El colectivo LGTBI en el punto de mira de los grupos armados en Colombia

"No sabe lo que les va a pasar, por sapas (chivatas) como usted y todas esas viejas (mujeres) sin oficio y faltas de macho, partida de areperas (lesbianas), les vamos a dar su tatequieto, con escoltas o sin ellos les vamos a dar plomo (bala) bayanse (sic) a arreglar la casa y dedíquense a cuidar sus familias en vez de estar buscando lo que no se les ha perdido".

Estas líneas, escritas en un panfleto, las recibieron cuatro activistas del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos de Barrancabermeja (Santander, noreste de Colombia) hace unos años.

Misivas de esta clase, aunque a menudo de mayor vulgaridad si cabe, y sembradas de errores ortográficos, se han convertido en una constante de los grupos armados para amenazar a las población LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales) en el país latinoamericano.

El año pasado la Red Nacional de Información registró 85 amenazas a este colectivo. La misma entidad cifró en 429 las personas LGTBI que abandonaron su lugar de origen debido al conflicto.

"En Colombia, como en todo el mundo, hay prejuicios contra los gais. Y el conflicto siempre los ha exacerbado", explica a VICE News Mauricio Albarracín, investigador de la organización Dejusticia, militante LGTBI y columnista del diario El Espectador.

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Los actores armados — guerrillas, paramilitares y ahora las BACRIM en núcleos urbanos — se han servido de estos prejuicios para sembrar el miedo y apuntalar sus estrategias de control territorial y de la población.

"Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por ejemplo, llegaban a un territorio e imponían reglas de comportamiento social. Por lo general muy machistas y homófobas", continúa el activista.

Muestra de esa homofobia fueron los combates de boxeo a los que el Comandante Cadena del bloque Montes de María de las AUC obligó a disputar a los jóvenes homosexuales en San Onofre [Sucre, norte del país].

Fueron catorce los combates y dos los días en los que los paramilitares estuvieron celebrando con licor, música y desfile de adolescentes que no llegaban a los 18 años, la toma de ese territorio.

"O como la guerrilla de las FARC obligaba a la población LGTBI a realizarse la prueba del VIH en algunos de sus territorios", añade Albarracín.

Todo ello se traduce en el desplazamiento forzoso de estas personas. "Es esa idea poderosa de la limpieza social. No te matan pero debes irte. Desaparecen socialmente aquello que creen rechazable. Por eso, yo más que desplazamiento, lo llamo destierro, pues lleva implícita una sanción moral", concluye.

Si bien los LGTBI son especialmente vulnerables a esta practica, los grupos armados meten en el mismo saco de las amenazas a "marihuaneros, viciosos, jíbaros [vendedores de droga], sapos, cuatreros, milicianos y violadores", entre otros.

Federiko Ruíz es un joven caleño a quien no se le altera la cadencia amable de su habla al referirse a los tiroteos que ha recibido la sede de la ONG donde trabaja: Santamaría Fundación. "Este es el tercer local en el que estamos. Nos han tiroteado, nos han amenazado y nos han robado documentos. Incluso intentaron secuestrar a una de las chicas", añade desde Cali (suroeste de Colombia), donde está asentada esta organización de apoyo al colectivo LGTBI, en especial a las mujeres transexuales.

Para Ruíz el conflicto sólo agrava un problema que el país arrastra desde lejos. "El Estado sigue desconociendo los derechos de los LGTBI. Todos los avances que se han dado han sido a partir de la Corte Constitucional, no desde el Congreso", dice a VICE News.

"Colombia tiene una constitución bellísima, pero en realidad no hay derechos igualitarios. La ley sigue favoreciendo a las personas blancas, heterosexuales y con alto poder adquisitivo", afirma.

Alarmantes cifras de muertos LGTBI

Las cifras que aporta Colombia Diversa, ONG de referencia en la lucha LGTBI, dan base en parte a sus declaraciones. Según la organización, desde 2006 al menos 824 personas LGTBI han sido asesinadas. "Un 30 por ciento de ellas con el único móvil del prejuicio", apunta a VICE News Marcela Sánchez, su directora. Es decir, por el mero hecho de no ser heterosexuales.

El año pasado el número de víctimas ascendió a 81. De éstas, 21 correspondieron a mujeres transexuales, ocho fueron hombres gais, una mujer lesbiana, una mujer bisexual y "50 personas LGBT de quienes no se tiene información suficiente sobre su orientación sexual o identidad de género", señala el informe Cuando la guerra se va, la vida toma su lugar de la organización.

El departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, presentó el mayor numero de homicidios, seguido por Valle del Cauca, con Cali como capital, y Bogotá. Según Colombia diversa, esta ha sido la tendencia desde 2008, con excepción de 2011, cuando el Valle del Cauca concentró el mayor número de reportes.

La Unidad de Víctimas del gobierno colombiano tiene registrados 7,7 millones de víctimas del conflicto. De estas, 1.422 se han declarado LGTBI. Las principales agresiones a las que están expuestas son desplazamiento (72,9 por ciento) y las amenazas (13,85 por ciento). Los delitos en contra de la libertad y la integridad sexual se ubican en cuarto lugar (2,07 por ciento), después de los homicidios (6,3 por ciento).

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"Pero estas cifras son solamente del registro al que tenemos acceso a través de los organismos oficiales. El subregistro — casos que no se declaran — es muy alto en todo Colombia", aclara Sánchez.

"Tampoco si, por ejemplo, toda la población LGTBI desplazada fue debido a amenazas por su condición o debido a las dinámicas del conflicto", añade.

La ausencia de estadísticas o los vacíos en ellas es una de las deficiencia de los sistemas de información estatales en Colombia, según denuncias de los defensores de los derechos LGTBI.

"Si bien la mayoría da cuenta de criterios para identificar la orientación sexual o la identidad de genero de las víctimas (…), ellos varían de una entidad a otra, así como sus parámetros de aplicación. Esto conduce a distintos registros de los hechos de violencia", subraya el reporte de Colombia Diversa.

Muchas sombras sobre la fuerza pública

La falta de políticas de prevención, una atención deficiente a las víctimas y trabas burocráticas que dificultan el acceso a la justicia y dilatan los procesos judiciales son otros de los puntos que debe mejorar estado colombiano, según esta ONG.

Especialmente grave son los delitos contra los LGTBI cuando proceden de la fuerza pública. "La policía es en muchos casos causante de desplazamiento interurbano, aunque esa sea una variante que no se recoja oficialmente", apunta Federiko Ruíz de Fundación Santamaría.

"La prostitución no es un delito en Colombia. Sin embargo, muchas veces las chicas trans que la ejercen son desplazadas una y otra vez del lugar donde hacen su trabajo provocando que terminen ubicadas en los barrios más peligrosos y expuestas a muchos más riesgos", explica.

En 2013, se reportaron 79 agresiones policiales, que representan 282% de casos más que en 2012. Es decir, el registro aumentó casi tres veces. En 2014, se registraron 143 casos, lo cual representa un aumento del 181 por ciento, según las cifras de Colombia Diversa.

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No obstante, el aumento se explica porque en los años anteriores a 2013, Medicina Legal no reportaba información a las estadísticas globales. Con todo, el numero de hechos de violencia policial contra personas LGBTI entre 2006 y 2014 asciende a 398.

"En los casos de abuso policial, la policía es juez y parte", denuncia Marcela Sánchez. "Ella misma se investiga y se sanciona. Aunque en realidad hay muy pocas investigaciones y no hay casi condenas. Y claro, las personas al final tienen miedo de denunciar", añade.

Tampoco las agresiones de la fuerza pública se escapan a la horquilla de la impunidad, que en Colombia es de más del 90 por ciento. "No hay interés en investigar los homicidios. De hecho, sólo ha habido una sentencia condenatoria por asesinato de personas LGTBI. Pero esa ha sido en el proceso de Justicia y Paz contra los paramilitares, y nada tiene que ver con la justicia ordinaria que rige el resto de casos", explica Sánchez.

A pesar de todo, la lucha por los derechos LGTBI va dando sus frutos. Una muestra relevante fue la felicitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia el pasado verano por permitir la rectificación del sexo en el documento de identidad para la población transexual.

Por último, de "fenómeno sin precedentes" calificó la ONG Caribe Afirmativo a los 73 candidatos LGBTI que se presentaron a las elecciones locales del pasado 25 de octubre. De todos, cinco resultaron elegidos concejales y uno, Julián Bedoya, alcalde del municipio de Toro (Valle del Cauca). Curiosamente por el partido conservador Centro Democrático que lidera el ex presidente Álvaro Uribe.

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