Imagen por Ulises Rodríguez/EPA
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Esta investigación de derechos humanos llega en medio de una intensificación de la línea dura del gobierno contra las maras.El año pasado El Salvador fue el país sin guerra más violento del mundo, con una tasa de 104 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este año, la policía nacional han informado que 2.230 personas han sido asesinadas hasta el 20 de abril. Esto significa un aumento del 158 por ciento respecto al mismo período en 2015."Necesitamos que los policías tengan conciencia que pueden usar su arma reglamentaria para defenderse o defender a terceras personas", dijo el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde el año pasado. "Hay una institución que los respalda, hay un gobierno que los respalda. Háganlo [disparen] con toda confianza y con convicción".De acuerdo con cifras de la policía, se han producido 130 tiroteos entre las fuerzas de seguridad y las pandillas en lo que va de año y 159 miembros de la bandas fueron asesinados. Según esas mismas cifras, tres policías y dos soldados han muerto en los enfrentamientos.La semana pasada, el Congreso salvadoreño declaró "organizaciones terroristas" a las pandillas. La Asamblea Legislativa endureció las penas para algunos delitos como pertenecer a una pandilla — castigado ahora con entre 8 y 12 años de cárcel — y tipificó nuevos delitos tales como "limitación ilegal a la libertad de circulación", "resistencia agresiva" al arresto, e incitación a menores para ingresar a las pandillas, entre otros.La interminable guerra contra las maras en El Salvador. Leer más aquí.
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En un vídeo publicado en YouTube el mes pasado, presuntos líderes de Mara Salvatrucha y Barrio 18 expresaron que habían llegado a una tregua de tres días a fin de "mostrar al gobierno nuestra voluntad de detener la matanza y que el endurecimiento de la ley antiterrorista no es necesario".Desde entonces el gobierno ha creado un comando de élite conformado por militares y policías para "golpear" y "desarticular" a las estructuras armadas que se resguardan en las zonas rurales del país.Los críticos alegan que estas medidas y el endurecimiento de las leyes simplemente empeoran las cosas."Es una gran pena que El Salvador apruebe este tipo de leyes que penalizan soluciones civilizadas que a lo largo de la historia han sido utilizadas para resolver problemas sociales", dice el activista de derechos humanos Raúl Mijango. "Ellos sólo saben reprimir".Mijango, que fue mediador en la tregua entre las bandas de 2012 cree también que la investigación de la PDDH confirma que existen "grupos de exterminio que están siendo tolerados por el Estado".Las pandillas salvadoreñas propusieron la tregua y el gobierno les ha declarado la guerra. Leer más aquí.
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