Multinacionales que se beneficiaron de la guerra en Colombia

La compañía Continental Gold, con sede en Canadá, y la surafricana AngloGold Ashanti se beneficiaron del conflicto colombiano para obtener títulos de minería, según señala el informe Falsas víctimas, no elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación y Forjando Futuros.

El informe analiza las 1.000 sentencias que se han fallado desde la creación en 2011 de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras. Dicha ley pretende restituir entre 6,5 y 8 millones de hectáreas abandonadas debido a la violencia o despojadas a los campesinos por alguno de los actores armados: guerrillas o paramilitares. Hasta el momento se han entregado unas 97.000 hectáreas a los reclamantes.

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"Estas empresas fueron a trámite judicial tras la reclamación de las víctimas pero la sentencia señaló que recibieron títulos mineros en tierras donde los campesinos habían sido desplazados o despojados de los predios", señala León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación.

"Sabemos que AngloGold Ashanti está devolviendo esos títulos en los departamentos del Chocó, Cauca y Nariño (todos ubicados en la costa del Pacífico)", añade. "Sobre Continental y el resto de compañías nacionales no tenemos seguridad de que eso esté ocurriendo", sentencia.

Al cierre de este reportaje AngloGold Ashanti no había dado respuesta a la llamada y correo de VICE News. Por su parte, Continental Gold se ha limitado por el momento a expresar desde su departamento de Comunicaciones que "no tenemos informes de quien es Forjando Futuros ni de este hecho" y que darían una respuesta en un tiempo adecuado y a través del personal correspondiente.

Además de estas dos compañías internacionales el informe hace referencia a otras siete de carácter nacional: Exploraciones Choco Colombia, Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar, Sociedad Las Palmas Limitada, Agropecuaria Palmas de Bajira, Inversiones Futuro Verde, Palmagan y A. Palacios S.A.S. Ha sido imposible establecer contacto con cualquiera de ellas

"Iniciaron el proceso judicial como opositores pero la compra que hicieron de las tierras o la obtención de títulos es como el que compra un reloj en la calle", apunta Gerardo Vegas, director de Forjando Futuros. "Así que la sentencia ratificó que se aprovecharon del conflicto armado para ello".

La figura del opositor es aquella que, persona o empresa, ocupa la tierra que un campesino reclama. Y es el reclamante quien debe probar que esas tierras le pertenecen y que los ocupantes aprovecharon las aguas revueltas del conflicto colombiano.

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Según el informe, "terratenientes y algunos funcionarios del Gobierno alegan la existencia de falsas víctimas que buscan aprovecharse de la Ley." Sin embargo, las cifras del estudio demuestran que el 98 por ciento de los reclamantes de tierras fueron reconocidos como verdaderas víctimas por los jueces.

En contraste, el estudio señala que el 89 por ciento de los opositores adquirió los predios aprovechándose de las condiciones de violencia; "lo que demuestra que el problema fundamental son los falsos propietarios", reza el documento.

Entre las 1.000 sentencias, el informe rescata el nombre y apellidos de una decena de estos falsos propietarios que, entre ellos solos, coparon más del 50 por ciento de las oposiciones en los procesos judiciales de restitución de tierras.

"Son personas que les hacen el mandado a los empresarios. Testaferros que se meten en juicios y ponen la cara pública a cambio de tener el predio un tiempo y una recompensa", explica Valencia. "Al final, los que están detrás son siempre grandes empresas o inversionistas", asevera.

La otra cara de la moneda la pone Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) del Gobierno de Colombia. "Es una lectura algo descontextualizada de los datos. Hay algunas reclamaciones que van a proceso judicial y otras no, entonces no se puede hablar sólo de sentencias", dice — c omo por ejemplo aquellas en las que el Ministerio de Defensa no da luz verde en cuanto a seguridad o las que se han resuelto sin llegar a juicio.

Para Sabogal el informe hace prácticamente nula referencia a los opositores de buena fe. "Una buena parte son campesinos vulnerables. Que se han hecho con esas tierras sin saber qué había pasado, que tienen a sus familias allí viviendo", dice. O que han terminado en ellas tras haber sido desplazados a su vez por el conflicto.

"Esto no se trata de hacer una política de buenos y malos. Hay que investigar qué ha pasado realmente y ofrecer la mejor solución para devolver los predios", añade.

Por otro lado están aquellos campesinos que no tienen como demostrar que esa tierra les pertenece. "Son a menudo viudas", dice León Valencia de la Fundación Paz y Reconciliación. "Mujeres que estuvieron al margen completamente del trabajo de sus maridos en el campo. Como ocurre muchas veces, esposas sumisas que no tienen idea de qué cultivos tenía el esposo, de las medidas del predio, del contrato de propiedad, etcétera". Contratos de propiedad muchos de ellos inexistentes físicamente, pues se cerraban de palabra y tras un apretón de manos.

El informe carga también contra la lentitud del proceso de restitución de tierras. Según este, de 73.127 reclamaciones, 7.472 han sido llevadas ante los jueces. De estas, 1.980 han sido resueltas en 1.000 sentencias, lo que equivale al 2 por ciento.

"La tendencia muestra un aumento de los fallos por año del 20 por ciento. De mantenerse así, para el año 2021 se lograría únicamente el 4,4 por ciento de la meta de la restitución de tierras", dice el documento.

El años 2021 es, en principio, cuando cumple el plazo de una década marcado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para devolver la totalidad de parcelas y fincas usurpadas o abandonadas por los campesinos.

Como en toda estadística el descuadre de números está patente según a quién se consulte, pues las variables son varias aquí y los datos dependen si se contabilizan sentencias, hectáreas restituidas, el total de hectáreas reclamadas, si se tienen en cuenta o no las que quedaron descartadas por motivos de seguridad y un largo etcétera.

Por ello para Sabogal "el 25 por ciento del trabajo de la URT está resuelto". De todos modos, es consciente y no esconde su preocupación por las dificultades con las que se topa el proceso.

"Llegar a tiempo (2021) va a ser difícil", admite el director del organismo gubernamental. "Mientras haya un conflicto vigente y territorios minados a los que no poder acceder el proceso no se cumplirá en fecha. Pero son variables que nosotros en la Unidad no controlamos", lamenta.

Sobre la posibilidad que han planteado ONG como Amnistía Internacional de dar una prorroga a esta ley en vista de que muy probablemente no se alcancen los plazos, Sabogal se ha limitado a decir que "ampliar la ley es ya cuestión del Congreso. Pero está claro que no debe haber ni un colombiano al que no se le restituyan sus tierras".

Sigue a Iván M. García en Twitter: @ivanmgarcia77

Imagen vía forjandofuturos.org