México, el país más corrupto de la OCDE, entierra una ley para auditar a sus políticos

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Esta es una historia que bien podría titularse así: 634.143 ciudadanos buscan el apoyo de 128 senadores y 500 diputados para acotar la corrupción en México… y los políticos les dan la espalda.

En medio de la trama está la discusión del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, una serie de leyes que buscan restringir las facultades de legisladores, servidores públicos y hasta el presidente de la República para hacer negocios al amparo del poder. Pero su aprobación en el Senado y en la Cámara de Diputados ha enfrentado a ciudadanos, organizaciones civiles y hasta a los empresarios más poderosos del país contra la clase política.

Este no es un tema menor en México, un país caracterizado por los altos niveles de corrupción enquistados en su sistema desde hace décadas; sin ir más lejos, el más reciente informe de Transparencia Internacional (2015), señala que esta nación volvió a ubicarse en el último lugar de entre las 34 economías que integran la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico); y le separan 86 y 79 lugares de sus principales socios económicos –Canadá y Estados Unidos– respectivamente.

La historia sobre esta reciente polémica comenzó en México el 2 de febrero de este año, cuando un grupo de organizaciones civiles a favor de la transparencia anunció que iniciaba una campaña callejera de recolección de firmas para que el Senado aprobara un proyecto ciudadano llamado "Ley 3 de 3", que obligaría a los servidores públicos a hacer tres declaraciones juradas: una patrimonial [¿cuánto tienen?], una fiscal [¿pagan impuestos?] y una de intereses [¿quiénes son sus familiares y amigos y cómo eso podría influir en su toma de decisiones sobre el dinero público?].

La iniciativa se apega a los estándares internacionales contra el mal uso de los recursos públicos y era una respuesta a una serie de escándalos de gobiernos estatales y del federal sobre presuntos sobornos, lavado de dinero, contratación de deudas impagables, conflictos de intereses y enriquecimientos inexplicables durante el actual sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. De todos estos escándalos, sin duda el más llamativo fue el de la "Casa Blanca", derivado de una investigación periodística, la cual puso al descubierto la compra de una mansión de 7 millones de dólares por parte de la esposa del mandatario, Angélica Rivera. Grupo Higa, la compañía que vendió esta casa a la pareja presidencial, fue contratista de Peña Nieto, cuando él fue gobernador del Estado de México [2005-2011] de ahí el señalamiento por conflicto de interés.

En México, para que una iniciativa ciudadana llegue al Congreso y los legisladores deban discutirla y, en su caso, aprobarla, debe tener al menos 120.000 rúbricas. Mes y medio después de que arrancó la campaña de recolección, el Senado recibió 291.000 rúbricas a favor de la "Ley 3 de 3", que con el paso de tiempo llegaron a 634.143. Es decir, más de medio millón de ciudadanos pidieron a los legisladores unirse a su causa.

"Los escándalos de este sexenio nos abrieron los ojos de la escala y magnitud del problema de la corrupción", comentó Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), organización impulsora de la iniciativa, en los días de la entrega de firmas al presidente del Senado, el panista Roberto Gil. "Estamos pasando de la propuesta a la acción y esperamos que los políticos nos acompañen".

Sin embargo, no fue así: el espíritu de la "Ley 3 de 3" fue "traicionado", al menos, tres veces en la sesión legislativa en el Senado para aprobarla. La mayoría que tienen el Partido Revolucionario Institucional — donde milita el presidente mexicano — y su aliado el Partido Verde Ecologista de México diluyó el proyecto en sus apartados más importantes.

El primer cambio al proyecto fue que los legisladores — durante la madrugada de este miércoles — añadieron al dictamen una restricción clave para las tres declaraciones de los funcionarios: "serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada". Y ese concepto — "vida privada" — les da la posibilidad de seguir en la opacidad, si lo determina un comité coordinador.

El segundo cambio fue obligar a los empresarios a pasar por el duro escrutinio que los legisladores evitaron para sí mismos: aquellas personas que hagan negocios con el gobierno deberán hacer pública sus tres declaraciones juradas o no habrá contrato.

Esta medida pintó para los capitalinos un paisaje inusual la tarde de este jueves, en una urbe acostumbrada a las marchas de sectores populares: al mediodía de ayer, cientos de empresarios, con traje y corbata, protestaron en el Ángel de la Independencia para exigir al Senado rectificar en su voto.

"Ahora pretenden pedir a los trabajadores y a las empresas de este país que hagan lo que ellos no están dispuestos a hacer con sus representados", protestó Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex, un conglomerado de influyentes empresarios que representan más de 30 por ciento del Producto Interno Bruto en México y casi 5 millones de empleos a nivel nacional.

"Antes que hombres de negocios, somos ciudadanos (…) ¡Vamos juntos a un México sin corrupción! ¡Viva México!", exclamó de Hoyos antes sus socios y amigos.

La protesta ha sido identificada por la prensa especializada en negocios como una ruptura entre la clase empresarial y la clase política, especialmente con la administración del presidente Peña Nieto.

La tercera "traición" vino de quienes las organizaciones civiles confiaron que más los apoyarían: 13 senadores oposición del PAN, PRD y PT abandonaron la sesión en el Senado para no votar los cambios a la ley, dejándole al oficialismo la fuerza para modificar la iniciativa.

Y cuando este jueves tocó el turno a la Cámara de Diputados para hacer cambios a lo aprobado en el Senado, 21 diputados de oposición — PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadno — también se ausentaron de la votación y ayudaron a que finalmente quedara avalada con cambios la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas.

María Elena Pérez Jaén, excomisionada del Instituto Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dijo a VICE News que será el presidente de la República quien termine pagando los costos políticos de diluir la "Ley 3 de 3".

"El PRI siempre dijo que no a esta iniciativa, dijo que no al tema de que se hagan públicas las declaraciones de los funcionarios. Yo fui personalmente con el presidente de la República, en un acto con empresarios en el que nos encontramos el 17 de marzo pasado, y le dije que senadores como Raúl Cervantes iba a votar en contra del mandato ciudadano. Y la respuesta del presidente fue que él ya había cumplido con su parte".

"Es terrible lo que hicieron en la votación. Le dieron la espalda a lo mínimo que se espera de un servidor público: transparencia, honestidad. Llevo 13 o 14 años en este tema y jamás esperé que los legisladores hicieran algo tan burdo como esto", señaló Pérez Jaén.

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