Activistas de DDHH en Argentina temen que la historia de la dictadura sea reescrita

Estela de Carlotto se encontraba parcialmente satisfecha mientras respondía las preguntas de los periodistas después de reunirse con el nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri.

"El diálogo se abrió", dijo Carlotto, líder emblemática de las víctimas de la última dictadura militar en el país [1976-1983]. "Cuando llegamos, el presidente tenia una cara y cuando nos fuimos tenía otra. Quiere decir que le llegó el mensaje de estas señoras mayores que tenemos historia", expresó.

El encuentro no fue fácil de realizar dadas las extendidas sospechas entre muchos activistas de que el nuevo presidente conservador dará marcha atrás sobre las políticas pro derechos humanos desarrolladas durante las administraciones de izquierda anteriores.

Tras su asunción en diciembre, el presidente Marci había dicho que no tenía tiempo para reunirse con Carlotto, quien es una de las principales miembros de Abuelas de Plaza de Mayo, organización que tiene como objetivo localizar y restituir a sus legítimas familias los niños secuestrados durante la dictadura militar.

El hecho de que Macri finalmente accediera a reunirse de Carlotto la semana pasada podría interpretarse como forzado tras el anuncio de que el presidente de EEUU, Barack Obama, estará en Argentina el mismo día de la conmemoración del 40º aniversario del golpe de Estado, el 24 de marzo. Macri prometió que la visita de Obama no interferirá con la tradicional marcha del Día de la Memoria, e incluso el gobierno ha abierto la posibilidad de que Obama participe de un acto conmemorativo ese día.

Los temores de que la historia pueda ser reescrita se avivaron aún más tras la evasiva de Macri para ratificar la cifra — ampliamente aceptada —de 30.000 personas desaparecidas o muertas durante la dictadura.

"¿Cuál es el sentido de discutir cuál fue la cifra?", declaró el jefe de Estado a Radio France Internationale. "Hay gente que investigó y dijo que fueron de 9 mil a 12 mil, otros que investigaron y que dicen que fueron 30 mil", continuó. "Estoy comprometido a que en la Argentina no se vuelva a repetir un episodio de ese tipo".

A pesar del amplio consenso imperante con respecto a aquellos años, existen quienes defienden la idea de que las víctimas de los represores representan solo una cara de la historia. Quienes abrazan esta tesis insisten en que ha llegado el momento de buscar también justicia para aquellos que fueron asesinados por las guerrillas de izquierda. Con Macri en el poder, sus voces son cada vez más fuertes.

Argentina gira hacia la derecha: Mauricio Macri gana las elecciones presidenciales. Leer más aquí.

Todo esto sucede en medio de un potencial cambio en el lenguaje dominante utilizado para hablar de los crímenes del pasado en Argentina, establecido durante la administración del presidente Néstor Kirchner [2003-2007].

Kirchner llegó al poder como consecuencia de una profunda crisis política y económica, y aunque se refirió levemente a los derechos humanos durante su campaña, en principio fue visto con recelo por las organizaciones activistas, históricamente utilizadas y sometidas a una situación de impunidad.

"En aquel momento, las organizaciones de derechos humanos no estaban convencidas de que Kirchner fuera algo realmente diferente", dice Luciana Bertoia, periodista especializada en derechos humanos. Las administraciones anteriores habían mostrado poco interés en recibir a las organizaciones de derechos humanos, y Kirchner tampoco se había destacado por ello durante sus tres mandatos como gobernador de la provincia de Santa Cruz.

Las relaciones mejoraron después de que el congreso argentino, empujado por Kirchner, anuló las leyes de amnistía que protegían a los criminales del gobierno de facto. Para garantizar el apoyo del poder judicial — hasta el momento reacio a cooperar —, el presidente renovó al máximo tribunal de justicia del país, la Corte Suprema, incluyendo candidatos progresistas.

Luego, el 24 de marzo de 2004, Néstor Kirchner hizo lo que ningún otro presidente había hecho antes:

"Vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades", dijo durante el 27º aniversario del inicio del golpe militar. "Hablemos claro: no es rencor ni odio lo que nos guía. Me guía la justicia y la lucha contra la impunidad".

Desde el año 2006 un total de 514 casos de crímenes de lesa humanidad han sido llevados ante los tribunales argentinos. En 147 de ellos se alcanzó un veredicto, algunos de ellos con múltiples demandantes, y 622 personas fueron encontradas culpables — incluyendo penas de cadena perpetua.

Pero el impacto de estas políticas también se sintió fuera de los tribunales.

Kirchner y su sucesora y esposa, Cristina Fernández de Kirchner, convirtieron antiguos centros de tortura y detención en memoriales. Kirchner gestionó la aprobación de la ley que estableció al 24 de marzo como feriado nacional. Incluso la televisión estatal incorporó en su programación un dibujo animado sobre la dictadura

'Durante los últimos doce años, los gobiernos de los Kirchner han glorificado la lucha armada de la guerrilla'.

En sus apariciones públicas, el binomio presidencial se rodeó de activistas emblemáticos pro derechos humanos como Carlotto y otras Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

Pero detrás de un amplio consenso que reinaba en el país para enfrentar el oscuro pasado, algunos comenzaron a insistir en que la violencia de los años más trágicos de Argentina fue producto de los crímenes cometidos por las guerrillas de izquierda en la década de 1970. Algunas de ellas se habían levantado en armas originalmente después del exilio forzado de su líder, Juan Domingo Perón, y la proscripción de su partido político.

"Durante los últimos doce años, los gobiernos de los Kirchner han glorificado la lucha armada de la guerrilla", opina Victoria Villarruel, abogada de 40 años, conocida por exigir justicia para las víctimas de los rebeldes.

El abuelo de Villarruel era un historiador que trabajaba para la marina y, según dice, sobrevivió a cuatro ataques guerrilleros. Ella ahora dirige el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), una ONG "dedicada a la asistencia de las víctimas del terrorismo en la Argentina". Según esta organización, 1094 civiles murieron a manos de los combatientes armados de izquierda entre 1970 y 1979, ya sea como víctimas de asesinatos y atentados selectivos, o como daños colaterales.

El poder judicial argentino se ha negado a aceptar los casos de Villarruel debido a que esos crímenes no fueron cometidos por el estado, y en consecuencia, al no definirse como crímenes contra los derechos humanos, hoy ya han prescripto.

"Básicamente, lo que están diciendo es que unas víctimas tienen más valor que otras", opina Villarruel visiblemente enojada, a quien le resulta difícil digerir que para sus víctimas no haya habido justicia, mientras que los ex guerrilleros han obtenido el perdón oficial e incluso algunos han recibido reparaciones por parte del estado argentino.

Villarruel afirma que los guerrilleros gozan de la simpatía de la opinión pública en Argentina porque se supone que luchaban contra la dictadura militar. La abogada cuestiona esta narrativa alegando que la mayoría de las víctimas de los rebeldes en realidad ocurrieron durante los tres años de gobierno democrático justo antes del golpe militar de 1976.

En imágenes: miles de personas despiden al kirchnerismo tras 12 años de gobierno en Argentina. Ver aquí.

Sus declaraciones, políticamente incorrectas, han dado lugar a acusaciones de que es defensora de la dictadura, pero ella lo niega. "En Argentina, si no simpatizás con la guerrilla, la gente asume que apoyás a la dictadura", contrarresta.

Villarruel cuenta que ha recibido amenazas anónimas de violación y de muerte, y que ahora trabaja detrás de una puerta blindada y ventanas enrejadas. También asegura que debe vigilar constantemente para asegurarse de que nadie la está siguiendo y que tiene que tener mucho cuidado con las citas.

"Todo el mundo usa Tinder, pero yo no puedo", expresa. "No digo que lo desee, pero si lo quisiera, no podría. Yo siempre tengo que conocer a quien estoy tratando".

Después de años de sentirse excluida de la historia del país, Villarruel vio repentinamente una puerta abierta en enero, cuando el secretario de Derechos Humanos de Macri aceptó reunirse con ella para discutir los derechos de las víctimas civiles de la guerrilla. Las administraciones anteriores siempre habían rechazado la idea.

Lucía Bertoia evalúa los cambios políticos con precaución. Coincide con Villarruel en que las víctimas civiles de la guerrilla tienen que ser reconocidas como tales, pero no cree que los crímenes de los que fueron víctimas deban ser tratados de la misma manera que el terrorismo de Estado.

"Los crímenes de Estado no puede caducar, porque cuando son cometidos por aquellos que están en el poder, generalmente resulta imposible llevarlos ante la justicia", señala. "Los crímenes cometidos por la guerrilla podrían haber sido puestos a disposición judicial en su momento. En su lugar, se optó por la detención ilegal, la tortura y el asesinato".

La lógica argumental de Villarruel es interpretada como un encubierto revisionismo pro militares por parte de H.I.J.O.S, la ONG que acoge a los niños que fueron víctimas de la dictadura.

"Si realmente querían justicia, los asesinos que desaparecieron a estas personas deberían haberlos mantenido con vida", afirma la activista Giselle Tepper.

Tepper trabaja para la radio de la organización, que se encuentra en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) — el mayor centro clandestino de tortura durante la dictadura — actualmente convertida en el sitio conmemorativo Espacio Memoria y Derechos Humanos. Es el mismo lugar donde Néstor Kirchner ofreció sus disculpas en 2004.

Hace dos semanas, el presidente Macri hizo una visita sorpresa al espacio y se comprometió a continuar con los juicios contra los represores de la última dictadura militar así cómo también a dejar actuar al poder judicial de forma independiente. Sin embargo, muchos organismos de derechos humanos todavía no confían en él.

Así como destacan su evasiva inicial para recibirlos después de asumir el cargo, estas agrupaciones afirman que cuando Macri fue alcalde de la ciudad de Buenos Aires [2007-2015] retiró subsidios para las Abuelas de Plaza de Mayo, recortó fondos destinados a sitios conmemorativos, y vetó el programa de protección de testigos de forma encubierta.

Tepper está particularmente preocupada por los planes del nuevo presidente para reemplazar a la Procuradora General de la Nación, nombrada por el gobierno anterior, quien ha jugado un papel fundamental en los juicios contra los crímenes ocurridos durante la dictadura. Esto, dice, podría bloquear la ampliación de los juicios que permitiría incluir a quienes hicieron turbios negocios durante aquellos años y son sospechosos de enriquecimiento ilícito, o a aquellos que prestaron colaboración con la dictadura, entre quienes se encontraría, según Tepper, el propio padre de Macri.

Sin embargo, esta activista asegura que reescribir la historia no será tan fácil.

"La democracia ha florecido en Argentina", afirma, "y la gente no sólo se ha comprometido a defenderla, sino que también sabe cómo hacerlo".

Sigue a Remi Lehmann en Twitter: @remilehmann

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs