"El carbón es hombre muerto". Esto escribió en 2010 Kevin Parker, miembro del comité ejecutivo del Deutsche Bank y experto en finanzas. Sobre las empresas productoras de carbón, agrega lo siguiente: "Los bancos no van a financiarlas, las aseguradoras no van a asegurarlas, la Agencia de Protección Ambiental las tiene en la mira y las cuentas para hacerlo sostenible no dan", concluyó el experto en finanzas. Tal vez Parker no se ha dado una pasada por Colombia.Entre 2002 y 2010 el país triplicó la cantidad de licencias mineras otorgadas. Las 87 millones de toneladas que produce Colombia cada año la convierten en el quinto exportador a nivel mundial. Y la tendencia se mantiene: para el 2019 el gobierno proyecta llegar a 130 millones de toneladas anuales. Estos datos, recopilados por la ONG Dejusticia y por el Centro de Recursos para los Negocios y los Derechos, salen en el informe Digging Deeper: The human rights impact of coal in the global south, que pone a Colombia como uno de los países "problema" en cuanto a la extracción de carbón se refiere.
El informe visibiliza la manera en la que, ante el estancamiento de la demanda y producción en los países del hemisferio norte, la industria del carbón ha mudado sus intereses a países del hemisferio sur, como Sudáfrica, Egipto o Colombia, y denuncia el impacto negativo que ha tenido este fenómeno en materia de derechos humanos.
Según el Gobierno colombiano, la minería es una de las "locomotoras del desarrollo" . Sin embargo, los departamentos en los que se ha concentrado la mayor parte de los proyectos de extracción de carbón son La Guajira y Cesar, cuyas economías, de acuerdo al informe, dependen de este negocio en un 60% y un 45% respectivamente, pero ingresando en la lista de los 10 departamentos que concentran más habitantes en condiciones de pobreza extrema.
Esta no es la única ironía de la industria del carbón en Colombia. Según su Plan de Manejo Ambiental, El Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de latinoamérica, usa 17 millones de litros de agua al día. Esto en La Guajira, el mismo departamento en el que entre 2008 y 2013 han muerto 3.000 niños por falta de agua potable.
Aparte de falta de acceso de agua potable, los habitantes de este departamento al parecer se han visto desplazados por la explotación minera. Según el informe, durante los últimos 15 años, la expansión de El Cerrejón ha desplazado a la comunidades que tradicionalmente habían ocupado territorios aledaños a la mina. Citan el caso de El Tabaco, un caserío fundado por esclavos cimarrones que, en 2001, que habría sido desalojado por orden de Carolina Martínez, una jueza del Municipio de Barrancas. La jueza, dice el informe, decidió que el caserío, en el que habitaban alrededor de 1.100 personas, podía ser expropiado ya que se encontraba ubicado en terrenos que serían parte de la expansión de la mina.
En mayo de 2002 la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el que ordenó reubicar a la comunidad en el municipio de Hatonuevo. Sin embargo, la comunidad y los directivos de la mina no llegaron a un acuerdo hasta diciembre de 2008. En 2010 Cerrejón anunció la compra de los predios necesarios para la reconstrucción de Tabaco, pero hasta la fecha no se han iniciado las obras. Hecho que Carbones del Cerrejón, la compañía que opera la mina, le atribuye a que los líderes comunitarios no se han puesto de acuerdo en una planeación urbana para el nuevo caserío.
Otra de la comunidades que, según el informe, ha sido afectada por El Cerrejón, es la de Tamaquito, la cual no ha sido desplazada de su lugar de residencia pero sí ha visto cómo la mina crece a su alrededor, haciendo que el territorio al que podía acceder la población para desarrollar su actividades agropecuarias pasara de 12.500 a 25.5 hectáreas.
A diferencia de lo que sucede con los habitantes de Tabaco, la comunidad de Tamaquito, de acuerdo con el informe, no ha sido desplazada, pero han visto cómo la mina ha comprado todos los terrenos a su alrededor dejándolos sin acceso a las escuelas y puestos de salud que atienden a sus habitantes ya que, según los miembros de la comunidad, los guardias contratados por la mina no les permiten atravesar los terrenos de El Cerrejón. Los habitantes de Tamaquito fueron reubicados a finales de 2013 en un caserío llamado Tamaquito II, pero le afirman a Dejusticia que las condiciones de vida son muy inferiores en su nuevo pueblo.
Cerrejón, que es operada conjuntamente por Anglo American, por Xsatra, una compañía con sede en Londres, por una compañía minera suiza y por BHP Billiton, una minera australiana que es la más grande del mundo, fue emplazada por el Estado para reubicar a los asentamientos de El Hatillo, Plan Bonito y El Boquerón, dice el informe. Actualmente estas comunidades negocian sus condiciones de reasentamiento, sumándose a las comunidades de Chancleta y Roche, las cuales ya han sido reubicadas. Para algunos activistas, incluidos quienes elaboran el reporte, esta lista de reasentamientos ya constituye caso de desplazamiento forzado.
Según el informe, no son solo las comunidades aledañas a las minas las que se han visto afectadas. En ocasiones, han sido los propios trabajadores de las minas quienes han resultado vulnerados por la extracción del mineral en Colombia. Muchos miembros de Sintracarbón (el sindicato que agrupa a todos los trabajadores de la industria del carbón) manifiestan que en la industria existe un segundo grupo de trabajadores que no reciben ninguno de estos beneficios. Se trata de los contratistas, empleados que no trabajan directamente para la compañía sino para empresas contratadas por Cerrejón, es decir empleados tercerizados. Según Jose Britto, vocero del sindicato, estos contratistas reciben salarios que en ocasiones están debajo del mínimo legal vigente y reciben equipo de seguridad defectuoso.
Según lo que Sintracarbón le dijo a la ONG Dan Watch para el informe "La maldición del Carbón", publicado en 2010, estos contratistas corresponden al 50% del personal empleado por Cerrejón y la empresa busca constantemente reemplazar a muchos de sus empleados fijos con empleados tercerizados. El sindicato dice conocer varios casos en los que Cerrejón ofrece dinero a los empleados que comienzan a desarrollar enfermedades para que renuncien a su trabajo. Según las declaraciones dadas por parte de Sintracarbón a esa ONG, esto se debe a que Cerrejón quiere evitar a toda costa ser declarado un ambiente laboral de alto riesgo, lo cual implicaría aportes más altos al fondo de pensiones de la nación y adelantar la edad de retiro de sus empleados.
La mayoría de estas acusaciones ya habían sido noticia en Colombia. Sin embargo, lo que Dejusticia y el Centro de Recursos para los Negocios y los Derechos Humanos buscan con este informe, sobre todo cuando el mundo tiene la mira en un acuerdo global sobre el medio ambiente, es concientizar a países como Inglaterra, Estados Unidos, Holanda y Dinamarca, los cuales son los principales importadores de carbón colombiano, acerca de las violaciones a los derechos humanos de las que se están haciendo cómplices al importar ese mineral.
Publicidad