Los tailandeses están siendo encarcelados por sus comentarios en Facebook

Richie solo pretendía escribir un comentario sarcástico en Facebook. Y casi termina entre rejas por haberlo escrito. Otros, sin embargo, no han tenido tanta suerte como él. Hoy en día los tailandeses pueden meterse en serios apuros por sus comentarios en las redes sociales — especialmente cuando se considera que estos han sido ofensivos contra la familia real.

"¿Acaso los perros tienen ahora sangre azul?", escribió Richie en diciembre. Lo hizo después de enterarse de que un paisano suyo había sido imputado por reírse del perro del rey y se enfrentaba a un pena de más de 15 años de encarcelamiento. Así lo dispone la llamada ley de Su Majestad, que castiga a cualquiera que critique al rey o a su familia.

Un viejo amigo de Facebook no tardó en compartir el comentario de Richie en la red social a modo de denuncia. Los insultos y los comentarios que pedían que Richie fuera desterrado del país no tardaron en acumularse.

"En este país muchas amistades terminan así", cuenta Richie a VICE News. Él es un joven universitario de 21 años que estudia en Bangkok. "Supongo que entonces fui consciente de lo fácil que es terminar encarcelado en este país por un mero comentario escrito en una red social".

Richie —quien ha preferido que no usemos su nombre real por miedo a su seguridad— no ha terminado con sus huesos en prisión, claro que su situación es de lo más habitual. La fiscalización de las redes sociales y la represión de la disidencia se han convertido en una constante en Tailandia desde que una junta militar se hiciera con el poder en 2014. Los activistas políticos y los defensores de los derechos humanos aseguran que la ley de Su Majestad se ha convertido en una herramienta arbitraria para encarcelar a la oposición y a las voces contrarias al régimen.

En agosto de 2015, un individuo fue sentenciado a 30 años de prisión por insultar a la monarquía a través de su perfil de Facebook. En enero de este año, un político tailandés ha sido acusado de violar la ley de Ciberdelitos, y se enfrenta a una sentencia de años de prisión, tras haber compartido un vídeo en el que se ridiculiza al líder de la junta militar que dirige el país, el general Prayuth Chan-ocha.

Sin embargo, en el día a día —entre los jóvenes que han crecido con las redes sociales y que conocen cómo era Facebook antes del golpe de 2014, jóvenes a los que nunca les preocupó si las aplicaciones de mensajería online que utilizaban estaban o no encriptadas — la represión ha desembocado en un efecto colateral mucho más insidioso, en un daño a largo plazo: la autocensura.

Yo soy una persona impulsiva, una de esas personas que creen realmente que no debería de preocuparse por ofender a nadie o por que me detengan o no. Soy de los que cree en los derechos fundamentales del individuo, en la libertad de expresión, aún cuando esta se refiera al más delicado de los asuntos", asegura Richie. "Claro que eso no es algo que dure demasiado cuando uno vive en Tailandia".

Los jóvenes tailandeses utilizan en su mayoría Facebook y la red de mensajes Line para comunicarse online. Claro que ninguna de las dos plataformas les protege con la encriptación, lo cual se está convirtiendo en un riesgo para todos sus usuarios, especialmente para los más diletantes.

"No soy solo yo: hasta mi familia podría verse amenazada por lo que yo escribo", relata a VICE News Petcharat Saksirivetkul, una activista de 25 años que trabaja para una prominente organización humanitaria radicada en Bangkok. "'No queremos que te detengan', me dicen. Pero yo lo he hecho por mi familia, no por la ley", cuenta. "Lo último que quiero es preocuparles".

Mira el documental de VICE News 'Blackout: la ciberguerras en Tailandia' (pronto con subtítulos en español):

La junta militar que gobierna el país y a la que se conoce como al Consejo Nacional por la Paz y el Orden (CNPO) anunció en enero que intentará convencer a Facebook y a Line de que cumplan con las órdenes de los tribunales y borren de sus páginas todo aquel contenido que el régimen considere sensible o inadecuado.

En mayo, un activista tailandés y crítico con la monarquía que vive en el exilio, ya reveló que Facebook habría configurado un perfil en el que se satiriza a la familia real. Se trata de un perfil al que ya no se puede acceder en Tailandia, lo que supondría el primer antecedente de que la multimillonaria red social haya sucumbido a las órdenes de la junta paramilitar tailandesa.

"La situación es demasiado estricta para nosotros. Nos amenazan con que ni siquiera se nos ocurra criticar a nadie", ha comentado Wachiravit Kongkarai, un ex estudiante activista el a universidad de Thammasat y miembro del club satírico político de la universidad.

Kongkarai, de 22 años, ha padecido en sus carnes el atropello a su libertad de expresión, tanto en las redes sociales como más allá de ellas. En mayo de 2015 él y otros 30 estudiantes habían planeado organizar una manifestación pacífica para conmemorar el primer aniversario del golpe de estado frente al Centro de Arte y Cultura de la capital. Los estudiantes desplegaron entonces una pancarta de un reloj que señalaba las 22:00, en referencia al golpe de estado, que fue cometido el 22 de mayo de 2014. Al final, la policía decidió intervenir violentamente y detuvo a todos los manifestantes.

"Lo único que queríamos era estar ahí y sostener el reloj para expresar nuestro mensaje de la manera más silenciosa posible", cuenta. "Al final nos sentimos como si fuéramos delincuentes. O terroristas".

En los dos años que han pasado desde el golpe de estado y el 22 de mayo de este año, son ya 527 las personas que han sido detenidas en Tailandia. Además, otras 167 han sido sometidas a enjuiciamientos militares y 68 acusadas de haber violado la ley de Su Majestad. Así lo concluyen los datos de la firma iLaw, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a rastrear los abusos contra la libertad de expresión en el país del sureste asiático. De los 68 casos contra Su Majestad, 21 son ofensas generadas por comentarios vertidos en Facebook, entre los cuales se contarían 5 casos de personas que fueron detenidas después de decir según qué cosas a sus amistades virtuales a través del servicio Messenger.

Los activistas aseguran que la represión ha empeorado a las puertas del referéndum del próximo 7 de agosto, una jornada en que se votará el referéndum para decidir si se aprueba o no el nuevo borrador de la Constitución redactado por los paramilitares.

Rangsiman Rome tiene 24 años y es miembro del grupo activista prodemocrático Movimiento Nueva Democracia. Él fue uno de los defensores que están haciendo campaña por el 'No' en el referéndum. Rome relata a VICE News que él actúa a través de aplicaciones encriptadas como WhatsApp o Telegram, y que siempre que puede elude la comunicación a través de teléfonos móviles. "Parece bastante evidente que mi teléfono está pinchado", comenta.

Sin embargo, Rome está difundiendo su campaña por el 'No' a través de las plataformas tradicionales, como Twitter, Facebook y YouTube. "A pesar de que las autoridades han intentado suprimir nuestra libertad de expresión —como en la Ley del Referéndum— nos hemos asegurado de que ninguna de nuestras actividades sea considerada ilegal, por no hablar de que disponemos de los derechos para hacerlo".

La Ley del Referéndum a la que se refiere Rome fue aprobada a principios de este año con el objetivo de disuadir a la población de oponerse al borrador de la nueva Constitución. Cinco activistas fueron detenidos en julio después de lanzar varios globos en los que se leía: "Campaign not wrong".

Dos niñas de ocho años fueron igualmente imputadas por "obstruir el proceso del referéndum", después de que arrancaran una lista de votantes estampada en una pared porque les gustaba que fuera de color rosa.

Rome fue detenida después de que él y otros activistas distribuyeran panfletos y revistas en las inmediaciones de Bangkok, en los que relataban porque están en contra del borrador de la Constitución, e informaban de la manera en que todos aquellos tailandeses que no vivan en su ciudad natal pueden registrarse para votar.

Los agentes de policía salieron a su encuentro, le agarraron y le obligaron a meterse en un automóvil, cuenta Rome. Todos los activistas fueron acusados de violar la Ley del Referéndum y la prohibición de asociación pública del NCPO, y fueron llevados frente a un tribunal militar, que encarcelaría a algunos de ellos durante 12 días.

Los defensores del 'No' han sido también enviados a campos de entrenamiento militar para ser sometidos al llamado "ajuste de actitud". Los campos en cuestión ya existían antes de que se produjera el golpe de estado, sin embargo, la manera en que la junta militar los está empleando ahora es absurda y temeraria", cuenta Amy Smith, directora ejecutiva de Fortify Rights, una organización pro derechos humanos radicada en Bangkok, y que concentra su labor en los países del sudeste asiático.

A pesar de que la junta ha acudido a leyes para reprimir la libertad de expresión que ya existían antes del golpe, ha convertido a la sección 44 de la Constitución interina como un mandato fundamental para su gobierno.

"Básicamente la sección 44 establece que el líder de la junta militar tiene derecho a hacer lo que le da la gana, allí donde le plazca en cualquier momento, contra quien quiera", señala Paul Chambers, un profesor de relaciones internacionales del Instituto para Asuntos del Sudeste asiático que vive en Tailandia y que sigue de cerca la relación entre civiles y militares en el país. "Tiene inmunidad para todo, no se le puede acusar de nada, excepto si lo hace Su Majestad, el Rey".

Más de 1.300 personas han sido sometidas al llamado "ajuste de actitud" desde que se asestar el golpe de estado, según datos de Fortify Right.

Los ciudadanos que voten durante el referéndum del próximo 7 de agosto, serán igualmente obligados a dejar sus huellas dactilares en sus papeletas electorales.

"Es algo que no se había visto jamás en votación alguna", explica Chambers. "Lo cual significa que el voto ya no es secreto. Igualmente, las autoridades tailandesas no cuentan con las huellas dactilares de todos sus ciudadanos, claro que la medida tendrá un incalculable alcance intimidatorio".

La última organización independiente que podría monitorizar el referéndum, la tailandesa Anfrel, anunció el sábado pasado que no podrá hacerlo, una vez que el gobierno no haya respondido a su pertinente solicitud de acreditación.

Las organizaciones humanitarias y los activistas pro Derechos Humanos ya han advertido del talante cada vez más autoritario que está asumiendo la junta paramilitar; un talante que, obviamente, el nuevo borrador de la Constitución potenciará de ser aprobado.

"En lugar de asfaltar el camino para un regreso a un gobierno democrático, que es algo que habían prometido en su "hoja de ruta", los militares de la junta han impuesto una estructura política que parece diseñada para prolongar la estancia de los militares en el poder", advirtió Human Rights Watch durante el pasado mes de mayo.

Entre los varios asuntos que la junta quiere abordar se cuenta el de llenar el Senado de individuos que formarían parte de un comité previamente seleccionado por la misma junta. "Lo cual es una manera de asegurarse de que, en adelante, todos los nombramientos políticos, serán de militares", explica Chambers.

Los seis máximos representantes de la cúpula militar dispondrán igualmente de sus propios asientos en el Senado. Una vez en sus asientos, estos conjuntamente con la Asamblea, proclamarán a la Primer Ministro, un dirigente que tampoco habrá salido de las urnas.

Estamos ignorando olímpicamente la situación de Tailandia", opina Chambers. "Si nos fijamos el ejemplo de otras juntas del pasado, comprobaremos que estamos ante el régimen más represivo de las tres últimas décadas", ha añadido, y ha advertido del riesgo que entrañaría la institucionalización, cada vez más probable, de la dictadura militar. Tailandia ha padecido 12 exitosos golpes de estado desde la década de 1930.

"La gente se autocensura a sí misma con lo que pueden llegar a decir. El ambiente está intoxicado", señala Saksirivetkul, el activista pro Derechos Humanos radicado en Bangkok. "Cuando la gente se acostumbra a no decir las cosas, entonces el conjunto entero de la sociedad empeora. Y las consecuencias de tal comportamiento tienen efectos a largo plazo", concluye.

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