No, la Junta de Castilla y León no ha prohibido el torneo del Toro de la Vega

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, acaba de anunciar que la Junta ha decidido elaborar un decreto ley que prohíbe la muerte de las reses que participen en espectáculos taurinos populares y tradicionales con presencia de público. Esto incluye, por supuesto, el torneo del Toro de la Vega que se celebra en la localidad vallisoletana de Tordesillas.

Después del incidente del correbous de Mas de Barberans en la provincia de Tarragona que generó reacciones inmediatas de desprecio en las redes sociales, varios personajes conocidos en los que podemos encontrar a Cecilio G. y Javi Roche de Chatarras Palace— se animaron a atacar verbalmente el torneo del Toro de la Vega y comunicaron sus intenciones de asistir al encuentro para oponerse tanto al maltrato animal como a las agresiones machistas.

Tiene que quedar muy claro que la decisión de la Junta no prohíbe la celebración del torneo, del Toro de la Vega, solamente prohíbe la ejecución pública de las reses, por lo que el lamentable espectáculo seguirá realizándose con total impunidad. Santiago-Juárez afirma que ahora corresponde "al Ayuntamiento de Tordesillas" modificar el reglamento que regula las condiciones en las que se desarrolla el torneo.

Esta decisión actúa como un sucedáneo ofensivo que incluso agrava más la situación, pues lamentablemente solamente pretende funcionar como un mecanismo para apaciguar las críticas que ha recibido el torneo estas últimas semanas, sin tener en cuenta en ningún momento —puesto que el animal puede sacrificarse fuera del torneo— el sufrimiento de las reses en este sádico espectáculo. Paradójicamente, también quedan fuera de la prohibición los festejos taurinos que se desarrollan en las plazas de toros.

Quizás esta medida más superficial que efectiva tiene algo que ver con el reciente reconocimiento por parte de la Junta de Castilla y León de la adjudicación a dedo de la reforma del edificio de economía de la misma Junta, una reforma que costó 4,4 millones de euros. No hace falta ser muy mal pensado para creer que esta rápida a la par que inefectiva decisión sobre los festejos taurinos servirá para tapar, al menos por ahora, el escándalo del gobierno de la comunidad.