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      La ‘ley mordaza’ dejaría España fuera de la UE si hoy aspirara a ser país miembro

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      Imagen por Eloy Alonso/Reuters

      Opinión Y Análisis

      La ‘ley mordaza’ dejaría España fuera de la UE si hoy aspirara a ser país miembro

      Por Quique Badia

      España se queda fuera del marco del derecho penal de los países miembro de la Unión Europea (UE), después de que el miércoles 1 de julio se hicieran efectivas las reformas legislativas y del Código Penal (CP) aprobadas estos últimos meses. Lo afirma el abogado especializado en delitos informáticos y derecho de Internet Carlos Sánchez Almeida, en declaraciones a VICE News.

      Para Almeida, el motivo es la entrada en vigor del denominado "trío mordaza": la reforma del Código Penal, la llamada "ley antiyihadista" y la polémica Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Ésta última, en concreto, se aprobó con los votos de la mayoría parlamentaria del conservador Partido Popular (PP), el pasado 26 de marzo, e hizo saltar las alarmas de organizaciones pro derechos humanos como Human Rights Watch (HRW).

      Al otro extremo del Mediterráneo, el 27 de marzo, un día después, Turquía aprobaba una reforma homóloga, que también ha sido criticada por HRW.

      Los cambios legislativos en Turquía comparten algunos elementos fundamentales con la llamada "ley mordaza" recién aprobada en España. Así lo constatan las analistas de HRW Emma Sinclair-Webb y Judith Sunderland.

      "Ampliar poderes a la policía en un país en el que impera la cultura de la impunidad sitúa a la república turca en la dirección incorrecta para su acceso en la UE", afirma a VICE News Sinclair-Webb.

      'Es imprescindible para la democracia que la gente tenga el derecho de salir a la calle en protestas no violentas, criticar e incluso insultar a las autoridades, así como denunciar abusos cuando suceden'.

      Judith Sunderland, investigadora sénior para Europa occidental de HRW, afirma que la Ley de Seguridad Ciudadana española "representa una amenaza directa a los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión en España. Básicamente, el gobierno se ha concedido a sí mismo una amplia discreción para restringir y sancionar el disentimiento".

      "Es imprescindible para la democracia que la gente tenga el derecho de salir a la calle en protestas no violentas, criticar e incluso insultar a las autoridades, así como denunciar abusos cuando suceden", sigue Sunderland.

      Un ejemplo, la ampliación de los poderes de la policía: las reformas legislativas y del Código Penal español amplían los poderes de las fuerzas de seguridad del estado: la policía podrá cachear, sancionar a quien les grabe en manifestaciones e imponer multas sin la intervención de un juez. Exactamente lo mismo que en Turquía.

      Y un matiz: Sinclair-Webb recuerda en un artículo que en el Reino Unido la policía puede detener a gente por iniciativa propia y que la ley alemana criminaliza a los manifestantes que van con la cara cubierta. Ambos artículos han sido copiados por la reforma turca. Aunque añade: "Que el árbol no nos haga perder de vista al bosque". La analista de HRW cree que no hay que olvidar un contexto en el que "la judicatura y los representantes gubernamentales de Turquía rara vez condenan a policías por abusos o torturas".

      Amnistía Internacional ha denunciado a España por garantizar una "impunidad efectiva" de sus cuerpos y fuerzas de seguridad mediante indultos. Y desde 2004, ha habido cinco sentencias condenatorias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo contra el Estado español por violar el convenio en cuestiones de tortura y malos tratos.

      En la república turca existen sentencias de cárcel contra periodistas por dar "me gusta" a una publicación de Facebook crítica con el presidente Recep Tayyip Erdogan.

      En España, el llamado "trío mordaza" no prevé el ingreso en prisión por uno de sus aspectos más polémicos: la difusión de imágenes de policías que "pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes" o llamar a participar, vía redes sociales, en manifestaciones en las que se den acciones delictivas, un supuesto que juristas como el abogado Carlos Sánchez Almeida critican por inconcreto. Pero sí multas de hasta 30.000 euros.

      El periodista catalán Bertrán Cazorla se situó en los límites de la nueva ley, horas después de su aprobación, con tweets como este, en el que señala a un policía catalán acusado por los movimientos sociales por su presunta brutalidad.

      "Hola, @policia. Si este tweet era una infracción, jodeos. Porque me declaro desobediente al autoritarismo. #FelizLeyMordaza / Y por cierto: Jordi Arasa. TIP 4364. Un peligro público. Ja os podéis pasar el art. 36.23 por el forro, @policia. #FelizLeyMordaza"

      "Me debo a la libertad de expresión e información", declara Cazorla a VICE News. "El mensaje que quería transmitir a través de Twitter es que esta ley se ha de desobedecer. Tanto colegas de profesión como gran parte de la ciudadanía estamos en disposición de hacerlo", sigue.

      Turquía solicitó el ingreso en la UE en el año 1987. Dieciocho años después, en 2005, el Consejo Europeo empezó las negociaciones de acceso con este país del Mediterráneo oriental. Una condición para garantizar su acceso a la Unión es el cumplimiento de los llamados Criterios de Copenhague, y uno de los puntos de este acuerdo es que Turquía pueda acreditar "estabilidad de instituciones que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías".

      Las violaciones de derechos fundamentales durante las protestas del parque de Gezi de Estambul contra la construcción de un centro comercial alejaron a la república turca de esta aspiración, como lo hizo, también, la reforma de la ley de seguridad en ese país.

      El caso húngaro

      "Si Hungría fuera hoy un país candidato a acceder a la UE, no entraría". Así de contundente se mostró el ex secretario general de la OTAN, Javier Solana, en la presentación del libro póstumo del periodista Xavier Batalla, el pasado 30 de enero. Solana cree que las reformas legislativas y las políticas del primer ministro Viktor Orbán implican una regresión tal que chocarían contra los criterios de Copenhague.

      Las últimas reformas en ese país limitan el poder del Tribunal Constitucional, coartan la libertad de prensa, atentan contra los derechos de las mujeres, personas con diversidad funcional, algunas minorías religiosas y personas sin techo, según HRW. En un artículo, la analista de esta organización, Lydia Gall, llama a Bruselas a actuar y considera que todo "estado miembro de la UE tiene margen para la mejora en lo relativo a derechos humanos".

      Sigue a Quique badia en Twitter: @qbadiamasoni

      Temas: europa, españa, turquía, 15m, movimiento de los indignados, gezi, ley mordaza, código penal, partido popular, pp, human rights watch, hrw, politica, derechos humanos, opinión y análisis

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