Sobrevivir al Estado: “la Federal quiso matarme”

Este texto se publico originalmente en Revolución Tres Punto Cero.

"Alejandro" conoció la ira y la más profunda tristeza en una madrugada del 2002, cuando vio a su padre inmóvil, tirado boca arriba sobre la tierra de la parcela familiar. A simple vista, el entonces niño de nueve años pudo ver que los brazos y piernas de su papá estaban "quebrados". La cabeza había sido reventada "como si le hubieran echado algo pesado", y uno de los ojos salía ligeramente de su cuenca. La bestialidad de la guerra michoacana cayó poco después de la medianoche sobre aquel rancho enclavado en el montañoso municipio de Tancítaro, a 42 kilómetros de la ciudad de Apatzingán, Michoacán. Alejandro (no es su verdadero nombre) pasó más de nueve horas al lado del cuerpo torturado de su papá, en espera de las autoridades locales para hacer el levantamiento del cadáver. El crimen, como muchos de los crímenes en México, se hundió en la impunidad y jamás fue resuelto.

Los primeros recuerdos de la infancia del hoy veterano ex autodefensa michoacano y ex policía de la Fuerza Rural son de cuando tenía cinco años. Alejandro y sus amigos, todos ellos parte de una generación de niños mexicanos nacidos en medio de un conflicto armado, veían pasar las largas caravanas de camionetas negras repletas de hombres encapuchados, con "cuernos de chivo" y AR-15 con lanzagranadas terciados a la espalda; todos vestidos de negro.

Las filas de comandos Zetas creados por Arturo Guzmán Decena, el Z-1; los sádicos ex militares que dominaron a sangre y plomo la Tierra Caliente a mediados de la década del 2000, eran frecuentes. "Ellos sólo actuaban de noche", dice Alejandro. "Nada más se oía cómo reventaban las casas, cómo sacaban y arrastraban a la gente. Al otro día aparecía un cuerpo por aquí, y una cabeza por allá".

Esas imágenes pasaron rápidas en su mente cuando sintió el calor de los primeros balazos disparados por policías federales, la mañana del martes 6 de enero del 2015 sobre la Avenida Constitución en Apatzingán, Michoacán. Alejandro y sus compañeros autodefensas del recién desmantelado grupo de la Fuerza Rural, G-250, quedaron tirados sobre charcos de sangre que escurría debajo de una camioneta Ram blanca.

A pocos metros de ellos, Miguel Ángel Madrigal Marmolejo yacía con el cráneo destrozado. Su corpulencia no pudo cubrir a Berenice, su esposa, en cuyas piernas quedaron los pedazos de carne desprendida del estómago de Miguel. Hilda Amparo Madrigal, su hermana, quedó abrazada de otro joven con el antebrazo derecho perforado. Sus cuerpos quedaron encima de unos palos a un costado de una GMC Acadia color negro.

Alejandro recibió el primer balazo en la pierna derecha y lo tumbó. Guardó calma. A sus 18 años había estado en al menos 14 combates contra Caballeros Templarios y sabía reaccionar bajo fuego, por eso se arrastró debajo de la camioneta para cubrirse en medio de las llantas traseras, pero las balas pasaban por todos lados. ¡No disparen! ¡No traemos armas! Los gritos se ahogaron en gemidos suaves que poco a poco se fueron silenciando.

"No traíamos más que piedras y palos en la caja de la Ram. ¿Usted cree que de haber traído con qué, nos hubiéramos dejado matar como perros? ¡Hubiéramos peleado!"

Su voz es firme. No niega que de haber podido se hubiera defendido, "Aunque sea con una pinche "corta" (pistola)", dice. "Me matan, pero al menos a uno sí me lo llevo de cabecera".

Otro disparo. Esta vez perforó su hombro izquierdo y bajó a través del tórax hasta alojarse en el vientre fragmentado en tres pedazos. "No pude hacer nada. Nos aventaron un "papazo" (granada). Cuando explotó uno de los fragmentos me dañó el ojo. Aquí tengo todavía la esquirla… el doctor no me la pudo retirar. Traigo una placa en el hombro y con este ojo (el izquierdo) no veo".

Esa mañana Alejandro recibió seis impactos de bala disparados por al menos cinco policías federales: uno en hombro izquierdo; dos en muslo derecho; uno en la pantorrilla derecha; uno en el pie izquierdo y uno más en el pie derecho. Pretendió estar muerto cuando vio que un policía federal se acercó a su primo de 22 años y lo ejecutó con un disparo en la cabeza. "Ahí fue cuando nos aventaron las armas que nos sembraron, y los cargadores que ni siquiera eran del rifle que pusieron. Un federal se dio cuenta que yo estaba vivo, se me acercó y me pisó la herida del hombro con su bota. Después me puso el cañón del rifle en la cabeza, pero otro federal le dijo que no hiciera nada porque los vecinos ya estaban saliendo de sus casas".

Después de desangrarse por más de 40 minutos su cuerpo comenzó a sentir dolores insoportables. Los policías federales ya le habían dicho al menos a una ambulancia que no había sobrevivientes, pero una unidad de Protección Civil que también arribó a la escena le dio confianza a Alejandro y logró alzar la mano para pedir ayuda. Los paramédicos de Protección Civil le salvaron la vida.

En un video editado por la Policía Federal y que pretendió mostrar a sus elementos ayudando a los sobrevivientes, se muestra a dos policías federales subir a Alejandro a una camilla jalándolo del cinturón. "Me estaban lastimando. Como pude le quité la mano al policía, usted puede verlo en el video". Alejandro fue llevado casi sin sangre al hospital Ramón Ponce, entonces ubicado a solo seis cuadras del ataque. Desde ese momento él y sus familiares no han dejado de ser perseguidos ni de recibir amenazas de parte de los Caballeros Templarios.

Después de la agresión del 6 de enero, se han suscitado al menos 17 situaciones que han atentado contra la seguridad de Alejandro y su familia , quienes actualmente están bajo protección de la Secretaría de Gobernación por medio de su Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH), unidad que se vio forzada a responder a la solicitud de medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado mexicano (medida cautelar 251-15) por considerar que los hechos reunían los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad de su reglamento.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), organización civil dirigida por el doctor José Antonio Guevara Bermúdez y que representó legalmente a Alejandro desde junio 2015 hasta febrero pasado, argumentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que algunos policías federales y el cártel de los Caballeros Templarios han hostigado a Alejandro desde que lo ingresaron moribundo al Hospital Ramón Ponce en Apatzingán, y que han querido matarlo después de sobrevivir al ataque.

En la solicitud de medidas cautelares, la organización que preside el doctor Guevara afirmó que las amenazas se incrementaron cuando Alejandro dio su testimonio a periodistas que informaron sobre el caso en abril, mayo y junio del 2015. Según esa solicitud el acoso comenzó de inmediato. Entre el 7 y el 20 de enero del 2015 Alejandro fue criminalizado y a punto de ser rematado. Agentes federales dijeron a su familia que él estaba internado en calidad de detenido. Sin argumento alguno, sus celulares con todos los contactos de compañeros y líderes autodefensas fueron confiscados y jamás devueltos.

El 20 de enero, un médico del hospital informó a la familia de Alejandro que un policía federal había intentado sobornarlo para que le inyectara alguna sustancia y le provocara la muerte. Alejandro asegura que lo quisieron rematar debido al resultado negativo de las pruebas de Rodizonato de Sodio que le realizó una perito de la Procuraduría General de la República (PGR) y que no consiguieron imputar ningún cargo por haber disparado armas de fuego de uso exclusivo del ejército contra los agentes federales.

Gracias a la alerta del doctor del Hospital Ramón Ponce, sus familiares lo transfirieron a la Clínica México, un hospital privado en Apatzingán donde fue atendido hasta que el dinero prestado les alcanzó. Aún le quedan 10 esquirlas del granadazo, (una de ellas estaba saliendo de su nuca durante una de las entrevistas), y un adeudo de más de 250 mil pesos por concepto de al menos dos operaciones, estadía hospitalaria y medicamentos que en algún momento la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tendrá que pagarle, según dicta el artículo 64 fracción VII de la ley general de víctimas.

A más de un año del ataque y hasta principios de abril de este año, Alejandro asegura no haber recibido un solo peso de ayuda, de los 1,400 millones con los que cuenta el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas administra, y al cual tiene pleno derecho.

Al no contar con más recursos para continuar su tratamiento y ante el miedo de ser asesinado, Alejandro viajó a Guadalajara para poder sacarse las esquirlas restantes en el Centro Médico de Occidente, Hospital de Tercer Nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero fue rechazado por no contar con el certificado de sanidad que la PGR nunca entregó, y que incluían los resultados negativos de la prueba de Rodizonato de Sodio. Debido a la tardanza médica, el nervio óptico cicatrizó y redujo la visión del ojo izquierdo a un 10 por ciento. Regresó a Michoacán, a la ciudad de Uruapan donde pudo ser parcialmente intervenido la primera semana de febrero.

Fueron días de descanso, de acostumbrarse a mirar con un solo ojo, de aprender a caminar con equilibrio y soportar los dolores que llegaban repentinos. El 19 de abril del 2015 la revista Proceso publicó el reporte especial sobre las ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán, donde Alejandro dio su testimonio de forma anónima. Pese a esa precaución, seis días después de la publicación, comenzaron los patrullajes constantes e inusuales de policías federales afuera de su casa en Tancítaro.

El jueves 7 de mayo un hermano de Alejandro y a quien la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) identifica únicamente como "S", fue secuestrado por Caballeros Templarios. El joven, tan sólo un año mayor que Alejandro, fue golpeado y liberado 48 horas después con un mensaje dirigido a su hermano: "Ya cállate. Cuídate, porque ya te traemos cortito". Los Templarios, según se lee en la solicitud de medidas cautelares, fueron con "órdenes de policías federales para desaparecerlo".

"Sabemos que los federales les piden favores a los Templarios. Ellos traen uniforme y no es tan fácil que revienten una casa, y menos después de lo que pasó". En el submundo de la corrupción e impunidad en México, con su oscura tasa de inefectividad judicial del 98 por ciento, la hipótesis del muchacho no suena descabellada.

El lunes 11 de mayo Alejandro regresó a su casa después de una recaída por complicaciones con los fragmentos de bala en el estómago. En cuanto llegó a su rancho, alertó a su comunidad y a las líderes autodefensas de Tancítaro para que le reportaran cualquier presencia sospechosa. "Sabía que irían por mí, pero no tan pronto. Ya habían secuestrado a mi hermano pensando que era yo. Lo tuvieron amarrado dos días. Sólo era cuestión de tiempo".

Alejandro detiene por momentos sus recuerdos. Guarda silencio mientras fija la mirada en el tablero del coche. Tenemos que reunirnos dentro del vehículo porque el departamento que la Secretaría de Gobernación le ha dado por medio de RCU Sistemas, empresa que desde febrero del 2014 es la responsable de atender a los beneficiarios del mecanismo de protección, no permite que entren desconocidos.

El joven autodefensa mete la mano al bolsillo del pantalón y me enseña su botón de pánico; es verde y con tres botones. Sirve para solicitar ayuda policial en caso de peligro. Es el mismo dispositivo que el del los periodistas beneficiarios del mecanismo de protección. Ya Alejandro lo usó en una ocasión después de haber sido seguido varias cuadras por un "Charger blanco sin placas". "Ahí sí funcionó el botón", dice, porque antes, "el aparato no jalaba por no haber señal de celular en el cuarto de hotel donde me resguardaron al principio del mecanismo".

Dice estar harto, fastidiado del trato que ha recibido de parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quienes lo han dejado plantado en al menos dos ocasiones para llevarlo a sus citas con el ortopedista en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y quienes no le han programado más estudios médicos. Afirma con orgullo "ser de rancho" y haber vivido toda su vida en el campo. Confiesa su aversión por la ciudad a donde fue desplazado y que nada tiene que ver con el entorno social, económico y cultural de donde es originario.

La brecha entre el campo y el gris urbano es inmensa para el adolescente desplazado. Cuenta que antes de ser autodefensa y fuerza rural, se dedicaba al cultivo de aguacate y al corte de limón, labores que realizó hasta mediados del 2013 cuando escuchó a los comunitarios alzados llegar a su pueblo, tocando el claxon de sus camionetas e invitando a la gente al movimiento para eliminar a los Caballeros Templarios y sus líderes. Alejandro no lo pensó dos veces. Sus manos campesinas soltaron la guadaña con la que quitaba el "zacate" de las huertas, y se unió a las filas autodefensas con el recuerdo de su padre y otros dos familiares asesinados como sus motores de impulso.

Cuenta el muchacho que no tardó mucho en distinguirse por su valor en los enfrentamientos y en las incursiones que lo pusieron hasta dos meses dentro de la sierra de Tumbiscatío donde llegó a comer gusanos y plantas. Cuando le asignaron gente a su mando también le asignaron una camioneta y lo hicieron escolta de uno de los comandantes del G-250.

"Confiaban en mí", dice con una leve sonrisa torcida. "Si me pedían que fuera a reventar la casa de un Templario, lo hacía. Seguía órdenes y las sabía cumplir. Una vez que reventamos una casa, el malandro traía con qué defenderse, verdad, entonces me pegó un chingadazo en el mero chaleco que me tiró. Pero ya los demás compañeros lo detuvieron, y otros más me ayudaron a levantar".

Alejandro es moreno, alto, con la mirada dura y de sonrisa difícil. Sus ojos negros permanecen con brillo. Sólo una pátina opaca indica que algo anda mal del lado izquierdo pero eso no evita que sea una cascada de espinosas memorias. Dice que le hace bien platicar y fumarse sus Marlboro rojos de 14. Es el único lujo que asegura darse después de que salió desplazado de su rancho en mayo del 2015, cuando recibió la llamada de un compañero autodefensa:

"… (El compañero) me dijo que unas camionetas con gente armada habían entrado poco después de dos patrullas de (policías) federales que se pararon en un crucero que está como a 600 metros de mi casa".

En cuanto colgó el celular Alejandro tomó los últimos tres mil pesos que le habían prestado y se salió por la parte trasera del rancho. Se metió al cerro y se escondió en una loma. Desde ahí pudo ver a los civiles armados cuando se metieron a su casa; la destrozaron y saquearon. Entre lo robado se fueron copias certificadas de actas de nacimiento, recetas de doctores, comprobantes médicos y recibos de hospital. Poco más de 15 minutos duró el ultraje.

Cuando se fueron las camionetas y después de esperar un rato por si volvían, Alejandro bajó de su escondite. Los vecinos le confirmaron que las amenazas iban en serio. "Te están buscando. Andan preguntando por ti". El joven regresó sobre sus pasos y se internó en el cerro. Sólo volteaba hacia atrás para asegurarse que nadie lo siguiera. "En el cerro te desaparecen", dice con el más sombrío de los tonos. "La sierra michoacana está llena de muertos".

Según el informe de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) titulado "Los Desaparecidos en México", en Michoacán existe registro de al menos 149 casos donde hay evidencia que comprueba la participación de las fuerzas federales en casos de desaparición forzada. Y es que en el Michoacán de Alejandro, uno muy distinto al del gobernador Silvano Aureoles y el presidente Peña, el "reventar" una casa y desaparecer a familias completas es algo tan impunemente común, que nadie está a salvo dentro de su propiedad. Nadie, absolutamente nadie está exento de padecer la violencia, la muerte y el desplazo forzado. No existe autoridad estatal o federal de ningún tipo que garantice la seguridad de los habitantes de estas regiones.

Tras nueve horas de huida en medio del monte y de haber cuidado como pudo sus heridas, Alejandro vio las luces de la ciudad de Apatzingán. Ahí se refugió con un primo suyo que le dio un lugar donde pasar la noche. A la mañana siguiente salió escondido en un taxi que lo llevó a la terminal de autobuses. Huyó a otra ciudad donde familiares ya lo esperaban.

Desde ese momento, el adolescente ex autodefensa del G-250 pasó a formar parte de los 281 mil 400 desplazados que, según el informe del Centro de Vigilancia de Desplazados Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), México alberga en todo su territorio. El 13 de mayo del 2015, Alejandro tuvo que huir de su comunidad por el peligro de ser asesinado. Llegó a una ciudad en donde nunca había estado, con al menos nueve esquirlas alojadas en el cuerpo, ciego del ojo izquierdo y con tres fragmentos de bala que desde entonces no han dejado de desgarrarle el vientre.

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La versión oficial de la masacre de Apatzingán en donde Alejandro, el joven autodefensa michoacano que sobrevivió a nueve fragmentos de granada y a seis balazos disparados por policías federales, sólo duró un par de meses. El entonces "comisionado para la paz", Alfredo Castillo Cervantes, afirmó en su explicación del peritaje que la masacre de civiles sobre la avenida Constitución de 1814 se debió a un "enfrentamiento y fuego cruzado entre policías federales y civiles armados".

Esta versión fue desmoronada y sus deficiencias expuestas gracias a la investigación periodística de Laura Castellanos publicada el 19 de abril en el semanario Proceso, el portal Aristegui Noticias y la cadena Univisión. Según la solicitud de medidas cautelares enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mediatización del caso provocó nuevas amenazas que llegaron hasta el exilio de Alejandro entre el 25 y 29 de mayo vía Whatsapp.

El 6 de junio se cumplieron: en una muestra de la impunidad que impera en la región, el hermano "S" volvió a ser secuestrado por Caballeros Templarios. Horas después fue liberado con la condición de que Alejandro se entregara para evitar que "hicieran pedazos a su familia". Antes de escapar de su comunidad, "S" habló por teléfono con Alejandro: tenía que entregarse el domingo 14 de junio. De no hacerlo se cobrarían "a lo chino": harían pedazos a cualquiera de su familiares que se encontraran primero. El 16 de junio toda la familia se separó para salir desplazados de Michoacán. "S" se reunió con Alejandro en el exilio, y su madre se refugió en otra localidad fuera de Tancítaro.

A pesar del miedo que le representaba, Alejandro pidió ayuda al Estado. Primero lo hizo el 10 de junio a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Los abogados del michoacano solicitaron atención urgente para él y toda su familia. "De esa reunión informal se acordó que la CEAV gestionaría la atención médica, mientras que el doctor adscrito a ésta comisión reafirmó la "necesidad urgente" de extraer las esquirlas de su cuerpo".

El 15 de junio Alejandro y su representación legal tuvieron un primer acercamiento con personal de la Secretaría de Gobernación, del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para pedir apoyo por la extrema situación de peligro que enfrentaba el ex fuerza rural y su familia. Sin embargo, a pesar de conocer los hechos y recibir pruebas de las amenazas recabadas directamente del teléfono celular de Alejandro, todas las instituciones se dijeron "legalmente incapaces" para ofrecer protección.

El comisionado de la CEAV, Adrián Franco Zevada, fue enfático: "La CEAV no puede hacer nada hasta que denuncies ante la Procuraduría General de la República". El michoacano contestó que lo haría, pero primero tendrían que poner a salvo a su familia. Denunciar ante la delegación de la PGR en Michoacán aumentaba el riesgo de filtraciones que pusieran en peligro a la madre y hermanos de Alejandro.

Según los artículos 7 fracción VIII y 40 de la ley general de víctimas, sobre el derecho de las personas a recibir medidas de protección, la CEAV estaba facultada para coordinar a las instituciones competentes de cualquier orden de gobierno en la atención de una problemática específica. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entonces, era responsable de garantizar a Alejandro y sus familiares, el acceso a la "protección del Estado, incluido el bienestar físico, psicológico y la seguridad del entorno".

Ante la negativa del gobierno mexicano para proveer protección a las víctimas, la organización que en ese momento representaba a Alejandro, solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un fragmento de la petición dirigida a este organismo refleja la gravedad de la inoperancia de los gobiernos federal y estatal:

"La naturaleza de las amenazas y atentados provienen de agentes estatales y de agentes no estatales que posiblemente actúan en colusión. Tanto la Policía Federal, como la Procuraduría General de la República Delegación Michoacán han actuado de forma que reflejan estar colaborando con el cártel de Los Caballeros Templarios. Se ruega actuar con cautela para no comprometer a Alejandro con solicitudes de información que requieran la intervención de la Policía Federal o a la Delegación de la PGR en Michoacán".

La respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue casi inmediata.

El 30 de junio del 2015 la CIDH publicó en su sitio web la resolución 23/2015, medida cautelar número 251-15 en donde solicita al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para preservar la vida de Alejandro y sus familiares, incluyendo atención médica. Pedía al gobierno de Enrique Peña Nieto que le informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la medida cautelar. La resolución fue firmada por Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Washington, DC, Estados Unidos.

El 6 de julio, poco antes de las 11 de la mañana, Alejandro, el ex autodefensa y ex policía rural baleado por policías federales hacía exactamente seis meses y a quien el Estado le negó protección 21 días atrás en medio de una verificada situación de riesgo, entró caminando a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación en Ciudad de México.

Traía la resolución de la CIDH bajo el brazo. Esta vez las instituciones gubernamentales pusieron más atención al adolescente.

En aquella reunión estuvieron la Titular de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Sara Irene Herrerías Guerra; Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, director General Adjunto (quien se negó en repetidas ocasiones a darnos una entrevista); la maestra Rosalinda Salinas Durán, Directora General en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República; la doctora América Nava Trujillo, Directora General de Estrategias de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y Aurora Cuevas, de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal.

El michoacano llegó con un equipo de cinco abogados de la organización que lo representó hasta el 23 de febrero del 2016, cuando bajo protesta de decir la verdad, declinó de sus servicios legales. (También estos últimos se negaron a darnos una entrevista. Dos jóvenes en sus oficinas en Ciudad de México dijeron que nadie de su organización hablaría del asunto).

Fueron nueve los acuerdos logrados en esa primera reunión oficial. La Unidad de Defensa de los Derechos Humanos (UDDH) de la Secretaría de Gobernación se comprometió a proporcionar un cuarto de hotel para Alejandro y su hermano en lo que encontraban una casa de seguridad en una zona "relativamente rural", así como el otorgamiento de botones de pánico para él, su madre y dos hermanos.

En el cuarto acuerdo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se comprometía a informar sobre la ruta de atención de salud médica y psicológica para el michoacano. En este documento firmado por todos los funcionarios públicos arriba mencionados y de la cual este medio tiene copia, se señaló un monto de 250 mil pesos por concepto de salud que Alejandro gastó para salvar su vida; dinero prestado que hasta ahora no ha pagado porque según expuso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para realizar el reembolso, es "necesario que se le reconozca como víctima".

Alejandro lo es desde 25 de noviembre del 2015, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 3VG/2015 sobre las ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán, donde solicitó a la CEAV en su inciso 772 que Alejandro, y otras personas más, fueran inscritas en el Registro Nacional de Víctimas.

En esa primera reunión oficial, la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló que el reembolso no era materia de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según se lee en el apartado tres de la minuta de trabajo sobre "Requerimientos de salud y otras medidas" la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es la encargada de hacer un rastreo de los hospitales en Michoacán donde el beneficiario fue intervenido y recuperar todas las facturas médicas.

A nueve meses de esa primera reunión, Alejandro afirma haber dado datos a la CEAV de los lugares donde recibió servicios médicos. Pese a eso, el monto las facturas que hasta abril 2016 han sido recuperadas no llega ni a los quinientos pesos, y hasta la última entrevista con Alejandro en ese mismo mes, seguía sin tener fecha para recibir el reembolso de los gastos médicos como dicta la ley general de víctimas.

El joven michoacano dice estar convencido de haber comenzado otra lucha, ahora sin "cuernos de chivo" ni chalecos blindados con 12 cargadores al pecho. Esta vez se metió en las sombras del sistema y su lentísimo laberinto burocrático. Su marcado acento michoacano suena enfadado, molesto cuando explica el trato que ha recibido:

"Se aprovechan de que nadie sabe de mí, de que mi nombre en realidad no existe. El mecanismo también los protege a ellos de no hacer bien su trabajo. Nadie sabe que nos han dejado plantados a mi y a mi hermano para llevarnos al Instituto (Nacional de Rehabilitación) para recibir atención médica. Nadie sabe que con el frío me duelen las esquirlas y ni medicamento tengo para los dolores. ¿Con quién me quejo? ¿A cuántas víctimas más se les tienen olvidadas o medio atendidas, oiga? ¿A quién le digo que el doctor Nacif (Martín Nacif Rojas, director de servicios médicos de la CEAV) me dice que no pasan por mi para llevarme al hospital, porque según no tienen carro ni chofer en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Ya estoy harto, hasta la madre. Ya quiero dar la cara y si es necesario que me regrese a mi pueblo y vuelva a agarrar un rifle para defenderme, pues lo hago. Ya tengo mi destino marcado".

En un documento de seguimiento dirigido a la maestra Sara Irene Herrerías Guerra, Titular de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (UDDH) recibido el 15 de julio del 2015, el director de la organización que representó a Alejandro, denunció que personal de la CEAV llevó al muchacho el 9 de julio del 2015 al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y sólo realizaron el diagnóstico oftalmológico, cuando nueve días atrás se había acordado hacer un examen completo para evitar que la tardanza en la atención médica provocara más daño en su salud.

Cuenta Alejandro que la doctora Vania Bárcenas Piña, subdirectora de servicios médicos de la CEAV, fue la responsable de llevarlo aquella vez al INR. Dice que después de haber sido revisado, un médico le informó que ya nada se podía hacer por su ojo. De forma presencial este reportero visitó en tres ocasiones en marzo pasado al Instituto Nacional de Rehabilitación, y se constató mediante el sistema electrónico de visitas, que Alejandro no había asistido al área de oftalmología en el año 2015.

De acuerdo con los comprobantes de citas médicas de Alejandro (de los cuales este medio también tiene copia), el Instituto Nacional de Rehabilitación solo tiene registradas tres citas en la unidad de ortopedia el 30 y 31 de julio, así como el 19 de agosto del 2015. Alejandro cuenta que no acudió a una de esas citas porque le llamó la licenciada Martha Orozco Reyes, la abogada que la CEAV le asignó el 13 de agosto del 2015 por medio de su Asesoría Jurídica Federal, para decirle que la cita se había cancelado. No le dio motivos. Después de consultar con Alejandro su registro de citas en el INR no se encontró información de ninguna cancelación.

Alejandro debía regresar con los resultados de una tomografía el viernes 2 de octubre a las 09:30 horas con el cirujano ortopedista especialista en hombro, Michell Ruiz Suárez, pero tampoco asistió porque la CEAV lo dejó plantado. Lo mismo pasó con la cita que tenía para el 20 de enero del 2016, y lo mismo ha pasado con al menos dos citas de "S", su hermano que no ha podido ver a un endocrinólogo porque también lo han dejado plantado.

"En realidad Alejandro tuvo una sola cita de revisión en ortopedia en julio, cuando se hizo el diagnóstico de la lesión del hombro con el doctor Jorge Eduardo Báez. "Sin el resultado de los estudios quiere decir que no han venido a solicitar nuevas citas", afirma una de las responsables administrativas en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Alejandro dice que ya no quiere depender de la CEAV para ir al hospital, pero no le es fácil transportarse desde el exilio, al sur de la Ciudad de México. La falta de dinero y riesgo en la distancia de una ciudad a otra son las causas principales: "Tengo seis balazos en el cuerpo, oiga. No puedo caminar por mucho tiempo por las heridas en el pie. No puedo mover el brazo como quisiera y los pedazos de bala en el estómago no me dejan dormir".

Pero las deficiencias del gobierno de México en la atención a Alejandro no terminan ahí: su representantes legales notificaron a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación sobre los problemas en el hotel donde Alejandro fue resguardado al principio de las medidas cautelares. Después de dos días de alojamiento en el hotel Holiday Inn en Tlalpan, le fue impedido el acceso por falta de pago.

"Una vez ya me iban a sacar del hotel. Me dijeron que no habían pagado y que si no venían a pagar yo tendría que hacerlo. Eran como 17 mil pesos. ¿De dónde voy a sacar 17 mil pesos para pagarles? Me dijeron que tenía hasta las tres de la tarde para desocupar la habitación. Le hablé a mis abogados y les dije que me querían sacar del hotel y que antes no me dejaban pasar al restaurante. Ellos (los abogados) me calmaron y me dijeron que hablarían a Gobernación. Media hora después los de recepción del hotel me dijeron que ya me pasara, que ya habían pagado. Fue humillante".

La gerencia del hotel informó que la reservación fue hecha únicamente por dos días. La falta de cuidado de RCU Sistemas, empresa responsable de dar este servicio a los beneficiarios de medidas cautelares y del mecanismo de protección a defensores y periodistas, no sólo puso en riesgo la vida de Alejandro al no pagar por más tiempo el cuarto de hotel y dejarlo expuesto, sino que nunca previeron que el edificio no tenía recepción de señal de teléfono celular, lo que inutilizó el botón de pánico. Mayra Lorena Estrada Martínez, de RCU Sistemas, se limitó a indicar que pusieran el botón cerca de una ventana.

La queja de los abogados, motivada por la deficiente atención que hasta ese momento había recibido Alejandro, resaltó que "la discapacidad visual del ojo izquierdo es un consecuencia directa de la falta de atención oportuna que debió recibir por parte del Estado mexicano tras ocurrir los hechos del 6 de enero en Apatzingán, Michoacán. Debido a la tardanza médica a más de seis meses de ocurridos los hechos, las consecuencias son irreversibles". Alejandro perdió totalmente la vista del ojo izquierdo y asegura no haber recibido medicamento para calmar los dolores de las esquirlas.

A finales de agosto Alejandro y su hermano "S" por fin fueron alojados en un departamento con vigilancia policiaca esporádica. Era un piso de dos recámaras en un edificio donde según el michoacano, hay más personas alojadas en otros departamentos que son beneficiarias de medidas cautelares. Asegura que en ese lugar la Comisión Federal de Electricidad ya le cortó la luz una vez porque RCU Sistemas tampoco pagó el servicio a tiempo.

El mes pasado Alejandro fue trasladado a otro departamento en otra ciudad donde permanecerá hasta una fecha indefinida en las sombras del sistema, desplazado, con su familia regada en varios estados del país y caminando en un laberinto imposible lleno de indiferencia y trabas burocráticas que no le han permitido siquiera tener un comprobante de domicilio para abrir una cuenta de banco. "Ya estoy harto de esta berraca ciudad", dice con enfado. "Yo soy de rancho, soy campesino cortador de aguacate, mi papá me enseñó a cuidar la planta".

Hasta agosto 2015 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene registrado un total de 3,148 personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y a 2,645 más pendientes de inscripción.