Así defienden las comunidades locales la Reserva de la Biósfera Maya

Desde hace 12 años el trabajo de Sergio Ortiz es internarse en la selva guatemalteca. Desde las 6:00 de la mañana comienza a recorrer los parajes más intrincados del bosque tropical ubicado en Melchor de Mencos, un pequeño poblado en el departamento de El Petén que hace frontera con Belice, y al que los huracanes golpean constantemente.

Ortiz no sale solo, lo acompañan cinco compañeros. Algunos a pie, otros montados en una cuatrimoto. Equipados con motosierras, motosopladores, machetes, brújulas, extintores, geolocalizadores y hasta drones, el grupo trabaja diez horas para prevenir incendios.

Ellos son una de las nueve comunidades a quienes el gobierno otorgó una concesión de un área de los bosques de la Reserva de la Biósfera Maya (RBM) con la intención de que los salvaguardaran. La RBM fue creada en 1990 para proteger la selva tropical más grande de Centroamérica. Comprende más de 21.000 kilómetros, en la parte norte del Departamento del Petén y donde se encuentran algunos de los sitios arqueológicos mayas más importantes.

Sergio, con 35 años, es el coordinador de incendios forestales de Melchor de Mencos. Ha pasado casi toda su vida adulta realizando el mismo protocolo para evitar tragedias ecológicas. Se trata de mantener en buen estado los cortafuegos, brechas libres de yerba de seis metros de ancho con una distancia razonable para que las llamas, en caso de originarse, se contengan dentro de un perímetro determinado.

"Somos dos cuadrillas. En el caso de nosotros tenemos 62 kilómetros de cortafuegos. Las brechas las limpiamos de broza, de combustibles que el fuego utiliza como hojas secas, ramas, árboles caídos. Eso nos afecta si alguien hace una quema para sembrar frijol", relató Sergio en entrevista a VICE News.

Para ninguna de estas nueve comunidades es una tarea fácil sobre todo cuando las temperaturas pueden alcanzar hasta los 32 grados centígrados. Sin embargo, los datos demuestran su eficacia. De acuerdo con un estudio del Programa Regional de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA), tan sólo en 2017 se han producido 7.749 incendios en toda la RBM de los cuales apenas el 0.8 por ciento sucedió en territorio vigilado por las concesiones comunitarias.

Desde 1996 las autoridades guatemaltecas les otorgaron 398.300 hectáreas de bosque, mientras que el restante se dividió entre agricultura, industrial y zonas de reserva.

Sin embargo, los grupos comunitarios se enfrentan a un nuevo problema. Faltan cinco años para que la concesión expire, y señalan que el gobierno ya no quiere renovarles el contrato.

"El gobierno no acepta que nosotros hacemos un mejor trabajo de organización que el Estado. Si a las 10 de la mañana nos avisan de una amenaza a las 12 ya hay personal combatiéndolo. Se trata de eficiencia", lamentó Sergio.

De hecho, los resultados del estudio de PRISMA concluyeron que en las zonas resguardadas por el Estado se originaron el 53 por ciento de los siniestros.

Para Sergio esta cerrazón de las autoridades es injusta, sobre todo cuando junto con su cuadrilla ha salvado al bosque de alrededor de 20 incendios.

"El último fue 2016, era una amenaza que venía de Belice, un incendio de 10 kilómetros cuadrados. Trabajamos 70 elementos por más de 15 días. Tuvimos motosopladoras, vehículos con agua, y el último día dimos gracias a naturaleza, porque llovió", contó Ortiz.

Sin embargo, el fuego no es el único peligro que enfrentan. La frontera con Mexico y Belice los hace ser un blanco de los cárteles del narcotráfico. Sergio relata que en marzo de 2016, un guardabosques comunitario se enfrentó con uno de ellos. El traficante le disparó y lo asesinó al instante.

Mientras tanto, Sergio está seguro que no se trata solamente de un contrato sino de salvaguardar un pasado milenario.

"Nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos, vivieron del bosque, por tal motivo lo cuidamos", dijo.

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