Autoridades mexicanas que maltrataron cadáveres de víctimas del narco, ahora buscan reparar el daño

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El descubrimiento y la exhumación de fosas clandestinas repletas de víctimas del terror se ha convertido en algo casi cotidiano en México, especialmente durante la última década, caracterizada por la extrema violencia asociada a la guerra contra las drogas.

Pero en días recientes, un caso ha llamado la atención en el estado de Morelos, ya que las autoridades excavaron una fosa en la que los cuerpos fueron colocados por el gobierno. El pueblo en el que se encuentra esta fosa se llama Tetelcingo, y ahí el gobierno local han aceptado que éste era un lugar de sepultura común para los cuerpos de la morgue, los cuales eran enterrados sin el registro apropiado. Algunos incluso carecen del número de identificación asociado a su caso.

Sin embargo, activistas temen que esto vaya más allá de del manejo descuidado, opaco y vergonzoso de la morgue.

"Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas; no sabemos lo que vayamos a encontrar", dijo Javier Sicilia, conocido activista mexicano y poeta, quien ha estado presionando para que se lleve a cabo la exhumación desde el año pasado.

"[Queremos] hacer visible que las víctimas no solamente fueron violadas y humilladas por organizaciones criminales, sino también por sus propias autoridades, quienes no se preocuparon por ellos", agregó.

Las excavaciones comenzaron el sábado 21 de mayo a cargo de autoridades locales y federales, supervisadas por oficiales de derechos humanos, con el objetivo de identificar a todos en la fosa, así como aclarar quién fue responsable de ponerlos ahí sin el procedimiento adecuado.

La primera etapa de la exhumación terminó el domingo 22 de mayo, cubriendo una sección del terreno que, de acuerdo a registros de la fiscalía, debía contener 52 cuerpos. Los forenses, vestidos con trajes blancos y máscaras, desenterraron 53, un señal de que quizá más cuerpos fueron ocultados en el hoyo.

Desde el inicio, activistas y familiares de los cerca de 27.000 desaparecidos en todo México, víctimas de la guerra contra el narco, han observado el movimiento de exhumación desde unas tiendas amarillas puestas en el sitio para que la gente se cubra del sol.

"Las familias aquí presentes están hartas de las autoridades", dijo Antonio Sandoval, vestido con una camiseta blanca impresa con la fotografía de su hermano perdido. "Cuando vas a la oficina del fiscal, no te ofrecen ni un vaso con agua, te hacen esperar afuera por dos o tres horas".

Sandoval conduce un taxi en Cuernavaca, capital del estado de Morelos, a unos 45 kilómetros de Tetelcingo. Su hermano desapareció meses antes de que los cuerpos fueran presuntamente puestos en la fosa, y espera que aparezca ahí.

"Realmente no se por qué hay tanta gente en esta fosa", dijo. "Pero es por eso que estoy aquí, esperando que mi hermano esté ahí dentro".

La fosa se dio a conocer públicamente cuando la familia de Oliver Wenceslao Navarrete pidió recuperar su cuerpo a las autoridades estatales.

Navarrete había sido secuestrado y asesinado en 2013, y la fiscalía del estado pidió mantener el cuerpo para continuar las investigaciones. Después de un año sin resultados, la familia solicitó el cadáver le fuera devuelto para darle la sepultura apropiada, pero ya no estaba en la morgue.

Informaron a la familia que había sido movido a una fosa común en Tetelcingo. Las autoridades se rehusaban a sacar el cuerpo, hasta que la familia obtuvo una orden en diciembre del 2014.

La familia entonces decidió filmar la exhumación, mostrando a las autoridades maniobrando entre otros cien cuerpos antes de poder encontrar el de Navarrete. La grabación fue subida a las redes sociales 11 meses después, causando una gran indignación, sobe todo cuando fue evidente que la fiscalía no tenía idea de a quién pertenecían los cadáveres.

"Sólo queremos que estas víctimas de la violencia sean sepultadas con dignidad", dijo Amalia Hernández, tía de Navarrete, quien también vestía una camiseta con la fotografía de su sobrino. A pesar de que el cuerpo les fue devuelto, los miembros de la familia son los líderes del movimiento para exhumar todos los cuerpos, obtener evidencias de su identidad y ser enterrados de nuevo en tumbas marcadas.

Junto con Javier Sicilia y otros grupos civiles, persuadieron al procurador para exhumar los cuerpos a principios de mayo.

"[Mi sobrino] quería muchísimo a sus dos hijos", decía Amalia Hernández mientras contenía las lágrimas. "Oliver era una persona muy relajada. Como decimos en México: muy muy bonachona".

A pesar de sus cualidades, el caso de Navarrete no fue de particular interés en un estado donde las cifras de asesinato han sido las más altas de México, y donde las desapariciones también son comunes.

El estado de Morelos era la fortaleza de la organización delictiva del cártel de los Beltrán Leyva, hasta que sus líderes principales fueron asesinados o encarcelados a principios de 2009. Ahora el estado es un premio en disputa.

En abril pasado, tres diferentes cárteles dejaron narcomantas, [cartas amenazantes o pancartas] alrededor del estado. El 19 de mayo, un cuerpo decapitado fue descubierto junto a otra manta alegando ser de un cuarto cártel.

La fiscalía de Morelos afirmó que muchos de los cuerpos en Tetelcingo pertenecían a gente que murió por causas naturales. Aseguran tener archivos de esos casos en sus oficinas, que contienen huellas dactilares, registros dentales y perfiles genéticos que deberían ayudar a identificarlos. Sin embargo, el hecho de que tantos cuerpos carezcan de número de identificación vuelve incierto cómo piensan asociarlos a dichos registros.

Antonio Sandoval, el taxista que busca a su hermano, dijo que el motivo que le lleva a estar en la exhumación es la desesperación de su familia por terminar con la incertidumbre, más que una sólida creencia de que su hermano esté ahí enterrado.

"Temo por toda la gente en situaciones similares, buscando a sus seres amados, sus hermanos", dijo temblando. "Es el miedo de no encontrarlos nunca".

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