Hay mucha gente que no quiere que abortes: prefiere que mueras por una infección

Hoy 28 de septiembre las organizaciones feministas latinoamericanas celebran el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, instituido en 1990. A pesar de ser un día para reflexionar sobre las acciones legislativas que se han emprendido y evaluar las políticas públicas encaminadas a prevenir las complicaciones derivadas de procedimientos inseguros y clandestinos, a pesar de todo eso, insistimos, el Instituto Guttmacher dice que el 99% de los abortos realizados en Colombia continúan siendo ilegales.

La sentencia C-335 de 2006, recordemos, abrió la posibilidad de que el aborto fuera legal en tres circunstancias: cuando la vida o la salud de la mujer está en peligro, cuando el feto presenta malformaciones que hagan inviable su vida fuera del útero y cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto. A pesar de que la Corte Constitucional ha reiterado y profundizado estos tres puntos, creando un marco conceptual que regula la práctica en Colombia, las negativas de los profesionales de la salud y las IPS se han constituido en la principal barrera para que las mujeres accedan a su derecho consagrado.

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una organización que trabaja en defensa de los derechos sexuales y reproductivos femeninos (con un enfoque amplio que busca la despenalización del aborto) recoge datos muy crudos en su estudio Embarazo no deseado y aborto inducido en Colombia, del Guttmatcher Institute en 2011: cada año ocurren cerca de 400.400 abortos en el país y solo 332 de ellos son IVE (Interrupción Voluntaria para el Embarazo) practicadas en instituciones legales.

Durante el conversatorio "Los Derechos Sexuales y Reproductivos: reflexiones para el postconflicto", que tuvo lugar en la Universidad Externado en mayo pasado, Mónica Roa, directora para Latinoamérica de Women's Link Worldwide, dijo que en Colombia las mujeres prefieren acudir a los abortos ilegales porque saben que el camino para hacer valer sus derechos sexuales y reproductivos está lleno de obstáculos.

Silvia Plana, coordinadora de la Mesa, por su parte, nos contó que "en Bogotá se realizan cerca de 3 mil procedimientos al año y, hasta ahora se han denunciado unos 955 casos en los que se ha puesto una barrera". Muchos de estos obstáculos se relacionan, por un lado, con la objeción de conciencia por parte del médico (que antepone su posición moral a la necesidad médica del paciente, y, por el otro, a la negligencia médica de las instituciones prestadoras de Salud (IPS).

De esos 955 casos que la Mesa ha acompañado, 487 llegaron a buen puerto en cuanto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Sin embargo, en 155 la opinión de los médicos prevaleció sobre el requerimiento de las pacientes y no se realizó el aborto. En los otros 301 que quedaban, las mujeres no perseveraron en el cumplimiento de sus derechos debido a la violencia de los médicos y las IPS, que utilizaron frases despectivas y cuestionaron su moral por sus acciones.

"Evidentemente, interponer barreras en contra de la autonomía que tiene la mujer sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida es violencia", insistió Plana.

En este sentido, Liliana Oliveros, abogada de la Mesa, explica que las principales barreras para acceder a la IVE se encuentran dentro del sistema de salud: en el ambiente médico existe la idea extendida de que no hay una reglamentación clara sobre lo que dice la sentencia C-355/06. Sin embargo, para ella "lo que no suele haber es disposición política de ciertos sectores y disposición profesional de ciertos actores para permitir que las mujeres accedan al servicio". Por lo anterior, considera que "es necesario endurecer los procedimientos de sanción a los hospitales, porque todavía las EPS no han dimensionado el daño que se le causan a una mujer cuando es forzada a continuar un embarazo estando por fuera de alguna de las tres causales para interrumpirlo".

Si bien la Corte ha sido clara al decir que la objeción de conciencia no es un derecho del cual sean titulares personas jurídicas, como una clínica, en muchas ocasiones no hay un solo profesional que atienda el procedimiento dentro de los centros de salud. Dicho en cristiano: de facto, muchas clínicas sí gozan de esa titularidad.

"La barrera está en el indebido ejercicio de la objeción de conciencia", explica Oliveros, "porque un médico tiene esta potestad pero a veces abusa de ese derecho e impone posturas personales, no remite a la paciente a un profesional que sí sea prestador. Por su parte, las EPS y las IPS no están cumpliendo con la obligación de saber quiénes son objetores y no están previendo con anterioridad quién les va a prestar el servicio a las mujeres".

Según datos del Ministerio de Salud, de las 446 muertes maternas de 2012, el 9% se debió a abortos inseguros que les provocaron infecciones y hemorragias. Las áreas rurales del país son los lugares donde más suceden este tipo de casos por las condiciones de pobreza de las mujeres, que no pueden acceder a un procedimiento seguro y de alta calidad, y por ende tiene mayores probabilidades de desarrollar complicaciones, precisa el informe del Instituto Guttmacher.

Los procedimientos utilizados por las mujeres del campo, según el informe, "incluyen el recurso de una partera tradicional, profesionales medianamente capacitados y hasta la intervención de la propia madre". Esto se debe a tres factores: la ignorancia de que el derecho al aborto está garantizado, la pobreza y la carga moral que la sociedad ejerce sobre las mujeres.

La violencia sexual en medio del conflicto armado también ha sido un agravante para este tipo de casos. Cerca de 13.000 mujeres han sido víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, según el estudio "Colombia: mujeres, violencia sexual en el conflicto y el proceso de paz", realizado por ABC Colombia, Sisma Mujer y U.S. Office en 2014.

La cosa no acaba, sin embargo, en la guerra: las mujeres en situación de desplazamiento tienen acceso limitado a anticonceptivos y viven en un alto riesgo de violencia sexual. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2005, el 66% de 1.097 mujeres entrevistadas dijeron que no habían planeado su embarazo: recurrir a un aborto inseguro es la solución más viable en este tipo de situaciones vulnerables.

Leyes hay, como nos contó Oliveros: en 2009 se aprobó el proyecto de Ley 244 que modifica los artículos de las Leyes 599 de 2000 (Código Penal) y 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), haciendo especial énfasis en la libertad humana. Esto con el fin de proteger a las víctimas de violencia sexual por estar en medio del conflicto armado. De ahora en adelante, en los casos de violencia sexual, la Fiscalía no podrá decir que el caso se condiciona a la presentación de pruebas físicas.

Con todo, entre 2000 y 2009, 4.415 mujeres han tenido embarazos forzosos y 1.810 de ellas han tenido abortos forzosos, de acuerdo al estudio de ABC Colombia y compañía, sobre las mujeres, la violencia sexual en el conflicto y el proceso de paz.

Las afectadas resultan ser civiles y excombatientes que corren con la misma suerte. Más del 12% de los casi 50 mil excombatientes de las guerrillas son mujeres, según cifras a septiembre de 2014 dadas por la Agencia para la Reintegración (ACR). El Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa, entre 2012 y 2013, dijo que 43 de 244 mujeres excombatientes afirmaron que fueron obligadas a abortar.

"Estamos trabajando en propuestas para que en los acuerdos de paz haya, así sea, una línea pequeñita, una exigencia sobre el acceso de servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres víctimas", comentó Plana sobre el proceso que la Mesa de las Mujeres está llevando a cabo junto a la Casa de la Mujer y Women`s Link Worldwide.

"Las mujeres estamos tejiendo lo que la guerra ha destruido. El respeto a la autonomía sobre nuestro cuerpo y al poder de decisión es sinónimo de democracia. Estamos trabajando juntas para hacer valer nuestros derechos", concluyó.

A pesar de las altas cifras de abortos clandestinos en Colombia, y de los riesgos que supone para la vida de las mujeres, esta práctica continúa siendo un delito tipificado en el Código Penal Colombiano. Un crimen (como el homicidio o el hurto) que hace poco casi le cuesta la apertura de una investigación judicial a la actriz Carolina Sabino.

Para Liliana Oliveros de la Mesa por la Vida, sin embargo, el caso Sabino reveló algo importante: "la lectura que hemos hecho es que es un momento histórico y social diferente para hablar de este tema. Lo que pasó con Carolina Sabino es que la gente puede que reproche el aborto pero nadie estaría de acuerdo con que una mujer vaya a la cárcel por habérselo practicado. En la medida en que socialmente ninguna persona crea que la cárcel o una pena sean una salida o un castigo que merezca una mujer que interrumpa un embarazo, el escenario de la despenalización tendría que ser el siguiente. Si nadie quiere ver a una mujer en la cárcel porque haya abortado y hay un respeto a su decisión, pues entonces para qué seguimos teniendo un delito en el Código Penal".