La organización de DDHH más importante de América está en graves problemas económicos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que está atravesando una "grave crisis financiera" que requerirá recortes drásticos que afectarán su capacidad para asistir víctimas en todo el continente.

Los funcionarios de la Comisión culpan de la crisis a la resistencia de los gobiernos de la región a financiar un organismo dedicado a investigar los abusos que ellos mismos cometen o encubren. Algunos de estos gobiernos, por su parte, alegan que la Comisión ha perdido apoyos porque se ha vuelto demasiado política.

El organismo internacional — establecido por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1959 — emitió un comunicado a principios de esta semana en el que expresó que sus finanzas están tan mal que se avecinan despidos masivos y cancelaciones de visitas de manera inminente e inevitable, a menos que los países miembros proporcionen donaciones de emergencia.

En un editorial publicado en el diario español El País este lunes, el presidente de la Comisión, James Cavallaro, afirmó que la crisis ha sido provocada dado que los tradicionales donantes europeos reorientaron sus prioridades debido a la gran afluencia de refugiados en el viejo continente Esto, agregó, ha puesto al descubierto la reticencia de los gobiernos de América Latina para aportar el dinero que necesita la Comisión.

"Algunos países se sienten incómodos cuando la CIDH pone de relieve los desafíos que enfrenta la región en materia de derechos humanos", escribió Cavallaro. "Nos estrangulan financieramente, quizás para que no podamos cumplir con nuestro mandato".

Tales argumentos, aparentemente, no han sido suficientes para convencer a los gobiernos de la región de responder positivamente a la petición de la Comisión para el financiamiento.

Sólo Panamá y Costa Rica, además de Antigua y Barbuda, se ofrecieron a hacer donaciones inmediatas a la Comisión durante una reunión del Consejo Permanente de la OEA el miércoles.

Otros, en cambio, sugieren que es la propia Comisión la culpable de la disminución de las donaciones.

"Deberíamos preguntarnos por qué algunos han dejado de confiar en la Comisión o por qué dudan de la eficacia del sistema, para poder poner en práctica medidas correctivas", planteó Luis Alfonso de Alba Góngora, representante de México en la OEA. "Debemos luchar contra la percepción, correcta o incorrecta, de que la Comisión ha sido parcial y que se ha politizado en algunos casos".

Los representantes de Argentina y Chile también argumentaron que los problemas de la Comisión no son de carácter financiero, sino políticos.

La parálisis se produce tras un año tenso para la Comisión, sobre todo en México, donde un grupo de expertos convocados para apoyar la investigación del gobierno sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa — en cuya desaparición habría intervenido la policía — terminó en un enfrentamiento abierto entre los investigadores y el gobierno.

Los expertos fueron muy críticos con la versión oficial de que los estudiantes fueron incinerados en un basurero horas después de que desaparecieran el 26 de septiembre de 2014. La colaboración del gobierno mexicano con el grupo distó mucho de ser la esperada. En abril de este año el gobierno no prorrogó el mandato del grupo y este se retiró del país denunciando una falta de "indispensable anuencia del Estado".

Otros países latinoamericanos también han expresado su resentimiento con la Comisión en los últimos meses.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha criticado en varias ocasiones a la Comisión por los cuestionamientos que ésta ha hecho a los procedimientos legales contra líderes opositores y la situación general de los derechos humanos en el país.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha acusado al cuerpo de perder "cada día más legitimidad"y de manejarse bajo los intereses de Estados Unidos.

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