EEUU evalúa cerrar las prisiones privadas y centros de detención para migrantes

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Han sido semanas difíciles para la industria de las prisiones privadas. Este lunes, 11 días después de que el Departamento de Justicia (DOJ) dijera que pondría fin a las prisiones con fines de lucro, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un plan para evaluar si se actuará de la misma forma con las instalaciones donde los migrantes indocumentados son detenidos.

Casi inmediatamente después de que el secretario del DHS, Jeh Johnson, dijera que la agencia "revisará las políticas actuales y las prácticas concernientes al uso de la detención privada de migrantes", el valor de las acciones de la Corporación de Correccionales de América (CCA) y el Grupo GEO, las dos compañías de prisión privadas más grandes en Estados Unidos, se desplomaron. El valor de CCA cayó más de nueve por ciento, mientras que el de GEO cayó un seis por ciento.

Pero mientras los inversionistas están preocupados, los observadores de la industria de las prisiones privadas se muestran escépticos sobre si el DHS va en serio con sus advertencias respecto a CCA y GEO. Actualmente, las compañías operan 46 centros de migración que albergan a un aproximado de 24.000 personas, 70 por ciento de los detenidos están ahí por que fueron detenidos por Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el cual forma parte del DHS.

Carl Takei, abogado en el Proyecto Nacional de Prisiones, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, dijo que el ICE y el DHS siguen "dependiendo altamente de los contratistas privados".

"En caso de admitir que avalan la decisión del DHS y que no pueden seguir dependiendo de esos contratistas", dijo Takei, "el ICE tendría que reestructurar verdaderamente su estrategia para enfrentar la migración".

Recientemente, la CCA cerró un trato por mil millones de dólares por cuatro años con el DHS para alojar a los buscadores de asilo centroamericanos en dos centros de detención en Texas. La CCA ha conseguido 689 millones de dólares en contratos con el DHS desde 2008, mientras que GEO recibió 1,18 mil millones de la agencia durante el mismo periodo, de acuerdo a cifras publicadas por Reuters.

El DHS ha celebrando los contratos a pesar de los múltiples reportes acerca de la sobrepoblación, las condiciones insalubres, la negligencia médica, las violaciones de derechos civiles y los ataques sexuales en las prisiones privadas. El Departamento de Justicia documentó problemas similares durante la revisión que hizo de la industria.

Cuando fue cuestionado sobre el anuncio del DHS, el vocero de la CCA, Jonathan Burns, indicó que la compañía ya está está sujeta a "miles" de auditorias al año, y dijo: "damos la bienvenida a esta revisión sobre nuestra larga relación". El vocero de GEO, Pablo Paez, dijo que las auditorías recientes encontraron que todas las instalaciones de la compañía "cumplían" con los estándares gubernamentales. También discutió enérgicamente los hallazgos del reporte del DOJ, alegando que tenían "irregularidades severas".

Alex Friedmann, director asociado del Human Rights Defense Center (HRDC) y jefe de redacción de Prison Legal News, dijo que el DHS "tiene las manos atadas" cuando se trata de prisiones privadas. Hizo notar que GEO y la CCA han gastado millones de dólares conspirando con el Congreso, en políticas que las benefician. Una de ellas es el llamado "mandato de la cama", la cual pide al ICE mantener un promedio de 34.000 migrantes indocumentados en detención diariamente.

Incluso si el DHS decide dejar de usar las prisiones privadas para detención, las compañías han empezado a invertir en otras maneras de aprovechar el sistema migratorio de los Estados Unidos. GEO provee y monitorea a través de GPS, brazaletes de tobillo que cerca de 50.000 migrantes indocumentados están obligados a usar como una alternativa a la detención, mientras esperan su audiencia.

Aún así, Bob Libal, director ejecutivo de Grassroots Leadership, un grupo que trabaja para abolir las prisiones privadas, celebró el anuncio del DHS el lunes pasado como "uno de los muchos movimientos importantes que realmente podrían tener un impacto en la industria de las prisiones privadas". Señaló que los legisladores de California aprobaron una ley la semana pasada que prohibiría el uso de los centros privados de detención para migrantes. Aún falta que sea aprobada por el gobernador.

Mientras el destino final de las prisiones privadas sigue sin ser claro en los Estados Unidos, Libal dijo que la detención en centros privados se está volviendo un "tema en boga", y la revisión por venir del Departamento de Seguridad Nacional podría llevar a un escrutinio incluso más grande en la industria.

"Una de las cosas que hemos aprendido", dijo, "es que las corporaciones de prisiones privadas florecen cuando nadie está prestando atención".

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