Colombia cierra más de cinco décadas de guerra con las FARC

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"Creo que hemos ganado la más hermosa de las batallas, la de la paz de Colombia" dijo ayer el jefe de la delegación de las FARC en La Habana, Iván Márquez, tras el anuncio del fin del conflicto entre la guerrilla y el gobierno colombiano.

Humberto de la Calle, su homólogo en la comisión gubernamental, se mostró menos eufórico. "Seguramente, el acuerdo logrado no es un acuerdo perfecto", reconoció ante los equipos negociadores y los representantes de los países garantes.

"Probablemente todos hubiéramos querido algo más. Nosotros mismos en la mesa hubiéramos querido algo más. Pero el acuerdo logrado es el acuerdo viable, el mejor acuerdo posible", añadió de la Calle.

Lo que es seguro es que la resolución pone fin a más de cinco décadas de guerra entre el Estado colombiano y los insurgentes. Un conflicto resuelto en seis años de negociaciones, dos en secreto y cuatro de manera pública ya desde la capital cubana.

Los discursos de Márquez y de la Calle hicieron referencia a los seis puntos del tratado final: la reforma rural, la participación política de las FARC, el cese del fuego definitivo y la dejación armas de la guerrilla, la solución del problema de drogas ilícitas, la verdad y reparación a las víctimas y los mecanismos de implementación.

Pero ninguno de los dos profundizó en uno de los interrogantes a medio resolver hasta ayer: cómo sería definitivamente la participación política de las FARC.

Fue el presidente Santos, quien se dirigió al país en un discurso televisado minutos después del anuncio, quien confirmó los detalles que ya circulaban en algunos medios desde la mañana.

"Los antiguos miembros de las FARC podrán acceder a la vida política. Deberán, como cualquier otra organización partidista, convencer con propuestas y argumentos a los ciudadanos para ser elegidos", explicó el presidente.

La organización política surgida tras el desarme de la guerrilla contará con tres voceros en el Senado y tres en la Cámara de Representantes. Éstos tendrán voz, pero no voto, durante la implementación del acuerdo en forma de nuevas leyes y reformas necesarias. Este periodo alcanzará hasta 2018.

"A partir de ese momento participarán en las elecciones con una representación mínima asegurada por dos periodos, si no logran el umbral", continuó Santos.

Es decir, el partido de las FARC deberá participar en la elecciones de 2018 y 2022 para asegurar su representación mínima en el Congreso: cinco en el Senado y cinco en la Cámara.

No habrá asignación directas de curules. Pero en el caso de que no se logre esa representación mínima, el acuerdo la garantiza con la asignación del número de escaños que falten para completar los cinco necesarios.

"El objetivo del gobierno es que las FARC se terminen como organización guerrillera. Y eso se dará después de los seis meses de desarme. Las FARC quieren ser un actor político. Eso se consigue con 10 curules durante dos legislaturas consecutivas", resume a VICE News Ariel Ávila subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.

La organización lanzó en julio una propuesta para otorgar nueve curules directas a la guerrilla. "Terminaron siendo 10, creo que es acertado", concluye Ávila.

Santos enviará hoy jueves el texto del acuerdo final al Congreso. Por su parte, los líderes de las FARC lo darán a conocer a las tropas durante su X Conferencia que se celebrará en los próximos días.

La rubrica definitiva del acuerdo entre Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, alias Timochenko, jefe máximo de las FARC, tendrá lugar presumiblemente el 23 de septiembre en un acto público en Colombia. Posteriormente, se celebrará el plebiscito en el que los colombianos refrendarán o rechazarán el tratado.

"El Plebiscito por la Paz se llevará a cabo el domingo 2 de octubre. A partir de mañana (por hoy) será publicado en los sitios web y en las redes sociales de las entidades públicas el texto del acuerdo final para que todos puedan conocerlo", apuntó el presidente en su discurso.

El umbral del participación del plebiscito se redujo al 13 por ciento del censo electoral, unos 4,4 millones de votos. Es decir, que para que salga aprobado, los votantes del sí basta que alcancen ese porcentaje y, obviamente, los votantes del no quedar por debajo.

"El problema del 'sí' es que no se ha desarrollado pedagogía para explicar los acuerdos de paz. La población urbana, que no ha vivido el conflicto, se ha llenado de mitos sobre el proceso — como por ejemplo, el de la impunidad para los guerrilleros —, que en seis semanas de campaña [a favor del plebiscito] son imposibles de desmontar", argumenta Ávila.

María Jimena Duzán, directora de Semana en Vivo y una de las periodistas más respetadas de Colombia, comparte temor con el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.

"Este país es tan absurdo que se acostumbró a la guerra. Es el único país en el que en lugar de estar dichosos (por un acuerdo de paz), se está pensando en que no se va a acabar el conflicto, en que las FARC no se van a entregar. Hay una gran posibilidad de que salga el 'no', pero estos avances [el acuerdo final] conducen a ganar el plebiscito", dice a VICE News la periodista.

"Aunque hay una gran apatía. Y mi mayor miedo no es tanto que no se gane, sino que ni siquiera se supere el umbral del 13 por ciento", añade.

Duzán atribuye esa apatía a la pésima labor en comunicación desde Presidencia durante las conversaciones de paz.

"El proceso ha tenido lugar en La Habana. Muy lejos, con lo que muy pocos han ido a cubrirlo. Además, muchos de los puntos no se han socializado. Eso se refleja en la confusión con que llegan los votantes a las urnas. Confusión fruto también de la polarización. Pues esto se gana con pasiones. Y las pasiones del 'no' son el susto, el temor, el miedo al cambio. Al 'sí' le falta convencer y enamorar", lamenta.

Sigifredo López era diputado en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca (sur de Colombia) cuando fue secuestrado por las FARC en abril de 2002. La intención de los insurgentes era presionar al gobierno para lograr un intercambio por milicianos presos. López no fue liberado hasta el 5 de febrero de 2009.

Hoy está al frente la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (FEVCOL) y son conocidas sus críticas al proceso.

"Los guerrilleros que reconozcan sus delitos ante el sistema de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no van a pagar ni un solo día de cárcel. Tampoco van a reparar a sus víctimas con recursos propios, a pesar de lo que se han llevado con el narcotráfico", sostiene ante VICE News.

El ex diputado añade que la reparación a las víctimas va a recaer sobre el Estado. "Y ese Estado en 4 años que llevamos de Ley de Víctimas sólo ha reparado a 600.000 de las más de 8 millones que ha dejado este conflicto. Eso quiere decir que nos podemos demorar muchísimos años", argumenta.

El otro punto oscuro para López es la participación en política de los guerrilleros. Han cometido delitos de lesa humanidad y por eso para él no merecen estar en el Congreso.

"Pero todo esto es mejor que continuar en lo mismo. Eso sería condenar a las próximas generaciones. El Estado no ha sido capaz de derrotar a la guerrilla en 50 años. No podemos ser tan mezquinos y negarles que vivan en paz. Más importante que el presente es el futuro. Por eso voy a votar sí en el plebiscito", sentencia.

Diana Gómez es una de las Hijas e hijos por la memoria y contra la impunidad. Una organización de víctimas de crímenes de Estado, del paramilitarismo y de las guerrillas.

Gómez es tan concisa como clara: "los acuerdos no significan la paz, ni construyen la paz por sí solos", deja caer a VICE News. "Eso viene luego. Es una gran tarea a nivel nacional a cargo de los distintitos sectores de la sociedad"

Las organizaciones sociales juegan un papel primordial en los siguientes pasos hacia la paz. "Hay que estar atentos a la JEP, a que las victimas puedan recibir las medidas de reparación que esperan. Eso nos preocupa. Aunque tal y como está diseñado el acuerdo, las victimas de la guerrilla tienen mas fácil acceder a la justicia que las de crímenes de Estado".

El rol ahora de las ONG es, según Gómez, el de preparar sus estrategias de incidencia política. De algún modo, "orientar el proceso" e incidir en el desarrollo de organismos como el de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición.

"Debemos ser las que llevemos los casos a estas instancias, organizar la presentación de los mimos y hacer seguimiento para que no haya frustraciones, para que los derechos que se respeten".

Por el momento, "los acuerdos que están plasmados en papel son sólo esqueletos".

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