Biólogos indignados con decreto del Ministerio de Ambiente que les cobra por investigar

Imagine en su cabeza a un cazador.

Ahora imagine a un biólogo, un investigador científico.

¿La misma vaina? Quizás no. Probablemente en su cabeza uno porta un rifle o una jaula y el otro algún artefacto cuyo nombre usted desconoce. Para la ley colombiana, sin embargo, las cosas no funcionan a partir de ese imaginario y en algunos casos esas dos profesiones se solapan.

Aunque históricamente esa coincidencia no había armado líos, un decreto expedido en agosto de este año por el Ministerio de Medio Ambiente ha causado alboroto en la comunidad científica que se dedica a investigar fauna silvestre. Se trata del 1272, en el que se establecen, entre otras cosas, los pagos que deben hacerse por cazar fauna silvestre.

Esa reglamentación parte de una orden dada al Ministerio de Ambiente: en respuesta a la polémica de Manuel Elkin Patarroyo y los micos que usaba para sus experimentos, el Consejo de Estado exigió que se pusieran las reglas claras a la hora de usar animales para producir conocimiento.

El Ministerio ha dicho que la construcción del decreto se hizo con el conocimiento y la participación de la comunidad académica. Que el proyecto de decreto se colgó en su página web y que el 20 de abril del año pasado varios de los voceros de los investigadores, algunos de los que hoy reclaman, "se mostraron conformes con el trabajo realizado y sus observaciones fueron tenidas en cuenta", tal y como afirma Mauricio Mira, director de la Oficina de Asuntos Verdes y Sostenibles del Ministerio. Pero el malestar por las nuevas reglas parece indicar que no hubo realmente un consenso con los investigadores, al menos así puedo intuir de las cartas y pronunciamientos que han enviado tras la expedición del decreto.

Lea también: Atelopus farci: el sapito de las Farc

El problema con la reglamentación de la caza de fauna silvestre viene desde hace décadas, así en términos prácticos apenas se manifieste ahora. Un decreto de hace 42 años, el 2811 de 1974, define caza como "todo acto dirigido a la captura de animales silvestres, ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la recolección de sus productos". Otro decreto, el 1075 del año pasado, agrega que "son actividades de caza la cría o captura de individuos, especímenes de la fauna silvestre, y la recolección, transformación, procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de los mismos o de sus productos".

El nuevo decreto se basa en esas definiciones. Quienes quepan dentro de esa definición de cazador tendrán que pagarle plata al Ministerio.

El profesor Iván Soto, coordinador del Laboratorio de Genética Animal de la Universidad de Antioquia, explica en un artículo por qué cree que esa reglamentación es una cachetada a los investigadores: "Volviendo a la definición de caza, se encuentra que la recolección de productos derivados de animales silvestres también es considerada como 'actividad de caza'. Ello significa entonces que si alguien como parte de su investigación toma muestras de materia fecal, cáscaras de huevo, pelo, cráneos o cadáveres encontrados en el campo, es considerado por el Estado un 'cazador', incluso si no genera estrés sobre el animal objeto de estudio".

En una carta dirigida a Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, la vicerrectora de investigación de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, aclara que "el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial ya fue reglamentado por el Decreto 1376 de 2013 y allí no se menciona cobro alguno". El decreto, en efecto, no tiene cobro alguno.

La resolución 1372, que se deriva del decreto cuestionado por los biólogos, dice que la tasa base de compensación por espécimen o muestra tomada es de 9.600 pesos. "¿9.600 por rana? Nosotros en una salida de campo recolectamos más de 250 especímenes. Eso serían más de 2 millones de pesos por salida. Y ni siquiera le estoy sumando otras variables que considera el Ministerio", dice Mauricio Rivera, presidente de la Asociación Colombiana de Herpetología.

La Universidad Nacional, dice Dolly Montoya, tiene más de tres millones de especies recolectadas en sus 41 colecciones biológicas. Haga cuentas.

Mauricio Mira, del ministerio de Ambiente, aclara que "la caza comercial, deportiva y de fomento tienen comparativamente un valor más alto, mientras que los valores más bajos corresponden a la investigación científica no comercial", y agrega que se hizo una evaluación del impacto económico de la caza científica y se encontró que "en general la tasa representaría menos del 1% del valor del proyecto".

Lea también: ¿Por qué matan y desaparecen a los ambientalistas colombianos?

"A pesar de que los montos unitarios por espécimen y/o muestra no parezcan ser tan elevados, al sumar todos los especímenes/muestras de un proyecto, y a su vez considerar los cientos de proyectos que anualmente ejecuta cualquier institución de investigación, al final sí resultan ser significativos y afectan considerablemente el desarrollo y futuro de la investigación, pues los costos asociados castigan los proyectos", dice Montoya.

Hacia allá va todo. El Ministerio, en el decreto, dice que la plata que salga de esos cobros se destinará a "la protección y renovación del recurso fauna silvestre". El problema, según han manifestado varios académicos, es que cobrarles por investigar con la excusa de proteger la fauna silvestre puede ser contraproducente. El argumento es que muchos de los proyectos de investigación a los que se les estaría quitando presupuesto por culpa del decreto sirven para conocer mejor la biodiversidad nacional, saber cuántas especies viven en cada territorio, cuántas están amenazadas, cuál es su importancia para los ecosistemas.

Esas investigaciones sobre nuestra fauna luego son usadas para tomar medidas de protección por parte del Ministerio y otras instituciones. Es decir, dicen: se le estaría quitando plata a la producción de conocimiento que luego se necesitaría para invertir bien esa misma plata.

Los investigadores, por ahora, esperan que se puedan renegociar las condiciones de un decreto que creen que los va a afectar, mientras que el Ministerio insiste en que era necesario poner reglas y que en la práctica no será tan grave como muchos creen.