígenas, aunque algunos grupos han señalado que los hombres de las comunidades son tres veces más propensos a ser asesinados que las mujeres.