Aunque queda poco tiempo, todavía podemos pelear por nuestros derechos como usuarios de internet

Javier Lozano. Imagen vía. 

Pasaba por el edificio del Senado el viernes cuando un taxista, con esa sabiduría que caracteriza a los de su gremio, me dijo: "Mire, qué raro que estén trabajando tan noche y para fin de semana, seguro están vendiendo algo". Después de una pausa mundialista el Senado procesó un dictamen en el que el interés público brilla por su ausencia.

Por 80 votos a favor y 37 en contra el proyecto de Ley de Telecomunicaciones fue turnado a la Cámara de Diputados, donde podría ser aprobado esta semana sin cambios sustanciales. Nosotros señalamos ampliamente los peligros que entraña esta propuesta para el libre uso del internet, e incluso nos tomamos el tiempo para hacer una detallada propuesta técnica.

Esta legislatura el Congreso federal ha modificado acuerdos fundamentales en la política mexicana que tienden a acrecentar el autoritarismo y la influencia de poderes privados que se piensan exentos de las reglas democráticas. Como dice Alfonso Cuarón "Habían prometido que al vender el país iba a haber seguridad, pero ahora se está vendiendo el país y la seguridad está cada vez peor". No suelo decepcionarme de legisladores, de quienes en realidad espero poco. Pero lo poco que espero es que se ajusten a lo que dice la Constitución.

Más allá que la propuesta inicial y los proyectos de dictamen que fueron mantenidos en secreto y acordados entre las grandes empresas de telecomunicaciones y la Presidencia, así como de la posición servil en que dejaron a Javier Lozano al conocerse que la versión final del dictamen venía de Los Pinos, la muestra más clara de la burla constitucional y de la ceguera a las voces ciudadanas la podemos apreciar en el tratamiento que recibió la primera iniciativa ciudadana de la historia que se formuló bajo las reglas del artículo 71 Constitucional en su fracción IV que dice:

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I.     Al presidente de la República;

II.    A los diputados y senadores al Congreso de la Unión;

III.   A las legislaturas de los Estados; y

IV.   A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

La histórica lucha social por contar con mecanismos de participación directa logró, el 9 de agosto de 2012 integrar la fracción IV del artículo 71 constitucional reconociendo el derecho iniciativa legislativa antes exclusiva a los políticos profesionales.

Seguido escucho el argumento vacío de ir de la protesta a la propuesta como si la primera no fuera eso. Siempre la sociedad civil ha formulado propuestas y cuando se logró el reconocimiento constitucional pensamos que era una buena idea que la primera iniciativa tuviera que ver con internet y con nuestras libertades. Sólo tendríamos que conseguir más de 120 mil firmas de apoyo. Así nos fuimos a las calles.

Tras una campaña nacional, 127 mil ciudadanos avalaron con su firma la iniciativa Ciudadana Libre Internet para Todos, presentada ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República en 3 de marzo de 2012.  Básicamente proponíamos poner en el centro de las telecomunicaciones a las personas y no a las empresas.

Por supuesto se llenaron la boca de sabias palabras y largos compromisos. Nuestra iniciativa fue turnada formalmente a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos y eso es todo lo que supimos. "La mesa directiva le dará el turno correspondiente… para que trabajemos rápido a la velocidad del internet", dijo ese día el senador Emilio Gamboa Patrón. Me hubiera conformado que fuera a la velocidad del correo mexicano.

Sin dictaminarla formalmente algunos senadores retomaron sus conceptos y propusieron que en la reforma del artículo 6 constitucional, se reconociera el derecho de acceso a internet en junio de 2012. Pasado más de un año, a pesar de nuestra insistencia, incluso en persona, la iniciativa ciudadana no había sido dictaminada. El 29 de mayo de este año exhortamos al Senado a cumplir con la Constitución y salvaguardar el derecho a la iniciativa ciudadana, sin que a la fecha se tenga respuesta.

Como sabemos, el 3 de julio las Comisiones unidas de comunicaciones y transportes radio y televisión y estudios legislativos aprobaron un dictamen sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En se documento se citan textualmente 17 iniciativas relacionadas y ni siquiera se menciona la iniciativa ciudadana.

El viernes pasado no se escuchó en el salón de sesiones del senado ni el eco de los célebres discursos que los senadores profierieran al tomarse la foto el 3 de marzo de 2012. Mientras yo pensaba que ninguno de esos legisladores fue elegido por un número cercano a la mitad de que las 127 mil personas que apoyaron la iniciativa Libre Internet para Todos. Algo está mal.

El voto de la propuesta de Ley Federal de Telecomunicaciones formaliza la violación directa a los preceptos constitucionales y presenta un abierto reto a la seguridad jurídica de los mexicanos. El Colectivo Libre Internet para Todos y el ContingenteMx mediante la petición formal de amparo, interpusimos un amparo ante el Poder Judicial para hacer cumplir la Constitución so pena de que la fracción IV de artículo 71 Constitucional sea burlada de manera abierta e impune.

Ahí solicitamos se suspenda el proceso legislativo. Se declare violatorio de la Constitución y mediante auto que recaiga a la solicitud de suspensión provisional aquí formulada: 1. Ordene reponer el procedimiento, 2. Se elabore nuevo dictamen contemplando la iniciativa ciudadana y 3. Se convoque a Comisiones unidas contemplando la convocatoria a los representantes del Colectivo Libre Internet para todos en términos de lo dispuesto por la Ley reglamentaria de la iniciativa popular, y a que esta determinación sea ordenada en el plazo perentorio que establece la Ley de Amparo. Es decir en cuestión de horas.

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No me he generado muchas expectativas en el Poder Judicial, pero creo que debemos documentar su actuación y responsabilidad en estos años de cinismo político del gobierno de Peña Nieto que hace recomendaciones para  internet libre en foros internacionales, como en La Colación para libertad de Internet en abril pasado, o en la ONU hace unas semanas.

Así paradójicamente el peso de defender los valores constitucionales recae en nosotros y no en quienes juran guardar y hacer guardar la Carta Magna, y quizá lo hacen pero un cajón. Al menos yo quiero salir a calle y poder decirle a algunas de las 127 mil personas que me confiaron su firma que he defendido nuestra propuesta y que lo seguiremos haciendo porque se trata de nuestra libertad en el futuro inmediato.

Falta un round, aunque seguramente los diputados se subordinarán, dado que ahora es la norma de etiqueta para estar en sintonía con Los Pinos. Hay que decir que no se ha perdido todo, que se logró al menos una modificación en cuanto a la definición de neutralidad de la red y que una buena campaña de Katia D'Artigues hizo que algunas consideraciones fundamentales sobre personas con discapacidad se incluyeran.

Ya veremos cómo sale la ley de la Cámara de Diputados pero nos tomaremos el tiempo para revisarla y regresar a los tribunales si es preciso.

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