Cerco judicial a la ‘Ley Mordaza’, y también político, si el Congreso español se constituye

Las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como "Ley Mordaza" , van camino de ser los cambios legislativos más breves de la historia de España. Los resultados de las elecciones del 20 de diciembre han supuesto un duro revés al conservador Partido Popular (PP), la formación que aprobó en solitario la iniciativa el pasado 26 de marzo y que entró en vigor el 1 de julio.

La mayor parte de los partidos que han obtenido representación en el Congreso de los Diputados llevaban en sus programas la derogación de estas reformas, con el socialdemócrata Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la formación progresista Podemos al frente. Ciudadanos (C's), cuarta fuerza en número de escaños, defendía una derogación parcial. Ni una suma de escaños de PP y C's podría poner freno a la suspensión de la ley.

"Hay que plantear una proposición no de ley en el Parlamento y tener la mayoría absoluta de la Cámara. Esa es la primera vía. Pero también se podría hacer una proposición de ley alternativa", explica a VICE News Antonio Trevín, portavoz de la Comisión de Interior del PSOE, quien reitera que la posición de su partido es la de derogar la reforma "total y radicalmente".

Los resultados de las elecciones llegan una semana después de que la plataforma Defender a Quien Defiende presentara una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo contra uno de los puntos más polémicos de la ley: el uso no autorizado de imágenes que documenten la acción policial.

"El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información", penaliza el artículo 36.23 de la ley orgánica con multas de hasta 30.000 euros. Varios juristas y asociaciones de periodistas denuncian lo ambiguo del texto y los posibles problemas que esto podría acarrear a los profesionales.

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La demanda ha sido posible gracias a los medios de comunicación Ahötsa, Diagonal y Directa, que entienden que pueden ser "víctimas potenciales" de esta ley en el día a día de sus tareas de producción periodística. La figura de la víctima en potencia es un atajo que permite eludir el recorrido natural de la judicatura española mediante el TEDH.

"El recurso de amparo lo puede hacer cualquier ciudadano, pero al final del procedimiento ordinario. Primero se hace el procedimiento administrativo, luego el juicio y luego, finalmente, después de todos los recursos posibles, llega el del constitucional", recuerda a VICE News cuál es el proceso ordinario el abogado especializado en delitos informáticos y derecho de Internet, Carlos Sánchez Almeida.

"Al Tribunal Europeo se acude cuando has agotado todos los recursos. No podríamos impugnar una ley, en general. Pero sí que permite poder apelar a él en un supuesto: el de víctima potencial. El que tomamos nosotros es el supuesto de una ley que afecta un colectivo determinado al que se le vulnera un derecho fundamental", explica a VICE News Anaïs Franquesa, una de las abogadas que sostiene la demanda ante el TEDH.

"Como no podíamos impugnar toda la ley identificamos un colectivo, el de los periodistas, que está amenazado por el artículo 36.23. Este precepto restringe el derecho a la libertad de información, y lo restringe porque sanciona el poder captar determinadas imágenes de la policía. Esto es una ingerencia clara en la libertad de información y de prensa. A veces colisionan derechos, pero en este caso se cumple, porque no se entiende que ha de ser considerado un 'uso no autorizado' y la sanción es elevadísima", añade Franquesa.

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"Creemos que el cometido de todos los medios de comunicación está amenazado por esta ley, pero igualmente seguiremos haciendo nuestro trabajo en la calle, sin dejar de hacerlo, y por esta vía jurídica. Entendemos que afecta un derecho fundamental, que es el de la información, entre otros derechos que afecta", asegura a VICE News Gemma Garcia, periodista de la Directa.

Más allá de la cuestión que los tres medios denuncian, diferentes colectivos, plataformas ciudadanas, ONG e incluso expertos de la ONU consideran que estas "normas mordaza" son "desproporcionadas" y suponen "una grave amenaza para la democracia y las libertades de reunión, expresión e información".

En eso coinciden 60 catedráticos de derecho penal de 35 universidades españolas. En un manifiesto señalan la "pobreza técnica" que ven en la legislación sancionadora penal y administrativa recién aprobada; denuncian que, a su parecer, se prescindió de la jurisprudencia; y que éstas reformas beben "de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias y más autoritarias", entre otras críticas.

No es el único atajo. Después de que se hiciera efectiva la polémica reforma, explicaba el pasado julio Carlos Sánchez Almeida las vías judiciales con las que poner límites a estos cambios legislativos.

"Por un lado están los recursos de inconstitucionalidad que puedan haber presentado los partidos y el Defensor del pueblo", indicaba Carlos Sánchez Almeida, "pero desde el momento en el que la ley entra en vigor, en los juzgados, un abogado puede pedir al juez que plantee cuestión de inconstitucionalidad directamente al Tribunal Constitucional". Almeida recomendó en julio que esto se llevara a cabo des del primer día, pues entiende que, si no lo hace el juez, alegar a través del recurso es una vía muy lenta.

La idea de crear esta 'ley mordaza' tomó fuerza tras la huelga general del 29 de marzo de 2012 cuando en ciudades como Barcelona se protestaba contra los recortes, la corrupción de la clase política y la situación social. Esta jornada de huelga acabó con desórdenes públicos y enfrentamientos entre huelguistas y la policía. Fueron el PP y el partido nacionalista catalán Convergència i Unió (CiU) los que propusieron en 2012 endurecer las penas y criminalizar los actos de protesta.

En este contexto de emergencia social y de corrupción generalizada, el 15 de mayo de 2011 aparecieron y se consolidaron movimiento sociales y plataformas ciudadanas que han puesto en jaque un sistema y unas instituciones que consideran anticuadas y en las que ya no creen. Podemos e indirectamente Ciudadanos son el resultado de ese clima político.

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