La grandes fortunas de España van a repartirse el pastel de las renovables

"La protesta minera se agudiza". Así rezaba uno de los titulares de El País, el 30 de mayo de 2012. Acompañaban a tan alarmante sentencia imágenes de mineros cortando carreteras con pesados troncos, fuerzas policiales, puños en alto y neumáticos dispuestos a servir como combustible contra el avance de un sistema neoliberal, un sistema económico y político que venía a representar una muerte lenta y despiadada para unas cuencas mineras hoy ya olvidadas por la mayoría. Observando aquella imagen, uno podía centrar su atención en las ropas de trabajo que pronto pasarían a mejor vida, en la digna solidaridad de clase que se resistía a la rendición o quizás en el humo negro de los neumáticos ardiendo… Un humo negro que para muchos, en medio de imágenes de lucha obrera y resistencia, llegó a desviar el centro del debate.

Lejos de la horda de comentarios indignados por la resistencia activa a la represión que hemos llegado a observar durante los disturbios en Barcelona, pero a su vez muy distantes de la conciencia de clase y el pensamiento crítico que caracterizó a la sociedad española en su batalla durante la dictadura para alcanzar la democracia. La lucha minera en León y Asturias fue contemplada entonces por gran parte de los opinólogos de confortable sillón como un raro suceso, un tic de una lucha de clases ya olvidada, en la que unos mineros sucios y arcaicos se resistían a aceptar la realidad de un estado español en plena carrera por ocupar su espacio en la economía de mercado.

Sin saber muy bien como, en aquel momento muchos se encontraron más cerca ideológicamente de quienes ante los neumáticos ardiendo pensaban en contaminación y barbarie, que de aquellos para los que los neumáticos simbolizaban la futura miseria y la rebeldía ante ella.

Hoy, apenas siete años después, las cosas son muy diferentes y a la vez muy similares. Mientras los líderes políticos de nuestro país se engalanan en las vísperas de la Cumbre del Clima de Madrid y se apuran por agradar y agasajar a Greta Thunberg con todas las facilidades posibles de cara a que pueda llegar a nuestra capital y dejar así un par de titulares y una marea de fotos, esos otros afectados por el cambio climático, la clase trabajadora, ahora señalada y criminalizada por los gurús del capitalismo verde únicamente por defender sus intereses de clase al igual que lo hacen ellos, han desaparecido definitivamente de la foto.

Nadie se preguntó en aquel 2012 como resultaba posible que con apenas 500 millones de euros en ayudas públicas, sin un plan de futuro viable a la vista para los trabajadores de las comarcas mineras y con demasiados agujeros propios de la corrupción generalizada que reinaba —y reina— en nuestro país, se iniciase un plan para el desmantelamiento de todo un sector productivo que si bien no resultaba estatal y enérgicamente tan vital para nosotros como podría resultarlo para Alemania, sí lo resultaba socialmente.

Entretanto las pelotas de goma, las declaraciones políticas intrínsecamente clasistas y los titulares acusadores, supusieron los únicos vasos canalizantes para el cambio social al que nos adentrábamos con el nuevo siglo en España, en la llamada locomotora Europea, las cosas se hicieron de una manera bien distinta. Mientras que el greenwashing del país funcionaba a toda máquina gracias a los beneficios obtenidos por el consumo de los países satélites de la unión económica, Alemania se tomó su tiempo para buscar una salida civilizada y ventajosa para el carbón, una fuente de energía altamente contaminante pero que hasta hace bien poco suministraba el 37% de la electricidad del país gobernado por Angela Merkel.

Poniéndose 2038 como fecha límite para la total sustitución del carbón y tras un proceso de debate y diálogo en el que participaron Gobiernos regionales, industria, sindicatos y organizaciones ambientales, el Ejecutivo de Berlín decidió dar vía libre a un ambicioso proyecto destinado a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, a la vez que con un caudal de fondos públicos cercano a los 40 000 millones de euros destinados a las regiones afectadas, intentaba evitar cualquier fractura social o económica que desestabilizase irreversiblemente el país.

El gobierno de Angela Merkel sin duda está deseoso de poner fin a la imagen que de su país da el desmedido consumo de carbón, pero no está dispuesto a que esto se produzca cediendo excesivo terreno a las importaciones energéticas desde Rusia, ni a costa de un aumento incontrolable del apoyo a Alternativa para Alemania en las regiones afectadas por este cambio de paradigma. Unas regiones en las que ya a día de hoy, la ultraderecha ha ganado terreno a la expectativa del cauce económico y social que adquieran las llamadas medidas verdes.

No se trata de que los trabajadores posean una menor conciencia ecológica que las clases ilustradas o acomodadas, ni de egoísmo, se trata de una clase social ahogada hasta la extenuación y harta de cargar en su costado con el precio de acciones de las que no ha formado parte en su toma de decisión y en que en nada benefician a sus intereses como clase. Al obrero europeo le parece bien la conservación del medioambiente o que Greta Thunberg se desplace a través del Océano Atlántico en un lujoso yate para reivindicarla sin contaminar, e incluso aplaudirá su iniciativa, pero cuando el pan comience a escasear, la maquinaria propagandística del capitalismo verde no podrá frenar su hartazgo ni su ira.

Por eso mismo Alemania se ha tomado su tiempo, por eso el motor —pero también el cerebro y el puño— de Europa, ha iniciado este camino invirtiendo recursos en una reconversión ordenada que le permitiese centrar su esfuerzo en la implantación de nuevas fuentes de energía —especial apuesta por las energías renovables— y apostando a su vez por proyectos de futuro e innovadores, como la conocida como carretera eléctrica.

Muy al contrario, en España el debate transicional se daba entre impuestos a la energía solar, corruptelas en las concesiones eléctricas y expedientes de regulación de empleo masivos afrontados con estoicismo por una clase obrera en demasiadas ocasiones señalada por los que hasta hace poco eran los suyos y hoy no son más que meros consumidores.

Aquellos que no entienden que al cierre de las cuencas mineras les seguirán el cierre de gran parte de las centrales eléctricas contaminantes del estado español y que tras eso le tocará el turno a industrias tan importantes para nuestro estado como la del motor, industrias socialmente vitales pero apenas preparadas para el nuevo siglo y para una economía mundial en la que sin recursos, ni tecnología, estamos condenados a servir a las naciones más poderosas, racionales y preparadas que la nuestra y a consumir sus productos. Siempre nos queda ser camareros, que para eso nos han preparado. A día de hoy, las grandes fortunas de nuestro país se disponen a repartirse el pastel de las renovables con este impasse ecológico del mismo modo que se repartieron el pastel de las eléctricas tras la Guerra Civil y la posterior dictadura, con el caciquismo como incuestionable ley.

Situaciones como la de Endesa en As Pontes o Naturgy en Meirama, dibujan claramente el negro panorama social al que se enfrenta la clase trabajadora aceptando sumisamente el desmantelamiento del tejido industrial de amplios territorios de nuestro estado bajo el Caballo de Troya del capitalismo verde.

Tras las falsas promesas, las evaluaciones logísticas y las campañas de greenwashing de las compañías implicadas, se esconde única y exclusivamente la lógica de la rentabilidad económica. La escalada en el precio de compra de los derechos de emisiones de CO2 y los 168 690 millones de euros que la Unión Europea parece dispuesta a destinar a la lucha contra el calentamiento global en 2020, han logrado que la transformación energética y el cierre de eléctricas contaminantes sea más rentable para el capital que el propio fraude en el mercado de emisiones.

Cierto que España, un estado en el que aún hay abiertas 15 centrales de carbón, las cuales generan el 14% de la electricidad y emiten cerca del 15% de todos los gases de efecto invernadero, se ha decidido a encarar firmemente el camino a la transición ecológica, si bien lo ha hecho con mucho eslogan de cartón reciclado y poca consistencia material y política. El cierre de industrias en nuestro país y la consiguiente reconversión industrial y energética a la que nos abocamos, debería darse en nuestro estado de una manera consensuada entre sindicatos, patronal, actores políticos y sociedad civil. No existe lugar para la lucha partidista en este escenario, aunque sí sea necesaria una disputa ideológica. Debemos plantearnos que tipo de sociedad y modelo económico y energético queremos y debemos plantearnos quienes y en que medida deben corren con los gastos derivados de ese proceso de transformación.

No será lo mismo un camino que lastra las iniciativas particulares o públicas a la hora de producir energía y que por el contrario favorece el monopolio de grandes conglomerados empresariales —tal y como en la actualidad estamos desarrollando en España— que un modelo capaz de incentivar la participación popular en el esfuerzo ecológico hasta alcanzar que cerca del 47% de las renovables sean propiedad de la gente, tal y como sucede con sus luces y sus sombras en Alemania.

No existe un modelo correcto o infalible en todo esto, nos encontramos ante un nuevo escenario para la humanidad en su desafío energético y quizás en el desafío por su mera supervivencia y debemos hilar fino a la hora de tomar nuestras decisiones, ya que puede que no quede tiempo para rectificar.

Los cambios climáticos afectarán sin lugar a dudas a sectores tan vitales para nuestro país como la agricultura, la pesca o el turismo. A la clara emergencia climática le seguirá la emergencia económica y social, no podemos seguir mirando para otro lado y rechazando el claro paradigma del fracaso del sistema capitalista tal y como lo conocemos. Para salvar nuestro planeta, para salvar nuestra sociedad, resulta necesario cesar en el consumo desmedido y desproporcionado de recursos y comenzar de forma inmediata a gestionar y redistribuir de manera más eficiente y equitativa el capital financiero.

No nos pueden pedir que carguemos sobre nuestros hombros con la reducción integra del consumo mientras que, con su marketing verde, las cadenas de comida rápida se lavan la cara a la vez que desperdician toneladas de alimento cada día o utilizan larguísimas cadenas de transporte de alimentos altamente contaminantes por ahorrarse unos céntimos en el mercado local.

No pueden pedirnos que reciclemos nuestras latas de refresco, mientras esa cínica multinacional por todos conocida contamina acuíferos en medio mundo y los explota hasta la extenuación sin cargo de conciencia alguno. No pueden hablarnos de grandes ERES por nuestro planeta, mientras tras su greenwashing se oculta la deslocalización de las empresas energéticas y el traslado de su contaminante negocio a otras latitudes.

Debemos exigir que la clase acomodada, la cúspide de la pirámide, comience a asumir responsabilidades por décadas de consumo y ganancias desenfrenadas y pague de una vez la factura que adeuda con nuestro planeta y con las clases proletarias. Mientras eso no suceda, mientras no pongan encima de la mesa una alternativa real al greenwashing y al capitalismo verde, no se extrañen de que al obrero le importe bien poco en que se desplaza a dar sus discursos Greta Thunberg, el último documental de Leonardo DiCaprio o las ideas del capitalista bueno Al Gore.

Lo que queremos es que comiencen por apagar gran parte de las luces de sus mansiones y den un ejemplo real comenzando a pagar más impuestos de cara a conseguir un mundo más justo y sostenible. Pueden llamarle a eso redistribución verde si les agrada.

Las tasas por circular en el centro urbano de las ciudades o los impuestos al combustible no suponen medidas democráticas destinadas a reducir la contaminación atmosférica, sino sanciones de clase, impuestas sobre quienes menos recursos poseen y más afectados se ven por esa contaminación. Ecología y justicia social deberán ir indispensablemente de la mano si queremos evitar futuras derivas populista o incluso reacciones sociales violentas durante el desarrollo de esta nueva revolución industrial en la que nos encontramos.

Las protestas de los chalecos amarillos en Francia o la victoria de VOX en Madrid, pese a la apuesta ecológica del gobierno de Manuela Carmena, suponen un claro ejemplo de que no será posible implantar una conciencia ecológica global sin justicia social previa.

Sigue a Daniel en @SeixoDani.

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