Los caminos de la muerte: cuando la pelea entre ‘zetas’ y ’golfos’ sentenció a los migrantes

En un episodio prolongado de narcoviolencia, Tiquicheo de Nicolás Romero perdió a ocho pobladores. Todos migrantes. Buscaban mejores oportunidades fuera de ese municipio en el estado de Michoacán, al occidente de México, que entre la pobreza y el recrudecimiento de la 'guerra contra el narcotráfico' redujo a dos las opciones de supervivencia a sus habitantes: esperar una buena temporada de sandía o buscar suerte en Estados Unidos.

Los michoacanos Pedro, Augusto, Humberto, Miguel Ángel, Misael, Vicente, Javier y Juan desaparecieron el año 2011, pero en diferentes momentos. A todos los alcanzó la tragedia cuando criminales interceptaron los autobuses en los que viajaban, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, y los forzaron a bajarse. Nadie les avisó del peligro de ser michoacanos y transitar por esas carreteras controladas por el grupo criminal Los Zetas.

Sólo tres de los ocho michoacanos regresaron a casa, pero en ataúdes. Sus restos fueron encontrados entre los 193 cuerpos hallados en fosas clandestinas de San Fernando y exhumados en abril de 2011. A ese episodio en la jerga judicial se le llamó "San Fernando 2" — el primer episodio de horror —; "San Fernando 1", fue la masacre de los 72 migrantes en 2010.

Aunque a los tres tiquichenses los exhumaron al mismo tiempo y sus familias dieron muestras de ADN en cuanto se enteraron del hallazgo de las fosas, la Procuraduría General de la República (PGR) los identificó y entregó a sus parientes con casi cinco años de diferencia entre unos y otros.

La reconstrucción de estos eventos — no aislados — ha sido posible gracias a las entrevistas con familiares y un testigo, seguimiento de prensa y la obtención de un video y documentos oficiales [entre ellos la declaración de uno de los detenidos], obtenidos por el proyecto de investigación periodística #Másde72.

Michoacán es un estado clave para los cárteles de la droga en México. Ahí la tierra es fértil para cultivar marihuana y una porción de su territorio está dentro de la región conocida como Tierra Caliente, donde crece casi la mitad de la amapola que se cultiva en México y se vende como heroína en Estados Unidos. Además, el importante puerto marítimo Lázaro Cárdenas es puerta de entrada para la mayoría de las drogas sintéticas que llegan desde Asia. El estado también es la cuna de cárteles como La Familia Michoacana o Los Caballeros Templarios, enemigos de Los Zetas.

La historia de infamia de los tiquichenses comenzó así: el 23 de marzo de ese 2011 a bordo de un autobús Ómnibus viajaban desde Morelia hacia el norte del país la pareja de recién casados Reyna Hidalgo y Misael Cruz, junto con el hermano menor de ella, Miguel Ángel Hidalgo, sus dos cuñados Augusto Alvarado y Humberto Jaimes, y el vecino y amigo Pedro Virgilio Mondragón de apodo El Tlaxcalteca.

Un testigo que iba en el mismo autobús relató cómo, a la altura de San Fernando, un grupo de hombres armados bajó a los cinco jóvenes por su lugar de procedencia. No sólo los bajaron a ellos, también a otros pasajeros que no conocían.

Los familiares acudieron a la compañía Ómnibus a reclamar. Pusieron de inmediato sus denuncias ante el gobierno, pero éste no intervino. Tampoco para quitarle a Los Zetas el control de la carretera 101 que, en la ruta del Golfo de México, llega hacia la frontera.

Lo que se ha documentado sobre las fosas es que son producto de la cruenta guerra por el control del territorio entre Los Zetas y sus exaliados del Cártel del Golfo. Esa disputa condenó a muchos viajeros y migrantes a ser capturados, pero especialmente a los centroamericanos y michoacanos.

La simple sospecha de que quien transitaba por San Fernando podría haber sido reclutado por La Familia Michoacana, aliada del Golfo, era razón para ser eliminado. Los policías municipales eran cómplices, como informó el gobierno federal desde el 2011.

"Se detuvo a policías municipales. En efecto, supuestos servidores públicos quienes, de acuerdo a testimonios recabados, no sólo conocían de los hechos sino que los solapaban e incluso, en ocasiones, coadyuvaban con ellos", dijo el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré a 21 días de haberse encontrado la primera fosa.

El detenido Édgar Huerta Montiel, El Wache, un joven exmilitar que controlaba para Los Zetas el municipio de San Fernando — que es paso obligado para llegar a los municipios tamaulipecos fronterizos, Matamoros y Reynosa — declaró ante las autoridades que el capo Heriberto Lazcano, conocido como El Lazca o El Z-3, dio la orden directa a Salvador Martínez Escobedo, La Ardilla, de bajar a la gente que viajaba en camiones que provenían del sur.

"(Ordenaron) que las investigaran, porque las personas que venían de Guatemala, Michoacán y Sinaloa iban para el Cártel del Golfo, por lo que se bajó a la gente, se les buscaba en su teléfono, la información y si tenían número de Reynosa o Matamoros, se les mataba", se lee en su declaración ministerial dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/411/2011. En un paraje conocido como El Arenal de La Ribereña, detrás del Estadio de San Fernando, eran asesinados y enterrados.

Este joven michoacano ordenó a Martín Omar Estrada Luna, El Kilo, y Johny Torres Andrade, El Sombra, que siguieran las instrucciones.

"Y así se hizo, se bajó gente de aproximadamente seis autobuses de la línea Ómnibus de México, esto era por la mañana como a las nueve o diez de la mañana, en la terminal que está al lado de la farmacia Guadalajara, en San Fernando", declaró ante las autoridades y, según sus cálculos, así quitaron la vida "como de 20 a 30 pasajeros por viaje, por lo que fueron como 180 hombres, niños y ancianos no".

Poiré confirmó que todo se hizo con la protección de la policía municipal.

La organización estadounidense National Security Archive logró desclasificar una tarjeta informativa de la PGR [que obtuvo el 10 de diciembre de 2014] donde se confirma que siete detenidos, como responsables de las fosas, admitieron la participación de elementos de la Policía Municipal de San Fernando, de la que se desprende que sus labores eran "desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de Los Zetas, citando además que recibían pago por parte de esa organización criminal".

Aún no existe respuesta a la interrogante de por qué el Ejército y la Marina, destacamentados en la zona desde la masacre de 2010 de los 72 migrantes, permitieron el uso de esas rutas y se limitaron a observar.

Han pasado cinco años y todavía no hay pista de los cinco amigos. Sus familiares han dejado varias veces muestras genéticas ante la PGR y, a partir de 2014, también ante el Equipo Argentino de Antropología Forense con el que la PGR firmó un convenio para crear una Comisión Forense para identificar esos restos. A pesar de eso, aún no han encontrado información sobre el paradero o sobre los cuerpos de sus parientes. Y la incertidumbre los sigue carcomiendo.

La tragedia, que no debía de haber golpeado dos veces a Tiquicheo, alcanzó al segundo grupo de migrantes de ese municipio por causa de la desidia institucional.

El 28 de marzo — cinco días después del secuestro de los primeros paisanos oriundos del vecino pueblo El Limón — el señor Vicente Piedra García, de Purungueo, salió rumbo a la misma frontera en otro autobús de marca Ómnibus, donde coincidió con sus jóvenes vecinos, los primos Javier y Juan [nombres cambiados]. Ninguna autoridad les alertó del peligro que corrían en el camino. Y les ocurrió lo mismo, en el mismo lugar, a la misma hora.

No escucharon de la desaparición de sus paisanos días antes. Los tres fueron asesinados por Los Zetas, enterrados en cementerios clandestinos, luego exhumados en abril de 2011 — justo hace cinco años — con otros 190 cadáveres. Como lo señala la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/197/2011.

Aproximadamente un mes y medio después del hallazgo de las fosas se confirmó que uno de los cuerpos hallados en una de las fosas era el de Vicente Piedra, hombre cuarentón, padre con hijos mayores, ya independientes.

Sus familiares se tragaron la duda de si los restos que la PGR les entregó eran efectivamente los de Vicente. Nadie les mostró evidencias. Aún así lo enterraron. María Luisa García, la madre de Vicente, parece una mujer sin agenda. Está sentada en un portillo, mirando así nomás al horizonte. Menciona las dudas que tuvo su nieto al reconocer a su padre.

"Su hijo de él fue a verlo, dijo que para él no era conocido. Pero como no tenía carne en la cara cómo lo iba a conocer. Yo creo que sí era él… porque si estuviera vivo…". La mujer se queda callada sin concluir la frase. A sus 79 años ha dejado de esperar el regreso de su hijo.

Vuelve a referirse a sus nietos: "A la más chiquita nunca le dijimos nada, piensa que su apá está trabajando en los Estados Unidos. Ella era su consentida".

Vicente era padre de ocho hijos. Las deudas por la mala cosecha de sandía lo obligaron a buscar trabajo en Houston, Texas, a donde nunca llegó. De sus dos acompañantes de autobús no se supo en casi cinco años.

Desde el 2011, las familias de los primos deambularon por instituciones preguntando si ya tenían información sobre su paradero. En ambos hogares campesinos sufrieron llamadas de extorsión reclamando el pago hasta de 240.000 pesos a cambio de la vida de sus hijos.

Durante ese limbo mantuvieron contacto con la licenciada Verónica Salazar, encargada de desapariciones dentro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), perteneciente a la Procuraduría General de la República, quien les aseguró que les daría información si los encontraban.

El reconocimiento ocurrió gracias a la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense, luego de que organizaciones de familiares de migrantes desaparecidos mexicanos y centroamericanos presionaron a la PGR a firmar un Convenio Forense que permitiera a los peritos independientes analizar los restos no identificados de los 72 migrantes masacrados en 2010, las fosas de San Fernando en 2011, la matanza de Cadereyta, Nuevo León en 2012, así como cotejar muestras genéticas y revisar expedientes forenses. Y ahí, entre los restos, estaban estos primos [cuyos nombres no pueden ser divulgados por no contar con autorización de las familias].

Sus restos reposan ya en Tiquicheo.

#Másde72 es un proyecto colectivo dedicado a investigar periodísticamente masacres de migrantes. En el sitio www.masde72.org se puede consultar información forense de 120 de los cadáveres exhumados de las fosas de San Fernando, leer las historias de algunas víctimas y lo que enfrentan para obtener justicia. Como impulso a este proyecto VICE News colaboró en su difusión.

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